El modelo agropecuario exportador, incompatible con las necesidades de los argentinos
Horacio Rovelli|
La pandemia originada por el Covid-19 afectó al trabajo y a la producción que debió readaptarse a nuevos protocolos que implicaron menos trabajadores empleados y menos horas de trabajo generadas y, con ello, menores remuneraciones pero, paralelamente, se fortaleció el modelo agropecuario exportador, dado que sobre todo China (1.400 millones de habitantes) pero también en menor medidas los demás países con poder adquisitivo para hacerlo, demandaron alimentos para su población, básicamente importaron e importan para sustituir el hacinamiento de los animales por la gripe aviar, porcina y el “síndrome de la vaca loca”.
Pero la solución de ellos es un problema para nosotros dado que, la Argentina que representa menos del 0,3% de la cantidad de bienes y servicios que se producen en el mundo, es el decimo exportador de alimentos y el tercero en grano, pellet y aceite de soja del planeta. El problema es que esa mayor demanda ocasionó una suba sideral de sus precios, la tonelada de soja en el mercado de Chicago (EEUU) que es el mercado referente de granos, valía el 24 febrero del 2020 341,54 dólares.
En la misma fecha del corriente año 2021 su valor fue de 523 dólares, un aumento en dólar del 53,12% a lo que se le debe sumar la devaluación oficial de la moneda argentina del 48,52% (de $ 64 a $ 95,05) en el mismo período. Al no modificarse las retenciones (derecho de exportación), el impacto fue directo al precio de la soja, de su harina y de su aceite y, el mismo mecanismo se reproduce con los demás granos (trigo, maíz, arroz, etc.) y con las carnes.
Según informó el Instituto Nacional de Estad+isticas y Censos (INDEC9, en 2020 el kilo de pollo aumentó su precio en un 54%, de 107 a 161 pesos, casi lo mismo que la carne vacuna y mucho más que el 36,1% de inflación promedio que es el índice de precio al consumidor oficial.
En el caso de la carne vacuna, en 2020 según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se faenaron 3.163.000 de toneladas de res con huesos, se exportó por 900.609 toneladas a China, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Filipinas , Vietnam, Taiwán y Hong Kong, destinándose al mercado interno 2.276.000 toneladas.
La carne sin hueso, especialmente la cuota Hilton fueron 29.500 toneladas de cortes de carne proveniente de animales alimentados exclusivamente en pasturas que se destina básicamente a Europa. La demás carne sin hueso se destina unas 125.000 toneladas al mercado interno y, otro tanto se exporta. El Consorcio ABC liderado por el Frigorífico Rioplatense SA de la familia Constantini, realiza el 80% de las exportaciones de carnes argentinas.
En definitiva, al exportarse toda la res, el precio interno se incrementó de sobremanera, reduciendo el consumo per cápita de carne en la Argentina a solo 50,1kgms por habitante, el más bajo de los últimos cien años.
El abastecimiento en el mercado interno de un producto básico de la canasta familiar local como es el aceite mezcla de girasol y soja, es controlado por cuatro empresas, que concentran el 90,5% de la facturación y el 90,6% del volumen. AGD (Aceitera General Deheza), con su marca Natura; Grupo Navilli, con su marca Molinos Cañuelas; Molinos Rio de la Plata, de Pérez Companc, con sus marcas Cocinero y Lira; y el grupo ARCOR de Pagani. El precio de la botella de aceite mezcla de 1,5 litros aumentó un 50% de febrero de 2020 a febrero de 2021.
Si miramos la harina de trigo, la empresa Cargill (EEUU) tiene siete plantas de molienda, seguida por Molinos Cañuelas del Grupo Navilli (Argentina), luego por Lagomarsino e Hijos (Argentina) y Los Grobo (Argentina). Estas cuatro empresas realizan el 50% de la producción y superan el 55% de la exportación de harina de trigo. En el caso de la comercialización en el mercado local de la harina de trigo, nuevamente Pérez Companc (Blancaflor y Favorita) y Navilli (Pureza) concentran el 82% del mercado.
En el aprovisionamiento al mercado interno de fideos, Molinos Rio de la Plata tiene el 79%, controlando siete marcas líderes: Mattarazzo, Luchetti, Canale, Don Vicente, Don Felipe, Favorita y Manera.
Existen una gran cantidad de molinos que procesan arroz. Sin embargo, el dominio lo ejerce claramente la empresa Adecoagro del Grupo Soros (estadounidense), dueña de la marca Molinos Ala. La otra empresa fuerte del sector es Molinos Río de la Plata, dueña de las marcas Gallo y Luchetti, que en este segmento tienen más de un tercio de la participación de ventas en el mercado interno.
Otro producto esencial, el azúcar de mesa, también está en manos de un puñado muy reducido de corporaciones, donde tres empresas concentran el 85% de la facturación: Ingenio El Tabacal, de la multinacional estadounidense Seabord (Chango y Tabacal); el Grupo Blaquier (Ledesma), aunque en varios emprendimientos aparece asociada a la multinacional Cargill; y la local Valpafe (Domino, Madison, Santa Lucía).
El azúcar incrementó su precio en un 52,77% en un año, también por encima de la inflación general, e incluso de la de alimentos en particular.
En el sector lácteo, la familia Mastellone asociada con Inversiones Dallpoint (EEUU) y Danone (Francia), es la empresa más grande: tiene siete plantas industriales, es líder en ventas de leche fluida con el 60% del mercado y acapara también el 77% de los yogures y el 70% de los postres.
Finalmente, las grandes cadenas de ventas (Coto, Carrefour, Cencosud, la Anónima, Walmart) reunidas en ASU (Asociación de Supermercados Unidos) administran el 65% de la comercialización de los bienes que se consumen en el país. En ese marco y con esa sociedad de hecho y de muchos años entre grandes productores y comercializadores, es muy difícil destrabar el proceso de formación de precios de esos productos
De allí que, la Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, imputó a las empresas Mastellone, Fargo, AGD (Aceitera General Deheza), Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización.
Las imputaciones se realizaron luego de verificar que estas empresas habrían incumplido el acuerdo de incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda, establecida por la resolución 100/2020, informó en un comunicado la secretaría, que comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos.
Modelo agropecuario exportador
En el marco internacional descripto, el modelo agropecuario exportador se expande y genera altas tasas de ganancia en el sector por la diferencia abismal entre el costo de producción en la Argentina y el precio de los granos, harinas y aceites en los mercados internacionales, pero tracciona muy poco al resto de la actividad económica, cuando al mercado interno se destina más del 70% de la producción total de bienes y servicios y su consumo, configurando el principal generador de trabajo.
Es más, se prioriza la exportación antes que el mercado interno, solo se vende en la Argentina si se puede pagar el precio que consigue afuera del país y, ante la desocupación y que los salarios y jubilaciones y pensiones no suben en similar porcentaje que el dólar, se torna imposible comprar internamente los productos favoreciendo de ese modo a un mayor saldo exportable.
Esto genera serios desequilibrios entre la tasa de crecimiento de la población y la tasa de acumulación del capital que genera una tasa de ganancia cada vez mayor a las grandes empresas del sector por priorizar las exportaciones. Ganan más vendiendo afuera y se desentienden del mercado interno.
La imposición del modelo que beneficia a unos pocos (menos del 2% de la población) y perjudica en mayor o menor medida al pueblo argentino, es porque se necesitan dólares para pagar la deuda externa. Como bien le dijo el Ministro Guzmán al diario “Clarín”, los más de cien mil millones de dólares tomados durante la gestión del gobierno neoliebral de Cambiemos se fugaron en su mayor parte, cuando podría haber modernizado y apuntalado toda la infraestructura del país (puertos, vías navegables, ferrocarriles, rutas, puentes, represas, etc.).
En segundo término, la Argentina no tiene un problema de restricción externa, no es que no pueda crecer porque faltan divisas. Al contrario, las divisas deberían sobrar y, de hecho, en 2020 el superávit comercial (las exportaciones superaron a las importaciones) fue de 12.528 millones de dólares y sin embargo, las reservas internacionales del BCRA descendieron en 5.780 millones de dólares el año pasado.
Y esto fue así porque el BCRA permitió pagar supuestas deudas externas de empresas como las del Grupo IRSA de Eduardo Elsztain o el Banco HSBC, que seguramente tienen deudas pero tienen mucho más activos afuera que esa deuda que el BCRA les autorizó pagar por 6.200 millones de dólares, cuando el mismo banco realizó un informe que residentes argentinos en la gestión de Cambiemos detrajeron del país 86.200 millones de dólares.
Es más le permitió a los importadores pagar en forma adelantada importaciones (antes que los productos ingresaran al país) por unos 5.000 millones de dólares, y todo ello por cumplir con la legislación de la reforma financiera de 1977 de José Alfredo Martínez de Hoz durante la dictadura civil-militar.
Tercero, debería trabajarse en un mayor control y supervisión del comercio exterior y sin embargo se publicó el Decreto 949/20 del 26 de noviembre de 2020 que continua delegando el control en las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de productos agropecuarios y, en Hidrovía Paraná SA, sociedad cuyo principal accionista es la empresa de origen belga Jan De Nul Group.
Ese rol lo debería asumir el Consejo Federal de Hidrovía que lo constituyen la Nación y las siete provincias que tienen ribera en la cuenca del Plata.
Incluso. se propone en dicho decreto que se emplee el canal Punta Indio y salida y entrada por el Puerto de Montevideo (Argentina pierde el control nacional de entrada y salida de productos del país, los controles lo realizan otra aduana, otra prefectura etc.), cuando el acuerdo celebrado en el año 2015 en el marco de la Comisión Administradora del Río de la Plata, durante la presidencia de Cristina Fernández, se decidió que todas las exportaciones que vinieran por el Paraná desembocaran en el canal Magdalena, bajo control nacional ([1]).
En cuarto término, se debe modificar la Ley 27.541 de Emergencia Económica que puso como límite de la alícuota de los Derechos de Exportación (Retenciones) para la soja el 33% y para todo el resto de los productos que exportamos el 15%, para que desacople los aumentos de precios en los mercados internacionales con el precio interno y, además, significa mayores recursos para el Estado.
Y, finalmente, en quinto lugar, ampliar los alcances de la ley 27.541 para que se declare la Emergencia Cambiaria que fue derogada por el Decreto 893 de noviembre de 2017 por el gobierno de Cambiemos, luego de casi 53 años de vigencia desde el Decreto 2581/1964, con diez de interrupción por el Decreto 530/1991 hasta el DNU 1606/2001, Decreto 1638/2001.
Fin de juego
No son compatibles el modelo agropecuario exportador y la defensa del mercado interno, del trabajo y la producción nacional. No es compatible un aumento permanente del precio del dólar y que no impacte en el precio de los alimentos Y finalmente no es compatible que aumenten permanentemente los precios de los alimentos y no deteriore la capacidad adquisitiva de los salarios, jubilaciones y pensiones.
Y eso no se arregla confiando en el mercado, solo se puede revertir con intervención estatal mediante mecanismos de regulación tendientes a evitar las prácticas mono u oligopólicas y/o mono u oligopsónicas (un solo o pocos compradores) por parte de las grandes corporaciones.
Esto deberá estar acompañado de mecanismos regulatorios y compensatorios destinados a impedir fuertes oscilaciones en los ingresos de los productores derivadas de variaciones en el precio internacional de los bienes y del establecimiento de líneas de crédito especiales destinadas a liberar a los productores de su sujeción financiera a las grandes empresas que controlan la provisión de insumos y la comercialización de los productos.
La función económica del Estado es regular la actividad productiva y distributiva, esto es determinando las reglas de juego y, para ello, se requiere de un plan, que son los grandes lineamientos, los grandes parámetros que se deben seguir para el alcance del objetivo que debe ser el crecimiento con inclusión social, justa remuneración, y con el menor daño al medio ambiente posible, y a su vez, debe fijar las reglas de comportamiento de toda la sociedad.
Si no lo hace, serán las grandes corporaciones quienes decidan que producimos, cómo y para quién y su único objetivo es maximizar sus beneficios sin importarle la situación del país y su gente.
Nota:
1.- El Canal Magdalena empelaría solo puertos argentinos. Esa es la razón por la que el gobierno el 4 de febrero 2021 publicó en el Boletín Oficial la Resolución 33/2021 del Ministerio de Transporte que crea la Unidad ejecutora especial temporaria “Canal Magdalena”, que será la encargada de llamar a licitación y adjudicar el dragado y obras en el Canal Magdalena.
Tanto en el Proyecto de Pedido de Informe del Senador Jorge Taiana, como en el fundado trabajo presentado por el llamado Grupo Bolivar, se plantea que el Canal Magdalena cuenta con todos los estudios técnicos aprobados así como también, la partida presupuestaria necesaria, en el actual presupuesto nacional.
*Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).