Uruguay: El “achique” y desmantelamiento del Estado

Luvis Pareja|

Debido a la pandemia, durante 2020 la economía se achicó en el mundo y también en Uruguay, y eso se refleja en los números de lo recaudado por las direcciones Impositiva y de Aduanas, dos cruciales vías de ingreso de dinero al Estado, baja de recaudación que es una de las manifestaciones del “achique del Estado” que desde hace décadas reclaman y hoy adelantan a pasos agigantados sectores afines a la coalición derechista gobernante.

Lo cierto es que el ejecutivo en general y el presidente Luis Lacalle Pou en particular ven “Un solo Uruguay”, incluso cuándo finge enfrentarse con esas visiones. En el espectro más político, desconoce que en una primera instancia el 40% y, en una segunda instancia casi el 50% de la población eligió otra alternativa totalmente distinta a la que resultara vencedora.

Lacalle no abre diálogo, no escucha propuestas y en forma constante confronta y desmerece, en la convicción de que su visión es la única valedera. El gobierno no apuesta a la unidad sino a la división. Parece estar en guerra y queriendo ganar todas las batallas. Así actúa no solo el Presidente sino también buena parte de su ejecutivo y varios de sus legisladores.

La tarea emprendida por la alianza multicolor derechista es para que la incidencia del Estado será menor también en el precio del combustible. Los cambios que se planea instrumentar en la producción de gasoil reducen el porcentaje de biocombustible generado en Uruguay, lo que  profundiza la dependencia del petróleo importado y debilita la industria nacional, por lo que se vislumbra el cierre de la planta productora de biodiésel en el bario montevideano de Capurro.

El fin de la estrategia es desmantelar la estatal petrolera Ancap, que es la propietaria de 90,79% de Alur.

Asimismo, el Estado se achica cuando el gobierno renuncia a cobrarles a los privados que utilizan sus ondas televisivas. Una disposición retroactiva exime a empresas uruguayas y multinacionales de pagar el canon anual que establecía la ley de medios, por lo que se les devolverá lo que ya habían aportado.

El Estado también emprende una retirada en la salud. Concretamente, atenúa las advertencias sobre la cantidad de sustancias nocivas que hay en los alimentos procesados. Las modificaciones introducidas por el gobierno en la normativa sobre etiquetado frontal de alimentos no sólo inquietan a diversas asociaciones médicas y a la oposición, sino también a miembros de la coalición gobernante enfocados en el área de la salud.

Otra forma de achicar el Estado, o de empequeñecer sus arcas, puede ser actuando como funcionario del Estado y a la vez sirviendo a quienes litigan con él. Los casos de personas que se paran de los dos lados del mostrador abundan: el más sonado fue el del actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, que declaró contra Uruguay en el juicio internacional que Aratirí sostuvo contra el Estado.

El más reciente involucra a uno de los directores del Banco República, Pablo Sitjar (del ultraderechista Cabildo Abierto), que representa a empresas que mantienen juicios contra el banco estatal.

Estas y otras señales de la retirada del Estado durante los últimos meses no sintonizan del todo bien con las palabras del neoliberal Enrique Iglesias, en entrevista con Ladiaria, donde propone considerar “un gran programa de inversiones económicas y sociales del sector público” como forma de revertir los efectos de la crisis desatada por el covid-19.

Sin embargo, el impacto de la prioridad asignada a la covid-19 en el área de la salud incluye, según datos que analiza el Grupo Asesor Científico Honorario, la postergacoón de intervenciones quirúrgicas y de estudios diagnósticos d cáncer, así como un aumento de la demora promedio en consultas por infartos agudos, y a esto hay que agregarle los perjuicios sanitarios asociados con el agravamiento de la vulnerabilidad social.

Estas cuestiones son el contrapeso de noticias alentadoras promocionada por la red de medios hegemónicos como la de la reunión del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, con el embajador chino para coordinar aspectos logísticos de la entrega de vacunas de Sinovac, o las novedades sobre las de AstraZeneca que Uruguay recibirá mediante el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud.

La vacunación tardará en tener efectos, y más tiempo aún llevará que el país se recupere de otros daños vinculados con la pandemia. Las desgracias nunca vienen solas, porque también hay quienes ven en la emergencia sanitaria una oportunidad para mejorar su situación personal. Diez condenados por crímenes del terrorismo de Estado solicitaron, invocando sus derechos humanos, que se les apliquen medidas alternativas a la prisión para disminuir la posibilidad de que se contagien de covid-19.

El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, comentó que la Justicia deberá considerar cada pedido por separado, pero acotó que las condiciones de reclusión de estos violadores humanitarios “son muy buenas” y en el reclusorio en Domingo Arena “no hay hacinamiento” como sólo existe en casi todas las cárceles.

En tiempos de pandemia, hay personajes del gobierno que intentan explorar oportunidades. El senador colorado Germán Coutinho, junto con otros dirigentes de su partido, por ejemplo, prepara una propuesta de reforma electoral, con la posibilidad de que cada partido presente dos candidaturas a la presidencia. Además, se volvería a la realización en la misma fecha de las elecciones nacionales y departamentales, aunque permitiendo votar por diferentes lemas.

Todo este giro de 180 grados en la política tradicional del Uruguay, cumple además con las características de un gobierno que maneja la información y la desinformación con las mismas técnicas de psicología de masas que los gobiernos autoritarios de primera mitad del siglo XX. Sugestión, contagio, verdades a medias, mentiras, miedo, información fraccionada, demagogia, falta de profundización, centralización en las figuras y colaboracionismo de parte de los medios masivos de comunicación son cosa del día a día.

La técnica es la misma potenciada por nuevas herramientas y corre para los diversos temas, el manejo de la pandemia, la negligencia y el clasismo en las políticas públicas, la restricción en políticas económicas, la simulación de actos delictivos en actores de gobierno o el desprestigio a colectivos sociales y políticos que no representan su idea, en todos los casos se aplica psicología y técnicas del manejo de masas que es además de irrespetuoso, inescrupuloso y socialmente destructivo.

Hedonismo narcisista y culto al cuerpo, el Presidente puede andar haciendo surf, mostrar los “tubos” de un cuerpo trabajado en gimnasio y la buena onda de las bermudas floreadas, señala Mate Amargo. El problema no es con el surf, menos con los surfistas, sino con la perversidad egocéntrica, univisional, monárquica, clasista e irresponsable del Presidente y su séquito de gobernar como si todo el mundo gozara de la playa y viviera montando olas, añade.

*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)