Chile vivirá un intenso 2021
Paul Walder|
El modelo chileno saltó del carril en octubre del 2019 y desde entonces ha iniciado su proceso de deterioro. Al primer y feroz golpe propinado por la revuelta popular le siguió en un curso de continuidad la pandemia y el cierre productivo y comercial, con efectos desastrosos sobre la economía y su ortodoxia neoliberal.
Aquellas reglas mantenidas por más de 30 años se han desmontado por la naturaleza de la desesperación y el miedo político a nuevas y mayores revueltas. Si el 2020 tiene en Chile alguna característica especial, es el inicio de la muerte del modelo de mercado más puro y extremo del planeta. 
El 2020 es una consecuencia de las revueltas del año anterior. Aun cuando la pandemia y los largos confinamientos bajaron la tensión social y las protestas diarias, la celebración del plebiscito en octubre con el triunfo mayoritario de la opción del apruebo marcaron un año político con un gobierno en plena decadencia y masivo repudio ciudadano. Sebastián Piñera mantuvo durante el 2020 el peor respaldo ciudadano registrado por un presidente y solo sigue en el gobierno gracias al apoyo brindado por la clase política en el parlamento.
Esta debilidad política tuvo también su expresión en la economía. dada la incapacidad del gobierno de Piñera para impulsar un programa efectivo contra el desempleo y la miseria como consecuencia de la pandemia y los confinamientos, la única solución, impulsada por diputados y diputadas pero impugnada por Piñera y el sistema financiero, ha sido echar mano a los ahorros para pensiones que administra el sector privado. Desde agosto a la fecha los chilenos y chilenas han podido sobrevivir con esos ahorros.
Economía
El sistema privado de pensiones ha sido la piedra angular del capitalismo a la chilena, con miles de millones de dólares del ahorro de los trabajadores financiando a las grandes corporaciones. Una máquina agripada por la pandemia. Cuando millones de trabajadores perdieron su empleo la única solución, por cierto rechazada por las administradoras de los fondos pensiones, las cúpulas empresariales y el mismo gobierno, fue echar mano a parte del capital ahorrado para pagar servicios, deudas y alimentación.
Hasta la fecha los trabajadores han recortado un 20 por ciento de sus ahorros y es muy probable que en marzo se agregue otro diez por ciento. Qué pasará con las futuras pensiones es una pregunta que hoy no tiene respuesta pero que sin duda es y será otro golpe al sistema privado. El proceso de derrumbe está en plena marcha.
El lento pero seguro desplome del sistema privado de pensiones, que administra más de 200 mil millones de dólares, es un efecto de la revuelta de octubre amplificado por la pandemia. La Cámara de Diputadas y Diputados no hubiera presentado una moción para el retiro de estos fondos sin la convicción política del abrumador apoyo de la ciudadanía pero tampoco, y especialmente, sin la certeza de que los cambios al modelo no solo eran posibles, sino una densa demanda popular. 
Sin esos miles de millones de dólares en el mercado el 2020 hubiera sido muy distinto. El hambre se detuvo en las poblaciones, los centros comerciales se llenaron y las cocinas de los restaurantes siguen abiertas con ventas por entrega. Las tasas de desempleo detuvieron su expansión y hasta las cifras macroeconómicas han mejorado. Un estímulo pasajero sin consecuencias estructurales.
En Chile, como en el resto del continente latinoamericano, la regresión económica y social durante el 2020 no tiene muchos puntos de comparación. La pobreza ha crecido en un cuatro por ciento, el desempleo marca un 12 por ciento y el PIB hasta el tercer trimestre cayó un 16 por ciento. Un pandemónium estadístico sin parangón en la historia regional y local.
El contexto descrito es una anomalía, el registro de una falencia. Lo es en toda su extensión en cuanto el fundamentalismo de mercado no cuenta con herramientas para la seguridad social. Los chilenos sufrieron el confinamiento, el recorte en las ventas y el desatado desempleo con un estado que no tiene recursos, logística ni instituciones para la protección social. La pandemia en Chile se ha enfrentado cuan emergencia tras un cataclismo natural.
Política
Chile ha vivido el 2020 e inicia el 2021 en una estabilidad no solo aparente sino temporal. Los chilenos viven el día a día con la liquidación de sus ahorros individuales, los que bastante más temprano que tarde se acabarán, y enfrentarán los mayores cambios políticos de las últimas tres décadas. La instalación a partir de abril de una convención constitucional y las elecciones presidenciales en noviembre abren ciertas expectativas, las que, sin embargo, y dada la profundidad de la crisis, es muy probable que no se cumplan. Las demandas del pueblo movilizado no solo buscan un cambio de gobierno sino transformaciones estructurales de todo el orden neoliberal.
En el 2020 hemos visto la reacción de todo el aparato institucional a la revuelta popular del 2019. Un interregno social por efecto de la pandemia utilizado por las elites controladoras para delinear el futuro. A casi un año y medio del estallido social y casi un año del inicio del confinamiento del poder político el control del país no lo tiene el deteriorado gobierno de Piñera sino los poderes tras las grandes corporaciones extractivas y financieras en sus distintas expresiones políticas. Las fuerzas en estos meses han vuelto a sus cauces.
Piñera dejó de gobernar el 18 de octubre del 2019. Desde entonces, su política es administrar la crisis día a día con aumento de la violencia policial, miles de detenciones, centenares de manifestantes en prisión y una panoplia de leyes cada vez más represivas.
Una política similar hacia el pueblo mapuche. Una violencia estatal desatada desde el asesinato del comunero Camilo Catrillanca en noviembre del 2018 que no da tregua. Una espiral de represión y resistencia mapuche que el 7 de enero marcó un nuevo punto de inflexión en una operación de un millar de policías, vehículos blindados y helicópteros para allanar una comunidad mapuche.
Qué podemos avizorar para este año. El proceso constituyente diseñado por las fuerzas políticas de derecha y centro más las tendencias socialdemócratas (se restaron a firmar el documento el Partido Comunista y otros más pequeños) es un lineamiento institucional cuyo mecanismo dejará fuera o con muy escasa participación a organizaciones sociales y grupos que representan al movimiento popular que demanda cambios estructurales.
Una marginación que obligará a la recuperación de las calles a partir de la fecha de la elección de los constituyentes. La participación de los miembros de la revuelta popular ya han anunciado que la única forma de lograr cambios profundos al orden neoliberal será con presiones y movilizaciones.
*Periodista y escritor chileno, licenciado en la Universidad Autónoma de Barcelona, director de Mural.cl, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)