México decide la consulta popular para enjuiciar a presidentes corruptos
Gerardo Villagrán del Corral|
El Senado mexicano recibió la solicitud del presidente Juan Manuel López Obrador para la realización de una consulta popular con el fin de enjuiciar a los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto que gobernaron al país de 1988 a 2018, por sucesivos actos de corrupción en contra de los intereses del Estado., antes durante y después de sus respectivas gestiones.
El mandatario afirmó que en esas tres décadas de gobiernos neoliberales, México sufrió la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos y corrupción generalizada.
Originalmente, López Obrador quería que los ciudadanos pidieran la consulta, para lo cual eran necesarias un millón 800 mil firmas (el 2% del padrón electoral), pero al no alcanzar el tiempo, porque el plazo vencía el 15 de septiembre, presentó él mismo la iniciativa.
Tras aprobar la solicitud presidencial, la Cámara Alta deberá, remitirla a la Suprema Corte de Justicia, para que ésta dé validez constitucional o no a la pregunta que se formula para realizar la consulta popular.
La pregunta que propone López Obrador, es la siguiente: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes durante y después de sus respectivas gestiones?
En su mensaje, López Obrador señaló que entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada.
Además se vivieron procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional. Esa etapa trágica en la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista, dijo.
López Obrador señaló que los males no ocurrieron de manera fortuita sino que fueron consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular.
Pese a la campaña de la prensa hegemónica y de la presión empresarial para que no avanzara la p´rospuesta, nueve de cada 10
mexicanos está a favor de que se juzgue a los exfuncionarios que hayan cometido algún tipo de delito y un 95.6% consideró que presidente López Obrador debe llevarlos a juicio, de acuerdo con una encuesta del diario El Universal.
El muestreo apunta que Enrique Peña Nieto, encabeza la lista de los expresidentes, que de acuerdo con los ciudadanos debe ser llevado a juicio por los delitos que se cometieron durante su gobierno, con un 89.4%; en segundo lugar está Carlos Salinas con un 88.5%; y en tercer lugar con un 82.1%, Felipe Calderón.
Por CNN, Gerardo Rodríguez Sánchez-Lara, profesor de la Universidad de las Américas Puebla, afirmó que la consulta para que los ciudadanos decidan si se debe procesar judicialmente a expresidentes de México por presuntos actos de corrupción, es una estrategia de López Obrador, para desviar la atención de los problemas graves que enfrenta el país.
Las denuncias de Lozoya
El exdirector de la petrolera estatal mexicana Pemex, Emilio Lozoya,actualmente bajo proceso judicial, acusó ante la Fiscalía General a expresidentes y políticos, principalmente del derechista Partido Acción Nacional (PAN), de participar en distintos casos de
corrupción.
Lozoya señaló al menos a 16 personas, entre ellas a los presidentes Peña Nieto, anrecesor de ;López Obrador, Felipe Calderón (quien gobernó de 2006 a 2012) y Carlos Salinas de Gortari, mandatario de 1988 a 1994, quienes sobornaron a legisladores para aprobar leyes energéticas y para favorecer a la empresa Braskem, filial de la constructora brasileña Odebrecht, para la construcción de una planta petroquímica.
Lozoya, director de Pemex entre el 2012 y el 2016, fue extraditado el 17 de julio desde España. Afronta un proceso en libertad condicional por recibir 10,5 millones de dólares de Odebrecht como asesor de la campaña presidencial del 2012 y después como director de Pemex, y otro por la compraventa irregular de una planta de fertilizantes.
La Suprema Corte de Justicia dispone de veinte días para emitir una resolución sobre la constitucionalidad o no de la consulta y de la pregunta. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados de la consulta popular que, en principio, habrá de celebrarse el domingo 6 de junio de 2021, pandemia mediante.
* Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)