La Masacre de Ticoporo y la expansión de la política y economía del crimen
Eduardo Viloria Daboín-15yÚltimo
José Gerardo Rojas, Alexis Ontiveros Mora, Eudis Jhoncley Rojas Peña, Kevin Alirio Navas Rodríguez, Milagdis Oliday Garrido Navas y Manuel Cordero Benítez. Cinco hombres y una mujer. Seis militantes del chavismo, de la revolución bolivariana. Éstas fueron la víctimas de la Masacre de Ticoporo, ocurrida el sábado 27 de julio en el Km 12 de la Reserva Forestal de Ticoporo, en el municipio Sucre del estado Barinas.
Todos los cuerpos recibieron tiros de gracia en la cabeza. Algunos quedaron con el rostro destrozado por tantos balazos recibidos. La acción, según información recogida en el terreno, fue relámpago. Un par de minutos, un asalto por sorpresa, muchos disparos, mucha saña. Un camión lechero secuestrado con chofer y todo fue la cobertura. Así pasaron desapercibidos los mercenarios en el momento puntual de la acción. Pero debieron pasar días en la zona escondidos, enconchados en algún rancho, algún galpón, alguna casa adentro de alguna hacienda (o varias) de la zona.
El hecho fue a plena luz del día, a media mañana. Así también fue la huida en las motos que pertenecían a las víctimas. ¿Cuánto pudieron rodar en esa huida sin que los notaran? Una de las motos se encontró abandonda no muy lejos del sitio de los hechos. Está claro que hubo un plan de preparación, asalto y huida bien organizado. Un plan para ingresar y posicionarse en la zona sin levantar sospechas, un plan para recoger información de las víctimas y sus movimientos, un plan para sorprender, para huir y enconcharse, un plan que difícilmente se organiza y ejecuta sin complicidad de actores en la zona: ganaderos, terratenientes, madereros, contrabandistas, cuerpos de seguridad. No les importaba ser vistos porque tenían la guarida y lo necesario para el plan de fuga no muy lejos de allí.
II
A una semana de los hechos, quedan el dolor, los niños y niñas huérfanos(as), las viudas, la indignación. Y queda un mensaje que circula silencioso en la zona, un mensaje construido a base de pólvora, de sangre, de violencia: la gente que se dedica en ese territorio a construir organización popular, a generar espacios para el ejercicio de la democracia participativa y protagónica; la gente que construye instrumentos políticos para defender el territorio del fascismo y evitar el avance político de la derecha, la gente que se organiza para producir y hacer frente a los planes desestabilizadores de terratenientes, ganaderos y partidos de derecha como Primero Justicia y Voluntad Popular.
La violencia ejercida contra los cuerpos de las seis víctimas antes y después del momento de la muerte es extrema y habla por sí sola.
Se trata, a todas luces, de un mensaje que pretende que esa gente que asume como práctica concreta y como militancia los postulados de la revolución bolivariana, se atemorice, se aterrorice y se desmovilice. Y los que no son militantes o activistas, que se mantengan así, que guarden silencio y bajen la cabeza si no quieren terminar masacrados. Se trata de una acción que busca abrir espacio en el territorio, hacer retroceder y replegarse a las fuerzas humanas, sociales, políticas que actúan cotidianamente en la zona para construir tejido social sólido, paz, democracia, economía productiva soberana.
¿Quién emite ese mensaje? Las fuerzas que siembran e impulsan la economía y la política del crimen. En la zona operan mafias de narcotráfico y contrabando que utilizan la actividad ganadera, maderera y el comercio automotor para lavar dinero. Esas fuerzas implican un complejo entramado del que forman parte ganaderos, terratenientes, funcionarios corruptos de los cuerpos de seguridad, grupos mercenarios y paramilitarismo de origen colombiano. A lo cual se agregan partidos de extrema derecha como Primero Justicia, Voluntad Popular y Vente Venezuela, cuya dirigencia local es parte de esa élite agraria y mafiosa.
El municipio Sucre de Barinas es clave en la ruta que estas mafias necesitan para mover sus mercancías desde la frontera apureña y tachirense hacia el centro del país. Su topografía, las vías rurales, los ríos como el Ticoporo, Uribante, Caparo y Apure, que atraviesan este territorio o colindan con él, la conexión entre la Reserva de Ticoporo con la Reserva de Uribante, son aspectos clave, estratégicos para esta economía del crimen. De allí que necesiten controlarlo por completo.
Desde una perspectiva política, el municipio no es menos estratégico. Esa confluencia de intereses mafiosos con intereses golpistas y conspiradores hace que el municipio Sucre esté en el centro de los planes que pretenden socavar la soberanía del país, desestabilizar y derrocar al gobierno bolivariano, planes que necesitan que la economía del crimen y la lógica de la violencia propias de la frontera se expandan, penetren y se instalen cada vez más adentro del territorio venezolano. A pesar de estar situado a más de 250 kilómetros de la frontera con Colombia, el municipio Sucre del estado Barinas viene desde hace años siendo afectado por esa expansión, hacia el centro del país, de las dinámicas de distorsión económica, de proliferación de grupos armados irregulares y mafias del contrabando y el narcotráfico, en articulación con las fuerzas políticas de la derecha y las élites agrarias.
No por casualidad Socopó, capital del municipio, llegó a ser completamente sitiado por la violencia guarimbera y paramilitar en 2017: se incendió y destruyó con maquinaria pesada la comisaría de la policía y se pretendió tumbar el puente de Socopó para dejar cortada la troncal 5, vía principal para el flujo de alimentos desde Apure, Táchira y Barinas hacia Caracas y otras ciudades del centro del país.
Y no por casualidad hace pocas semanas esa élite agraria mafiosa que se entremezcla con la élite política de derecha en la zona pretendió desde allí lanzar un paro productivo con la intención explícita, pública, mediática, de dejar sin alimentos a Caracas: trancaron la troncal 5 y las vías que conectan las zonas productoras de leche, queso y carne con los centros de acopio desde los cuales se distribuye luego hacia el centro del país, y amenazaron a los productores que se negaron a formar parte del paro.
Tanto para los objetivos meramente vinculados con el negocio del narcotráfico y el contrabando como para los objetivos golpistas y conspiradores, es clave garantizar, por los medios que sean, que en este territorio el tejido social se debilite, que la soberanía se diluya, que el poder y autoridad del Estado se disuelva, que no sea posible el desarrollo de una economía productiva fruto del trabajo honesto y el esfuerzo laborioso de la gente. Y necesitan además el silencio obligado y la pasividad de una población dominada por el terror.
De allí que arremetan con la mayor de las violencias contra las fuerzas políticas, sociales, organizativas que en ese territorio actúan precisamente para construir lo contrario: organización popular, economía productiva, solidaridad popular, defensa de la soberanía y la democracia. Por eso la masacre contra seis militantes de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora y de las Brigadas de Defensa Popular Hugo Chávez. Por eso el mensaje de extrema violencia y muerte.
III
A ese mensaje de las fuerzas del odio, de la violencia y de la injusticia, se ha contrapuesto otro, difundido en los días siguientes a la masacre, principalmente por la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora y por una valiente legión de medios alternativos, periodistas y comunicadores digitales: no habrá freno ni pausa en la construcción político-organizativa que su militancia empuja en la zona. Así lo han dicho vocerías políticas de la organización, y así lo han dicho familiares y compañeros de lucha de las víctimas: este crimen se convertirá en combustible para seguir la pelea.
También ha sido contundente la condena contra la masacre, la solidaridad y la exigencia de justicia por parte de distintas fuerzas políticas y sociales, no sólo en Venezuela sino desde distintos países del mundo. En el coro de voces de indignación y rabia por la masacre sólo falta que suene unánime y cohesionada, contundente, la voz del gobierno y del Estado venezolano, la voz de la institucionalidad de la revolución bolivariana. Ha sonado pero débil, tibia.
El gobernador de Barinas, Argenis Chávez, y el gobernador Ramón Carrizález, de Apure, se expresaron al respecto, ambos por Twitter, luego de que lo hiciera el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, desde una rueda de prensa del PSUV. Pero ni el presidente Nicolás Maduro, ni la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ni ningún ministro han dicho nada. El Defensor del Pueblo no se ha pronunciado sino en unas breves palabras por la cuenta de Twitter de la Defensoría. El Fiscal General de la República, Tarec William Saab, tampoco ha dicho nada.
Y falta también la voz potente de los medios de comunicación públicos, que sólo han dado difusión a la Masacre de Ticoporo cuando se hicieron eco de la rueda de prensa de Diosdado Cabello. De resto, silencio total. Mientras medios alternativos, cuentas de twitter, periodistas y organizaciones políticas producen decenas de contenidos diarios al respecto, cualquiera que siga los medios de comunicación públicos, tanto los tradicionales como los digitales, comprobará que la Masacre allí no existe, no ocupa espacio ni tiempo.
IV
Ha pasado más de una semana, y en el sitio donde ocurrió la masacre todavía están esparcidos casquillos de bala. La gorra de una de las víctimas seguía, hasta hace apenas unos días, tirada en el suelo, con un agujero de bala en el centro, a la altura de la frente. ¿Se levantó y documentó la escena del crimen correctamente? ¿Se ha protegido la misma para evitar que se contamine y puedan perderse evidencias? Pareciera que no. Esto será, sin duda, un difícil escollo que deberán superar las investigaciones.
A una semana de la masacre queda, entonces, una pelea, una nueva lucha que apenas se inicia: la lucha para que se esclarezcan los hechos, para que se determine quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del crimen, para que se haga justicia y el asesinato de los(as) Mártires de Ticoporo, como han sido denominados, no quede impune. ¿Sabrá el país, con nombre y apellido, quiénes pagaron para que una unidad de mercenarios con entrenamiento militar ejecutara este crimen horrendo? ¿Sabrá el pueblo venezolano en cuáles fincas se escondieron mientras preparaban el asalto? ¿Sabremos a quiénes pertenecen las haciendas y los vehículos que usaron en su plan de fuga?
En otros casos parecidos, como por ejemplo la Masacre de Boca de Río Viejo, ocurrida en el municipio Páez del estado Apure en noviembre de 2011, la impunidad ha reinado. De la conducción de aquella operación asesina se señaló públicamente y se denunció formalmente al coronel Ángel Saldeño Armas. Al día de hoy sobre este coronel no pesan procesos judiciales. Al contrario, se mantiene en funciones dentro del Estado venezolano como presidente de Industrias Diana.
Para que historias de impunidad como ésta no se repitan es clave que las instituciones de investigación, derechos humanos y justicia dediquen esfuerzos especiales en la ejecución de esa tarea. El Cicpc, los cuerpos de inteligencia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia, todas las instituciones con competencia en el área deben concentrar su esfuerzo, incluso de forma conjunta y articulada, para avanzar con determinación hacia la verdad.
Es clave también que las acciones por la justicia se realicen de la mano con la gente organizada de la zona y con las familias. Y es fundamental que se acompañe a la gente y que estas personas sean protegidas. Las fuerzas oscuras que perpetraron la masacre harán lo propio por entorpecer las investigaciones, por amedrentar y amenazar a testigos, informantes, gente que pueda aportar datos al esfuerzo de esclarecimiento. De allí la necesidad de contundencia y cohesión por parte del Estado en su actuación.
Ya hay indicios, pistas, testimonios, rastros. Y hay también antecedentes en el territorio y características políticas, económicas, territoriales. Queda profundizar la investigación en todas direcciones, sin descartar ningún actor, hilar, atar cabos, juntar las piezas de un rompezabezas cuya complejidad abarca temas de dimensión nacional como la sostenida vulneración a la soberanía del país, el avance de una guerra de baja intensidad, la permeabilidad y fragilidad de un Estado atravesado por la corrupción, las mafias, los intereses de élites políticas, la fragmentación del poder y autoridad institucional, la continuada existencia de una oposición política de derecha, proimperialista, imbricada con estos sectores mafiosos de las élites agrarias, el narcotráfico, el contrabando y el paramilitarismo.