Uruguay: 45 años después, una Ley orgánica militar fuera del concepto de la seguridad nacional
Luvis Pareja
Con los votos del centroizquierdista Frente Amplio (FA) y el Partido Independiente, la Cámara de Senadores uruguaya sancionó la nueva la Ley Orgánica Militar, pese a la dura oposición de legisladores de los partidos tradicionales, cómplices de la dictadura cívico-militar que azotó al país entre 1973 y 1985 e impuso hace 45 años la legislación ahora removida.
Un punto importante de la nueva ley es que se elimina el concepto de la doctrina de seguridad nacional instalada en la dictadura cívico militar, impuesta por Estados Unidos en 1973. La ley señala que “todas las referencias a la Seguridad Nacional, siendo sustituidas por el concepto de Defensa Nacional”, previsto en la Ley Marco de Defensa Nacional.
En plena campaña electoral y tras casi 15 años en el gobierno, el Frente Amplio logró la aprobación del proyecto enviado por la Presidencia. El texto sufrió algunas modificaciones en la Cámara de Diputados.
El senador Miguel Vassallo expresó que no escuchó a blancos y colorados (ambos partidos políticos participaron y formaron parte de la dictadura cívico-militar) con un “sostenido y claro enfrentamiento a conceptos que hoy deberían estar desterrados”. “Si miramos la ley del ’74 que está vigente todavía, en los cometidos fundamentales de las FFAA no está ni la democracia, ni el pueblo, ni el Parlamento, ni nada de los principio fundamentales que este país debe defender”, destacó.
El partido Nacional (blanco) anunció que en caso de ganar las elecciones presidenciales en octubre próximo, revisará la ley. Uno de sus legisladores, Javier García, fue uno de los más duros críticos de la nueva ley, junto al colorado Pedro Bordaberry, hijo del dictador. Cabe recordar que un blanco, Aparicio Méndez, y un colorado, Juan maría Bordaberry, fueron “presidentes” durante la dictadura,
Los partidos tradicionales (blanco o Nacional y Colorado), hoy en la oposición, fueron quienes aprobaron la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado para garantizar que quedaran libres y sin sanción los militares violadores de derechos humanos (por secuestros, torturas, muertes y desapariciones).En esa ley la excepción está en el artículo 4: mientras gobernaron los partidos tradicionales hasta el 2005, nunca se aplicó.
.Los cambios
La nueva ley
señala que el cometido de las Fuerzas Armadas (FFAA) es la “defensa de la población, la soberanía, la independencia e integridad territorial, la salvaguarda de los recursos estratégicos del país que determine el Poder Ejecutivo”, así como “contribuir a preservar la paz de la República en el marco de la Constitución de la República y las leyes”. Todo esto, respetando los derechos humanos.
Añade que las FFAA se organizan en dos estructuras básicas: una orgánica para la preparación de la fuerza y otra operativa para su empleo en las misiones y señala que el Parlamento puede autorizarlas a desarrollar actividades de carácter productivo, industrial, comercial o de servicios “que contribuyan a los fines del desarrollo y de la Defensa Nacional”.
La norma establece el principio de “no discriminación” en las FFAA por razón de “nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” e indica que el personal militar tendrá calidad de funcionario público, aunque se regirá por “normas inherentes al Estado Militar”.
Establece, asimismo, una reducción de los mandos superiores en cada fuerza: se reducen de 16 a 12 los generales del Ejército, se aumentan de seis a siete los generales de la Armada y se mantienen los seis generales de la Fuerza Aérea. El número de coroneles se reduce de 197 a 130 para el Ejército y el de almirantes lo hace de 97 a 76 en la Armada. Se aumentan de 39 a 45 los coroneles en la Fuerza Aérea.
La ley indica que los contratos del personal subalterno serán por uno o dos años, pero luego de transcurridos diez años de servicio ininterrumpidos, el contrato se renovará automáticamente y los funcionarios no podrán ser cesados por no renovación.
La senadora frenteamplista Constanza Moreira expresó que “romper la cadena de mando es para el Partido Nacional atentar contra el personal subalterno, pero por el contrario, con la Ley Orgánica Militar ganan en derechos ya que se los reconoce como funcionarios públicos con lo que eso significa”.
Asimismo, se eliminan los Tribunales de Honor y se crean Tribunales de Ética Militar. Se establece que los militares deben ajustar su conducta al cumplimiento de la Constitución y las leyes y respetar las órdenes superiores y el régimen jerárquico.
“Ningún militar debe cumplir órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución de la República y las leyes vigentes, o que impliquen la flagrante violación o ilegítima limitación de derechos humanos fundamentales”, dice el texto.
**Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)