Cabieses: El mañoso informe Bachelet/ González: DDHH y politización
Manuel Cabieses Donoso|
Más repetido que una teleserie turca, el Informe Bachelet sobre Venezuela repite de la A a la Z las afirmaciones del gobierno norteamericano. O sea: las desventuras del pueblo venezolano se deben a un gobierno que viola sus derechos humanos, lo priva de alimentación y salud, y lo empuja al éxodo.
Para ser el documento de una Alta Comisionada de Naciones Unidas, ex presidenta de la República de Chile, militante del Partido Socialista, ex detenida política e hija de un general constitucionalista que murió víctima de torturas, el Informe Bachelet carece de contexto histórico, utiliza información sesgada y sirve a una política que se orienta a estrangular al proceso de cambio social en Venezuela.
Y no es que en ese país no se violen los derechos humanos. Los protagonistas de su historia contemporánea se encuentran al límite de sus capacidades de encauzar la vorágine que vive el país. Sólo el diálogo -al que de manera permanente llama el gobierno-, puede salvar a Venezuela de una guerra civil atizada por el imperio o de una agresión de Colombia, donde nueve bases militares norteamericanas están listas para apoyar el fratricidio. El Informe Bachelet hace flagrante omisión de las causas de la crisis venezolana. Se convierte así en una herramienta más en la campaña internacional destinada a derrocar al gobierno legítimo de Venezuela. Una campaña que lleva años sin lograr su objetivo. 
La historia no conoce otra “dictadura” tan particular como la de Venezuela. La oposición cuenta con más de una decena de partidos legales, posee numerosos medios de comunicación escritos y audiovisuales, controla la Asamblea Nacional, convoca a manifestaciones públicas cuando le da la gana, recibe cuantioso financiamiento extranjero y goza del derecho constitucional -que no ejerce- de revocar el mandato presidencial mediante un plebiscito. Los dirigentes más radicales de la oposición proclaman a través de la cadena CNN y demás medios internacionales la necesidad de derribar la “dictadura” por cualquier medio, incluso una invasión de los marines. Como si fuera poco la oposición cuenta, desde seis meses, con un presidente-fantoche reconocido como tal por una cincuentena de gobiernos aunque no manda ni en la cuadra de su casa.
El gobierno del presidente Maduro no puede ser acusado de permanecer impasible ante los atropellos a los derechos humanos que cometen los órganos policiales. Casi cuatrocientos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) están siendo procesados por esos delitos. El gobierno, asimismo, fue el primero en reaccionar ante la muerte del ex capitán de corbeta Rafael Acosta, el caso de tortura más explotado en estos días. Fueron detenidos los autores del homicidio: un teniente y un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana. No hay crimen más detestable que la sevicia que cometen agentes del estado con hombres y mujeres indefensos. Los chilenos sabemos de esto porque sufrimos horrendas torturas durante la dictadura. Todavía hoy muchos compatriotas son víctimas de excesos policiales que rara vez son castigados.
Confío que el gobierno bolivariano persistirá en sus esfuerzos por contener los desbordes represivos de los cuerpos policiales.
El Informe Bachelet es una mañosa manera de escabullir la responsabilidad de Naciones Unidas en el drama que EE.UU. ha creado en Venezuela. Poco o nada ha hecho la Organización mundial por impedir el objetivo norteamericano de apoderarse a cualquier costo del petróleo y otras riquezas de Venezuela. Enfrentado a su decadencia el imperio desata golpes mortales para asegurar su acceso a fuentes de energía. Iraq, Siria, Libia, Afganistán -y ahora el bloqueo y amenazas de bombardeo a Irán- constituyen el molde de lo que espera a Venezuela si su pueblo y fuerzas armadas vacilan en la defensa de la patria.
El Informe Bachelet hace tabla rasa del despojo de miles de millones de dólares que sufre Venezuela por el bloqueo financiero que le impide comprar los alimentos y medicinas que necesita su pueblo. Millones de venezolanos emigran buscando mejores condiciones de vida. Pertenecen a ola migratoria sacude al mundo como efecto de los atropellos del imperio a la soberanía de las naciones. En Centroamérica los migrantes golpean las puertas herméticas de EE.UU. y empujan al gobierno democrático de México a reprimir a campesinos migrantes de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En el Mediterráneo los intentos desesperados de los migrantes africanos por cruzar el océano rumbo a Europa dejan miles de muertos, entre ellos más de 3 mil niños.
El Informe Bachelet contribuye al propósito imperial de rendir por hambre a una nación que optó por su independencia, tal como ayer lo intentó Chile del presidente Salvador Allende. No es la primera vez que Bachelet se involucra en turbias manejos. Su segundo gobierno promovió el 2017 la creación del Grupo de Lima para secundar la agresión yanqui a Venezuela. El mismo año prohijó la Operación Huracán, un montaje de los servicios de inteligencia policial para acusar de “terroristas” a líderes del pueblo mapuche y defender los intereses de las empresas forestales y eléctricas que se ven acosadas por la indoblegable resistencia mapuche.
Ahora su apuesta es mayor. Pero al igual que las anteriores esta jugada también terminará en fracaso.
*Periodista chileno, director de Punto Final
DDHH y politización
Ángel Daniel González|
La oposición dice que informe de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, luego de su visita de hace un par de semanas confirma que todo lo que ellos dicen es cierto y que aquí hay una “dictadura”. Y el Gobierno critica y pide reparar un conjunto de errores presentes en el texto.
Era previsible la politización de dicho documento, ya que los DDHH han sido instrumentalizados por el antichavismo para intentar un cambio ilegal de gobierno desde comienzos de la década pasada y el Gobierno ha hecho bandera el sistema de garantías y libertades que logró implementar el presidente Chávez durante su mandato con base en la Constitución de 1999.
Leídas las 18 páginas del informe, lo primero que hay que decir es que plantea afirmaciones ciertas, públicas y notorias, así como otras cuya credibilidad es bastante dudosa. Para nadie es un secreto que la garantía de derechos económicos y sociales se ha visto contundentemente mermada desde que vivimos una grave crisis económica.
Así mismo, la actuación de los llamados “órganos de seguridad del Estado” ha sido siempre abusiva y violatoria de derechos, sobre todo para los sectores populares. Existen denuncias de torturas, detenciones arbitrarias, ajusticiamientos y violaciones al debido proceso. Es deber del Estado y el Gobierno actuar con transparencia y celeridad en todos los casos, y minimizarlos. Esa es la forma de garantizar los DDHH.
Por otro lado, el documento realiza aseveraciones cuya única fuente son ONG venezolanas como el Foro Penal, Provea, Espacio Público y otras, que han actuado históricamente como actores políticos identificados plenamente con la oposición. Por lo tanto, lo que dicen forma parte de su discurso político, totalmente parcializado.
Estas ONG jamás han criticado la actuación de ninguna autoridad antichavista en cargos estatales, como gobernadores, alcaldes o la Asamblea Nacional. Nunca le han reclamado su inacción o su violación a los DDHH. Por el contrario, los aplauden y acompañan.
Nuestro Estado, como todos en el mundo, viola los derechos humanos. Pero nada justifica que se utilicen estas situaciones con fines mezquinos y perversos. Y las instituciones multilaterales deberían ser más serias y comenzar por casa lo que exigen a los demás.