Libertad de expresión en Venezuela: los medios crecen y se expresan sin cortapisas
LUIS BRITTO GARCÍA| Venezuela es uno de los países con mayor libertad de expresión en el mundo, tanto por la sostenida expansión de su sector de comunicaciones, como por la ausencia de restricción para los contenidos que éste difunde. La más decisiva prueba de que el Estado venezolano no viola el derecho de buscar, recibir y difundir información, consta en las decisiones de la propia Corte Interamericana de los Derechos humanos emitidas el día 28 de enero de 2009 en los dos casos relativos a los medios planteados ante ella.
La primera sentencia, relativa al caso Radio Caracas Televisión (RCTV), declara que: “No ha sido establecido que el Estado haya violado el derecho a buscar, recibir y difundir información, en los términos del artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por las razones señaladas en los párrafos 335 a 394 de la presente Sentencia”.
La segunda sentencia, relativa al caso Globovisión, declara en forma terminante que: “No ha sido establecido que el Estado haya violado el derecho a buscar, recibir y difundir información, en los términos del artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por las razones señaladas en los párrafos 366 a 369 de la presente Sentencia”.
Más adelante aportamos testimonios, extraídos textualmente de los medios de comunicación venezolanos, que respaldan irrefutablemente ambas sentencias y demuestran que desde ese entonces hasta el presente reina en Venezuela la más irrestricta libertad de expresión.
Los medios privados venezolanos crecen sin cortapisas
Los medios privados venezolanos están en un proceso de sostenida expansión que desmiente la idea de que el Estado les imponga frenos o cortapisas. Citemos cifras contundentes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Para 2012 circulan 334 publicaciones periódicas; de ellas un centenar son cotidianos. La mayoría son abiertamente opositoras al Gobierno. Sólo dos guardan un relativo equilibrio en la información, según mediciones del comunicólogo opositor Marcelino Bisbal: Últimas Noticias (Caracas) y Panorama (Maracaibo). Apenas tres (03) diarios, aparecidos en los últimos años, no son opositores: Diario Vea, Correo del Orinoco, y Ciudad Caracas.
Para 1998 funcionaban 331 emisoras de FM comerciales privadas y apenas 11 de servicio público. Para 2012 estas cifras casi se duplican: hay 499 emisoras FM comerciales, 83 de servicio público y 247 comunitarias. En 1998 emitían en señal abierta 36 televisoras comerciales y 8 de servicio público; para 2012 las cifras casi llegan al doble, pues funcionan 67 comerciales, 13 de servicio público y 38 comunitarias. Advirtamos que las emisoras comunitarias tienen alcance limitado a una parroquia o un distrito, y que su existencia a veces es efímera.
Este sostenido crecimiento de los medios de comunicación privados y su decisiva preponderancia tanto en número como en capacidad de emisión sobre los de servicio público, desmiente categóricamente el alegato según el cual el Estado venezolano ejercería una hegemonía comunicacional o aplicaría políticas que limitarían a los medios privados.
Los medios venezolanos están en pocas manos
Pero el crecimiento cuantitativo de los medios no significa una democratización en su propiedad ni en la selección del contenido. En los medios privados más importantes en Venezuela opera una extrema concentración de la propiedad, tanto vertical como horizontal, en manos de una decena de familias. Estos grupos para 1986 controlaban cerca de 94% de la cobertura nacional de radio y televisión, y en oportunidades dominaban diarios impresos. Los dueños de televisoras asimismo poseen las radioemisoras más importantes, y paralelamente manejan empresas disqueras, agencias de asesoría de imagen, de publicidad y de relaciones públicas. Hasta 2006, sólo dos televisoras, Radio Caracas Televisión y Venevisión, controlaban el 75% de la factura publicitaria televisiva, se cartelizaban para ofrecer rebajas a los anunciantes que se abstuvieran de anunciar en otras plantas, y cobraban sus servicios con una sola firma, Sercotel.
Ataques al Poder Ejecutivo
En cuanto a la afirmación de que este complejo y creciente sistema de medios difunde informaciones y sobre todo opiniones con la más absoluta libertad, no hay mejor prueba que una antología del contenido reciente de algunas de las más importantes y difundidas publicaciones del país. Radios y televisoras replican y amplifican los mismos contenidos.
Para verificar el imperio de la más absoluta libertad de expresión basta dar un somero vistazo a la prensa mas reciente. En su edición del 7 de febrero de 2012, El Nacional muestra en primera página una cerrada concentración de titulares tendientes a desacreditar a la administración. Así, a tres columnas antetitula “Gobierno niega intención de sabotaje” para luego titular “El PSUV prohíbe a sus militantes votar en primarias” y subtitular “La amenaza es vista en la MUD como una muestra de temor”. En forma directa o indirecta, tildan así al gobierno de saboteador que amenaza y sufre “temor”. Abajo, el titular a dos columnas “Olvidados por el padrino” se refiere “a las 387 familias damnificadas que viven desde hace 15 meses en los sótanos del edificio Líder, en La Florida ”, las cuales piden “al padrino del refugio, el alcalde Jorge Rodríguez, los reciba y les mejore las condiciones que habitan”. Las autoridades, que han habilitado refugios para más de trescientos mil damnificados por las lluvias del año 2011, algunos en hoteles de lujo u oficinas públicas, son tratadas así como un “padrino”, capo de mafia, que tendría a sus protegidos “olvidados”. Al lado, se titula una gráfica en diapositivo “Con ingenio vencen la desidia”, para celebrar que un ciudadano haya colocado en una calle de Petare “una instalación que alumbra las zonas de más peligro y las mantiene resguardadas del hampa”. Se abre así un verdadero menudeo de titulares que perseveran en una campaña perenne para incrementar la percepción de la inseguridad del ciudadano ante el hampa. Por ejemplo, en la misma página: “Inseguridad: Capturaron a 3 implicados en secuestro de embajador”. “Tres detenidos: Un muerto en tiroteo por asalto a joyería en el Sambil”. Y “Atienden hasta 50 partos diarios: Emergencia en Hospital de Maracay por muerte de 11 recién nacidos”. Como colofón: “Piden diálogo: Empresarios rechazan que se vuelva al PVP”. Empresarios que rechazan a priori una medida de control de precios piden diálogo: vale decir, debe ceder la otra parte. En medio, en un recuadro en verde que arroja dudas sobre si se trata de un titular noticioso o de propaganda, se afirma: “Henrique Capriles Radonski: Nadie necesita vestir de un color para ser atendido” y “Ruta a las primarias: Faltan 5 días”. Resumamos: en tan sólo una primera plana, a grandes titulares, se trata al gobierno electo, bien por denotación o por connotación, de “saboteador”, “amenaza”, culpable de “miedo”, de “desidia”, de “padrino” que tendría a los ciudadanos “olvidados”, sería incapaz de garantizar la seguridad y la salud pública, se mostraría refractario al diálogo y, por implicación, para atender al ciudadano requeriría que éste debiera “vestir de un color”. Ningún gobierno que restringiera la libertad de expresión permitiría una primera página como la reseñada.
Ataques al Poder Electoral
¿Esta libertad de expresión se limita a las primeras planas? Pasemos a la página 2 del mismo día y cotidiano. En ella se titula “Estrategia: el oficialismo niega que planifique sabotear elecciones del 12-F” (Unas elecciones internas de la oposición para seleccionar su candidato). Un subtítulo resaltado denuncia: “Miedo político” y especula: “La amenaza del PSUV es vista como una muestra de miedo”. En la misma página, a dos columnas: “Peligra la democracia: Advierten que Chávez dará autogolpe”. Al lado, también a dos columnas: “Piden garantías para los electores”. A la derecha de la misma página, en forma incongruente: “Informe 2011: Reportan 94 agresiones a la libertad de prensa”. Un “Grupo Andino de Libertad Informativa” reporta dicha cifra, sin explicar cómo pueden ocurrir tales violaciones en un país donde circulan cotidianamente semejantes titulares e informes, y mucho menos cómo se pueden publicar agresiones a la libertad de prensa en un país donde supuestamente ésta no existe.
De nuevo resumimos: el gobierno planearía “sabotear elecciones”, estaría poseído de “Miedo político”, “dará un autogolpe”, sería culpable de “agresiones a la libertad de prensa”. Son meras especulaciones gravísimas e infundadas, la mayoría sobre hechos futuros e inciertos. El que sean cotidianamente publicadas sin obstáculos ni consecuencias es la prueba irrefutable de que en Venezuela existe la libertad de expresión más plena.
¿Se trata de una situación casual? Examinemos el mismo periódico un mes después, el 7 de marzo de 2012. En su página 2, un titular a seis columnas: “El Gobierno fomenta la impunidad para generar miedo”. Otro titular, a cuatro columnas: “Discurso del Ejecutivo aviva la violencia”. Y a dos columnas: “Califican de atentado el suceso en Cotiza”, y “Tavares denuncia amenazas por identificar a los oficialistas”. Tenemos así presentadas como noticias opiniones según las cuales el gobierno “fomenta la impunidad”, “aviva la violencia”, habría promovido un “atentado” y proferiría “amenazas por identificar a oficialistas”. Ningún gobierno que atentara contra la libertad de expresión dejaría publicar tal concentración de acusaciones sin pruebas y sin consecuencias.
Ataques al Poder Legislativo y Judicial
¿Esta libertad o más bien libertinaje de expresión, que muy pocos gobiernos democráticos 
tolerarían, la ejerce sólo El Nacional? La primera plana de El Universal del 2 de febrero de 2012 es una frontal agresión a cuatro columnas contra el Poder Legislativo: “Alertan que mayoría de la AN aprobó una ´ley sapo´”. “Sapo” es venezolanismo infamante por “delator”; la mayoría parlamentaria, por extensión, lo sería. La quinta columna es una granizada de titulares contra los demás poderes: “Solicitan que se garantice el suministro de energía el día 12 F ”, lo cual sugiere que habría peligro de que el Ejecutivo la cortara durante las primarias de la oposición. “Sin registro Electoral venezolanos en Australia, Madrid y Ciudad de Panamá” cuestiona al Poder Electoral. “Capriles: El que en 14 años no ha bajado la delincuencia, no lo hará en 6 años” y “Pérez: el Código Orgánico Procesal Penal no frenará el crimen ni el lenguaje violento del Presidente”. Así se cuestiona equitativamente al Poder Ejecutivo y al Judicial, omitiendo que los estados donde gobierna la oposición son justamente los que presentan mayor tasa delictiva.
Ataques al sistema de Defensa Nacional
Igual libertad para presentar opiniones o especulaciones como noticias impera en el resto de los medios. La primera página del diario Últimas Noticias del 15 de marzo de 2012 proclama que “Hay 500 ´boliches´ armados”, que “Guerrilla criolla compró 600 granadas al Cartel de La Guajira ” y que “Tienen escuela de combatientes, 11 casas-bases, imprenta y radio”. Los llamados ´boliches´ serían una supuesta guerrilla bolivariana, sobre la cual en la página 16 se afirma sin pruebas que “Boliches funcionan como la guerrilla colombiana ELN”, en prosecución del intento de vincular en alguna forma supuestos grupos que operarían en Venezuela con insurgentes foráneos. En todo el texto no se mencionan fuentes ni evidencias: lo único que prueba es, una vez más, la ilimitada libertad de expresión en Venezuela. En El Nacional de 7-2-2012, un titular de la página 2 prosigue la perpetua campaña para inculpar al gobierno electo venezolano como aliado de organizaciones guerrilleras: “FARC: Uribe advirtió presencia de Timochenko”. El cuerpo de esta noticia señala que “El ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez aseguró en noviembre de 2011 que el ahora jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri (alias Timochenko) y alias ´Iván Márquez´ estaban en territorio venezolano”. La información es extemporánea por cuatro meses, pero alegatos de tal género son útiles como coartada intemporal para invadir países, como ocurrió con la agresión de Colombia contra Ecuador.
Así como los medios critican encarnizadamente la supuesta debilidad de un sistema de Defensa que permitiría la presencia de insurgentes, igualmente atacan los esfuerzos por fortalecerlo. El diario capitalino El Mundo titula el 20 de marzo de 2012, desplegado en toda la primera página “Venezuela le gana a sus vecinos en compra de armas”, refiriendo a una adquisición excepcional de pertrechos en 2011. El cotidiano, por supuesto, no balancea la noticia informando sobre el contexto. Venezuela mantiene un ejército de poco más de ochenta mil efectivos, al cual según el World Economic Outlook dedica en 2005 unos 1.477 millones de dólares, el 1,6% de un PIB del cual destina casi 9% a la Educación. La vecina Colombia en 2007 mantiene 459.687 funcionarios destinados a labores de Defensa y Seguridad; y gasta anualmente en la guerra 6,5 % de su PIB, unos 22.000 millones de dólares anuales, según los investigadores Juan Camilo Restrepo y Pedro Medellín (Semanario VOZ, edición 2427, cit. Por Álvaro Angarita: “Crece el gasto militar. Guerra devora el presupuesto”; 27-2- 2008 www.geocities.com/vozxcol/voz.pdf).
Informaciones dirigidas a difundir pánico
Práctica usual de los medios venezolanos privados es la de difundir contenidos tendientes a crear pánico en la ciudadanía. Ya aludimos al graneo de titulares destinados a incrementar la sensación de inseguridad. Esta campaña no se limita a reseñar actos del hampa. A principios de febrero ocurre un derrame de petróleo en el río Guarapiche, en el estado Monagas, del Oriente del país. Para proteger a los ciudadanos, las autoridades cierran la planta de tratamiento de agua del Bajo Guarapiche y la mantienen más de cuarenta días así (Últimas Noticias, 15-3-2012, p.2).
Es la oportunidad para que la oposición convierta mediáticamente un accidente local en un pánico nacional. El 14 de marzo el gobernador opositor de Carabobo, Enrique Salas, declara a Globovisión que las autoridades distribuyen por el sistema de acueductos “agua podrida”, que someten a tratamiento agua “salubre” (sic) y pide declarar emergencia sanitaria en el centro del país porque ésta causaría “el crecimiento del autismo”. Este inaudito descubrimiento clínico, que bien podría reportar el Premio Nobel para el funcionario, es la señal para otra persistente campaña destinada a convencer a la ciudadanía de que el líquido vital causa la muerte, sobre la cual citaremos apenas algunos ejemplos. Al día siguiente El Carabobeño titula “Hiperkinesis y alzheimer por mala calidad del agua e Aragua y Carabobo”. El 15 de marzo el cotidiano Tal Cual agrava la campaña con el tinte racista en caricatura según la cual “Basta de supremacía blanca: ahora tenemos aguas afrodescendientes”. El 15 de marzo Últimas Noticias titula a cuatro columnas la página 2: “Alertan sobre contaminación de embalses que surten a Caracas”, y el 19 de ese mes, en la misma página: “En tela de juicio calidad del agua en Venezuela”. A la velocidad de las rotativas una campaña sobre un suministro de agua local en Orienta, vincula en el Centro en forma fantasiosa agua “salubre” y autismo y Alzheimer, y se potencia hasta abarcar la capital y luego la totalidad del país.
Se comprenden los efectos que puede tener la divulgación de falsas noticias. En 1938 Orson Welles desató un pánico en Estados Unidos al difundir una versión radiofónica de La guerra de los mundos, de H.G. Wells. La policía no lo dejó concluir el programa. A fines de los años 60 los hippies desataron otro pánico amenazando verter LSD en el acueducto de Nueva York. El Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el 21 de marzo debió “INSTAR a los distintos medios de comunicación nacionales y regionales, tanto impresos como noticieros digitales, radio y televisión, actuar con extrema responsabilidad al momento de difundir cualquier tipo de información relacionada con la presunta contaminación de los cuerpos de agua cruda y potable, destinada al uso del consumo humano, que no haya sido debidamente avalados por un “organismo competente para ello”.
Y añade que “esta exacción no puede entenderse como un mecanismo limitante de la libertad de expresión e información, si no por el contrario, reafirmar tales derechos al procurar que las informaciones tengan un aval científico que las revista de absoluta veracidad, tal como lo prevee el contenido del artículo 58 del Texto Constitucional según el cual ‘toda persona tiene derecho a la información oportuna y veraz e imparcial´, so pena de incurrir en tipos penales, descritos por el legislador como hechos punibles que de alguna forma conlleven a crear pánico y zozobra en la ciudadanía”.
Entiéndase bien: la decisión sólo alerta contra la invención de noticias sobre el agua no avaladas por organismos técnicos competentes, y exhorta a cumplir normas constitucionales y penales. A este respecto, nuestro Código Penal dispone:
ART 296.A.—Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años.
Si los hechos descritos en el aparte anterior fueren cometidos por un funcionario público, valiéndose del anonimato o usando para tal fin el nombre ajeno, la pena se incrementará en una tercera parte.
Este artículo será aplicado sin perjuicio a lo establecido en la legislación especial sobre los delitos informáticos, telecomunicaciones, impresos y transmisión de mensajes de datos.
Una vez más resumimos: ningún gobierno que coartara la libertad de expresión permitiría la divulgación de noticias o más bien de opiniones como las citadas, encaminadas a causar pánico en la comunidad. Los medios de comunicación en Venezuela gozan de la más amplia libertad de expresión, y en la actualidad siguen la misma línea que desde principios de siglo: critican abierta y la mayoría de las veces infundadamente a todos los poderes del Estado, sin ser constreñidos ni sufrir consecuencias por ello.
Los medios en Venezuela funcionan como actores políticos
Para mejor valorar en su justa perspectiva esta situación de plena libertad de expresión, es oportuno señalar que por su parte los medios llevan adelante en forma persistente prácticas de violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de sus leyes y de la ética del gremio periodístico.
Para probar estas prácticas, que son del dominio público, y cuya exposición rebasaría de los límites de esta audiencia, recurrimos a testimonios emitidos por los propios medios, por sus propietarios y sus comunicadores, recogidos en forma textual en el libro Dictadura mediática en Venezuela: Investigación de unos medios por encima de toda sospecha (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información , Caracas, 2008), que acompañamos como Anexo al presente alegato y del cual consignamos un ejemplar a cada uno de los miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
En el documento citado consta, en afirmaciones de los propios periodistas y propietarios, que en Venezuela los medios privados no actúan como comunicadores, sino como actores políticos, promueven en forma consistente la antipolítica e intentan suplantar a los partidos (pp.308-314). Que incitan de manera pertinaz a la discriminación étnica y racial, la guerra civil, el magnicidio y la deposición violenta del gobierno legítimo (pp. 309).
Los medios fueron cómplices y ejecutores de un golpe de Estado
Consta asimismo en testimonios citados textualmente en dicho libro que para el año 2002, a excepción de dos diarios con cierto grado de equilibrio, los medios predicaron abiertamente el derrocamiento del gobierno legítimo, mintieron que éste habría disparado contra una manifestación, mintieron que el Presidente había renunciado, colaboraron con su tecnología superior en el corte de comunicaciones que lo derrocó, pactaron con la dictadura la entrega de los órganos de control de las telecomunicaciones, llamaron a la delación contra los partidarios del gobierno democrático, difundieron entusiásticamente sus detenciones y ocultaron con un apagón comunicacional los movimientos populares que en definitiva restablecieron el gobierno legítimo (Op. Cit. pp. 45 -103).
Ni el presidente electo ni sus funcionarios aplicaron ninguna sanción: Desde el 2 de diciembre de 2002 hasta marzo de 2003 los medios privados en Venezuela se encadenaron 24 horas diarias en una saturativa cadena de llamamientos a derrocar el gobierno legítimo, de apoyo a un cierre patronal de empresas, al sabotaje de la industria petrolera y a la desobediencia tributaria. La falta de apoyo popular a esta agresión comunicacional de una duración nunca vista en el mundo determinó su fracaso, sin que de nuevo las autoridades ejecutaran sanción alguna (Op.cit. pp 140-155).
Los medios venezolanos no se consideran obligados a ser veraces ni imparciales
Para sustentar tales políticas los medios han dejado de lado la veracidad, objetividad, imparcialidad y equilibrio que debe caracterizarlos. Para justificarlo, el doctor Pedro Nikken sostiene en la audiencia de 27 de marzo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington que “nadie sabe lo que es la verdad”. Es la pregunta de Pilatos, y cada vez que la hace un agente del Imperio, sale crucificado un inocente. Si verdaderamente tuviera dudas, el doctor Nikken no debería acudir ante una Corte Interamericana para que legitime como verdad judicial una verdad que él mismo dice ignorar, y los medios opositores venezolanos a los cuales representa deberían abstenerse de presentar como verdades la granizada de mentiras que constantemente esgrimen contra el gobierno democrático de Venezuela.
Lo cierto es que de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes”. Por tanto, nadie puede en Venezuela emitir información inoportuna, falsa y parcializada, ni pretender que como desconoce la verdad, está libre de los deberes y responsabilidades que indique la ley.
Para evidenciar que gran parte de los medios en Venezuela no se consideran obligados a proporcionar información veraz, imparcial y oportuna, citamos opiniones textuales de comunicadores de la propia oposición y de observadores foráneos. El reportero Roberto Giusti declara: “Me pregunto si a la hora de exigirnos objetividad lo que quieren en el fondo es silencio cómplice, babosa obsecuencia, la entrega incondicional o la renuncia” (Laura Weffer: “Roberto Giusti: es necesario ir más allá de la objetividad”, El Nacional, 26-6-03, A-5). El opositor Manuel Isidro Molina apunta que “los medios deben volver a ser espacios plurales y éticos, sin manipulaciones, censura ni tergiversaciones politiqueras. Y deben salir del dispositivo neoliberal que los viene animando”. (“La rectificación mediática tiene que ser valiente, sincera y honesta”, La Razón, 3-11-02, A-5).
Patrick Butler, para 2003 vicepresidente del Centro Internacional de Periodistas, sostiene que “no está haciendo un periodismo independiente sino partidario, que no trata de informar al público sino de convencer al público para cambiar un gobierno.” (Marianela Palacios: “Universidades abogan por un periodismo ético”, El Nacional 26-6-03, A-5). El británico Phillip Gunson, para 2003 presidente de la Asociación de Periodistas Extranjeros, declara que: “El periodismo venezolano está tan polarizado como cualquier otro aspecto de la vida nacional. Muchos periodistas, editores y dueños de medios parecen pensar que esto es no sólo inevitable, sino hasta deseable, que la llamada imparcialidad es una meta inalcanzable y hasta absurda en medio de esta coyuntura, que a la imparcialidad hay que tirarla por la borda porque así lo exigen las circunstancias”. (Marianela Palacios: “Periodismo en tiempos de crisis”, El Nacional, 27-6-03, A-8). Y según apunta el analista del Consejo para Asuntos Hemisféricos Larry Byrns: “Los medios venezolanos no reportan sucesos, ayudan a crearlos. Su punto de vista se encuentra no sólo en la página editorial, sino en todas y cada una de las columnas de sus periódicos, en escandalosa contradicción con todo sentido y responsabilidad profesional” (Temas, Caracas, 16-1-03, p. 13).
Los propietarios de los medios vetan, censuran y explotan a los comunicadores
Estas políticas, ordenadas por los dueños de los medios, no necesariamente cuentan con la aprobación de los comunicadores ni les garantizan un trabajo digno y estable. En remitido que el diario El Nacional se negó a publicar, el sindicato de ese diario exige: “Basta ya de manipular a los trabajadores de los medios de comunicación para exponernos como responsables de las líneas informativas de los mismos, los dueños de los medios deben aceptar que son un poder y que por consiguiente tienen una responsabilidad social no sólo con sus trabajadores sino con toda la sociedad venezolana (…)” (9-6-2002. www.antiescualidos.com.).
Sorprende por ello que organismos gremiales como el Colegio Nacional de Periodistas o el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa , en lugar de democratizar su funcionamiento y defender a sus agremiados contra los patronos, hagan causa común con éstos a la hora de cursar falsas acusaciones contra Venezuela. El Colegio pasó diez años sin elegir nuevas autoridades; ni él ni el SNTP movieron un dedo contra los masivos despidos de cerca de medio millar de comunicadores que siguieron al fracaso del paro patronal de 2002 y 2003, y que desde entonces no han cesado. Tampoco adoptaro una sola medida contra la crónica inestabilidad laboral y la falta de seguridad social que aqueja a sus afiliados gracias a las prácticas de tercerización, ni contra la permanente censura y el veto que se ejerce sobre los profesionales que disienten de los propietarios. Sobre estas materias rige el criterio que la “Defensora del lector” Alba Sánchez consigna en El Nacional del 8-10-2002 legitimando el veto contra colaboradores expulsados del diario: “No basta con ser buenos con la escritura o desarrollar ideas brillantes (lo cual también importa), sino que sus textos tienen que gustarle además de a los lectores, a los directivos del periódico, a sus comités editoriales, a sus directores o a sus dueños (…). Obviamente los ‘ungidos’ dejan de serlo cuando los antes mencionados lo deciden”.
Visto lo cual, todavía más sorprende que la presidenta del CNP, en lugar de atender a precaria situación laboral de sus agremiados, alegue ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que los comunicadores venezolanos son inducidos a la “autocensura” mediante “dispositivos de temor”. Si hay “autocensura” en medios que no se consideran obligados a ser veraces, es impuesta por “los directivos del periódico, sus comités editoriales, sus directores o sus dueños”, según confiesa Alba Sánchez. Ni un solo comunicador venezolano ha dejado de sentir estos mecanismos patronales, sobre los cuales CNP y SNTP guardan el más cómplice silencio, quizá por no dejar de ser “ungidos” a su vez por los propietarios.
Los medios son la principal fuente de las denuncias ante la CIDH
Como otra prueba de la libertad de expresión integral de que se disfruta en Venezuela, señalamos el hecho de que la mayoría de las denuncias interpuestas por Organizaciones no Gubernamentales ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y que ésta por lo regular cursa sin mayor verificación como acusaciones ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se fundan única y exclusivamente en notas de prensa, que a menudo no aportan precisiones sobre personas, lugar, fecha ni hechos.
En repetidas oportunidades hemos criticado esta conducta, ya que viola los principios de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la cual en su artículo 46 pauta que “Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la Comisión , se requerirá (…) d. que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición”.
Y en repetidas ocasiones también hemos exigido a la Comisión que se ajuste a su jurisprudencia, que ella misma cita en sus informes, según la cual los funcionarios públicos (de organismos nacionales o internacionales) “están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos”.
Pero si la Comisión funda sus decisiones esencialmente en alegatos basados en notas de prensa de los medios venezolanos, los cuales explícitamente rechazan el deber de veracidad y de objetividad (y que son una fuente que ningún órgano jurisdiccional digno de tal condición acepta por si sola como prueba), confiesa con ello que en su propio juicio dichos medios informan y opinan sin cortapisas ni limitaciones sobre lo que sucede en Venezuela, y confirma con tal práctica que en nuestro país existe la más plena y total libertad de expresión.
Cerramos estas consideraciones con un llamamiento para que la Comisión Interamericana revise sus inveteradas prácticas de aceptar y dar curso irreflexivamente a todo tipo de denuncias sobre violación de Derechos Humanos en casos en los cuales no se ha agotado la jurisdicción interna, en los cuales no se precisan nombres, lugares, fechas ni pruebas, en los cuales meramente se efectúan especulaciones sobre posibles hechos futuros e inciertos, y sobre todo, basados única y exclusivamente en notas de prensa de medios que según sus propias declaraciones no se consideran obligados a respetar la objetividad, la veracidad ni la imparcialidad, y que no representan más que la opinión interesada y parcial de reducidos grupos de propietarios.
Sobre el particular, la Comisión debe tener muy en cuenta las críticas formuladas por los representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Perú que constan en el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana , de 13 de diciembre de 2011. No sólo se trata de un nutrido grupo de países que formulan críticas al desempeño de esta Comisión: en conjunto, representan cerca de la mitad del territorio y de la población de América Latina y el Caribe. Los pueblos de estos países, así como los gobiernos democráticos legitimados por el voto de ellos, merecen la consideración y el respeto que tales prácticas vulneran de manera continua: también son titulares de Derechos Humanos, y no se debe los debe considerar incapaces de defenderlos cuando quienes los vulneran son empresas o empresarios.
Por estas muestras de los medios que hemos citado la veracidad y la imparcialidad no se divisan, pero sí se divisa que la libertad de expresión en Venezuela es quizá la más plena del mundo.