Milagro Sala, de las mazmorras a casa tras casi tres años: la justicia aún no llega

Rubén Armendáriz|

En la mañana del sábado 29 de diciembre, y tras casi tres años de prisión preventiva y dictámenes judiciales nacionales e internacionales, la líder de la organización social Tupac Amaru y parlamentaria del Parlasur, Milagro Sala, fue trasladada desde la prisión donde estaba retenida a su residencia del barrio de Cuyaya, en la capital de la norteña provincia de Jujuy,

Su regreso a casa, donde seguirá cumpliendo la prisión preventiva, se produjo antes de las 9 de la mañana. Además, la nueva disposición descarta los infinitos controles y vigilancia de gendarmes que venían siendo impuestos hasta la fecha como condición impuesta por el juez Pullen Llermanos. El Tribunal 3 consideró que el único dispositivo de control legal para las prisiones domiciliarias debe ser la pulsera electrónica.

“Dudaba cuando me enteré (del traslado). Porque ya la semana pasada me habían ido a buscar y después me dijeron que se suspendía. Como vengo diciendo en estos días, esto es una pequeña luz de esperanza para empezar a creer en la Justicia, que es difícil. Tanto daño nos hicieron, tanta injusticia cometió la Justicia contra nosotros que es costoso creer”, dijo Sala recién llegada a su casa.

Milagro Sala criticó la dura postura del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, respecto al fallo que la absolvió en la causa caratulada como “Balacera de Azopardo”, en la que estaba acusada por supuesta tentativa de homicidio por precio o promesa remuneratoria, luego de que calificara el dictamen de “vergonzoso”.

“Morales como persona deja mucho que desear. El hace política con el odio, quiere manejar a la justicia pero una parte de los jueces le dijo que no se puede dar una sentencia cuando no hay pruebas”, señaló Sala. Apuntó contra el gobierno de Morales al considerar que “actúa como en la peor época de los militares”. “Presionan y amenazan a los testigos para que declaren lo que ellos quieren. Pensé que estábamos en democracia, pero no es así”, expresó.

Y agregó: “Morales decía que en Jujuy habría paz y amor pero se está viviendo todo lo contrario. Hay paz y amor para ellos, para los empresarios, para los amigos, pero no para el pueblo”.

La líder de la organización social Tupac Amaru dijo “sentirse más aliviada” luego de la sentencia del Tribunal en lo Criminal 2 de Jujuy de la que también resultó absuelto Alberto Cardozo, otro de los acusados, quien permaneció dos años detenido por esta causa, durante los cuales, según denunció, fue torturado. “Parece haber una luz de esperanza, hay jueces que no se están dejando presionar por el gobierno de Morales y los secuaces que lo rodean. Me siento más aliviada”, manifestó Sala.

Casi tres años

De esta manera, después de casi tres años de prisión preventiva, la Justicia da cumplimiento a lo dispuesto en noviembre del año pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, luego, ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organismos que ordenaron que la militante social debía permanecer en su casa ya que su vida corría peligro en el penal de Alto Comedero.

En agosto de este año se dio a conocer una acordada de la Corte Suprema que ordenó por unanimidad dar cumplimiento de forma cabal y urgente al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece la prisión domiciliaria o medidas menos restrictivas para Sala. Sin embargo, hasta el momento, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy había hecho caso omiso al pedido de ambos organismos.

Su casa de Cuyaya, donde vivió toda su vida, es el lugar donde Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 por realizar una protesta –acampe- frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, en la que las organizaciones sociales reclamaban una reunión con el entonces recién asumido gobernador Gerardo Morales para abordar temas relacionados con la continuidad del trabajo de las cooperativas en el marco del cambio de gestión.

Violación de todos los principios

La privación de la libertad de Milagro Sala continúa siendo violatoria del principio de inocencia, del principio de legalidad, del derecho de defensa en juicio, de la cosa juzgada y de la prohibición de ser investigado por comisiones ad hoc.

Los organismos humanitarios argentinos e internacionales habían denunciado que durante 2016 y 2017 se acentuó la persecución penal y contravencional de organizaciones, militantes y activistas por hechos o situaciones relacionados con el ejercicio de derechos humanos: fueron frecuentes las detenciones, la multiplicación de denuncias, la activación de causas judiciales que estaban olvidadas o su culminación con condenas, las multas y clausuras a las organizaciones sociales y sindicales.

Estas acciones lesivas convergieron con otras, como la negación de acceso a políticas sociales y de vivienda. Lo ocurrido en estos largos 35 meses muestra el modo en que los poderes Ejecutivo y Judicial utilizan dispositivos legales disponibles para actuar sobre reclamos y conflictos sociales, y exhibe si el sistema judicial protege o, por el contrario, persigue la organización social, política y sindical.

A la vez, pone en evidencia qué efectos tienen estas medidas en las organizaciones y en la vida de sus integrantes: la criminalización presiona a quienes son sometidos a procesos –más de uno, en muchos casos–, impacta en las organizaciones y, de manera más amplia, tiene consecuencias en las formas de organización y reclamo de la sociedad en su conjunto.

El calvario

En octubre de 2016, el Grupo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas afirmó que desde diciembre de 2015 hubo un entramado de “acusaciones consecutivas”, un despliegue de causas judiciales y un contexto de vulneración de la independencia judicial destinados a sostener la privación de libertad de la dirigente social de manera indefinida.

Tras haber cursado varios meses en prisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en julio de 2017, ordenó al Estado que adopte medidas alternativas tales como el arresto domiciliario debido a que estaba en riesgo su integridad personal. El 3 de noviembre, luego de que el Estado incumpliera dicha decisión, la CIDH dio intervención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte IDH, el 27 de noviembre pasado, ordenó entonces que el Estado argentino adoptara de manera inmediata las “medidas de protección que sean necesarias” para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala.

El organismo internacional señaló además que, en caso de que aún se prolongue la prisión preventiva de Sala, el Estado debe implementar el arresto domiciliario en su casa o cualquier otra medida “aún menos restrictiva de sus derechos, tales como (…) una tobillera o la retención de su pasaporte”.

Por su parte, en diciembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) determinó que el Poder Judicial de Jujuy debía cumplir la resolución de la Corte IDH y disponer el arresto domiciliario de Milagro Sala o cualquier otra medida menos restrictiva de sus derechos.

La inusticia no ternina. La lucha por su liberación definitiva continúa.

* Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)