Dossier: La petrolera trasnacional Chevron y Ecuador/ Lucas: Agujero Negro/ Paz y Miño: La soberanía, Chevron y los TBI
La corte de Arbitraje de La Haya anuló la condena por 9.500 millones de dólares contra la petrolera trasnacional Chevron en Ecuador
Una corte internacional de arbitraje anuló una condena por 9.500 millones de dólares contra la petrolera trasnacional Chevron en Ecuador, con lo que hirió de muerte la pretensión de pobladores amazónicos de hacer pagar a una multinacional por daños al ambiente.
El fallo, emitido por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, determina “que Ecuador es responsable por denegación de justicia y le ordenó dejar sin efecto la sentencia”, anunció la Procuraduría ecuatoriana este viernes. El organismo, que actúa como abogado del Estado ecuatoriano, añadió que puede ser impugnada al tratarse de una decisión de primera instancia.
El tribunal internacional acogió el reclamo de la petrolera, según el cual los abogados de los demandantes “prometieron pagos” a un juez ecuatoriano “a cambio de que les permitiera redactar porciones sustanciales” de la sentencia. Chevron asumió el pleito en 2001 al adquirir Texaco, que operó en Ecuador entre 1964 y 1990 en consorcio con la petrolera estatal ecuatoriana.
Aunque los indígenas y colonos que entablaron el juicio hace 25 años no han recibido un solo centavo por cuenta de la decisión de la justicia ecuatoriana -debido a que Chevron no tiene activos en Ecuador -, buscaban hacer efectiva la condena en otros países. Sin embargo, con lo dictaminado en La Haya sus pretensiones quedaron seriamente comprometidas.
“El laudo arbitral es inaceptable. Pretende obligar al Ejecutivo violar la ley y la Constitución de la República. El arbitraje es entre el Estado y #Chevron”, expresó en un tuit Pablo Fajardo, abogado de los 30.000 pobladores amazónicos que sostienen que Chevron derramó miles y miles de galones de desechos tóxicos que contaminaron sus territorios y fuentes de agua.
En su cuenta de Twitter, agregó que el gobierno de Lenín Moreno “no puede ser cómplice de ese crimen”, aunque sin dar pistas sobre las opciones que emprenderán. En julio pasado, la Corte Constitucional de Ecuador había cerrado el caso al ratificar en última instancia la condena contra la multinacional.
El fallo arbitral, que en principio deja en suspenso una de las mayores condenas contra una petrolera por contaminación ambiental, fue dictado el 30 de agosto, pero solo hasta este viernes fue divulgado en Ecuador.
“Nos preocupa que un tribunal le pida a un Estado que deje sin efecto una sentencia de una corte nacional dictada en un caso entre privados”, sostuvo el procurador general de Ecuador, Íñigo Salvador, en conferencia de prensa.
En su primer pronunciamiento, la multinacional celebró la decisión de la corte frente a lo que siempre ha denunciado como una “sentencia fraudulenta”.
Luego de que Texaco terminara con la remediación ambiental, Ecuador “liberó a la compañía de toda responsabilidad por las mismas reclamaciones ambientales que la sentencia fraudulenta ecuatoriana supuestamente decidió”, manifestó R. Hewitt Pate, vicepresidente y director legal de Chevron.
La petrolera acudió ante La Haya en 2009, alegando negación de justicia y con el argumento de que ya había sido liberada por el Estado ecuatoriano de su responsabilidad en los daños causados en la Amazonia. El tribunal internacional todavía no fija una indemnización a Chevron. 
“La Procuraduría está analizando cuidadosamente el laudo y evaluando la posibilidad de impugnar alguna parte o la totalidad del laudo”, remarcó el despacho de Salvador.
El laudo arbitral no solo frena en seco las aspiraciones de los ecuatorianos en su lucha contra el gigante petrolero, sino que también “declara la responsabilidad del Estado ecuatoriano hacia la compañía Chevron por haber violado” un Tratado de Protección de Inversiones entre Washington y Quito y por “haber denegado justicia”, indicó la Procuraduría.
De ahí que ahora el Estado pueda ser sancionado con una millonaria indemnización. Mientras define un eventual desembolso a Chevron, la corte también dispuso que Quito deberá “impedir que se intenten nuevas acciones de ejecución del fallo” ante las gestiones que venían realizando los demandantes para cobrar la multimillonaria condena en otros países.
El gobierno de Moreno que pedirá “sancionar a los funcionarios” que ocasionen perjuicios al Estado a causa de fallos en contra y acusó al gobierno del exmandatario Rafael Correa (2007-2017) de haber gastado diez millones de dólares para apoyar una campaña privada contra la petrolera.
“Este caso fue aprovechado por el anterior régimen para ganar protagonismo político y mediático”, sostuvo el secretario general de la presidencia, Eduardo Jurado.
Correa, quien vive en Bélgica, señaló por Twitter que el gobierno de Lenín Moreno, su exaliado, ha “pactado” con la petrolera para que sea exenta de responsabilidad. “Es evidente que Chevron es culpable, y que destruyó nuestra selva. Solo un orden mundial inmoral, y un Gobierno traidor, pueden dejarla en la impunidad”, apuntó.
Agujero negro
Kintto Lucas|
Detrás de la puerta hay un agujero. Detrás del agujero está Chevron. Detrás de Chevron hay mucho dinero. Detrás del dinero están los niños bien o los que se creen bien, o los que aspiran a ser bien. Detrás de los niños bien hay muchas historias. Detrás de las historias hay muchos farsantes.
Detrás de los farsantes siempre hay excusas. Detrás de las excusas hay algunos odios, algunas ingenuidades y algunos intereses. Detrás de los intereses están los que se ríen. Detrás de los que se ríen están los que son utilizados. Detrás de los que son utilizados están los pobres diablos. Detrás de los pobres diablos, están los dioses más bien ricos. Detrás de los dioses hay una zanja.
Detrás de la zanja está el camino. Detrás del camino está la muerte. De esa no se escapa nadie: ni los que están detrás ni los que están delante, ni los niños y las niñas bien, ni los que creen ser o quieren ser niños a o niñas bien, ni los farsantes buenos o malos. Pero aquí abramos un paréntesis (Luego del ataque de Colombia en Angostura vino un señor y me entregó un análisis del hecho para que me informe sobre la situación. Cuando leí el tan mentado análisis, me di cuenta que lo había leído antes. Pensé que tal vez era un fenómeno parasicológico, pero seguí leyendo.
Al seguir leyendo me di cuenta que conocía esa gramática. Pensé que tal vez se trataba de un delirio, pero seguí leyendo. Al seguir leyendo me di cuenta que era algo escrito por mi un año antes. El analista tan zagas, tan conocedor de la coyuntura, tan investigador, tan inteligente, había utilizado un análisis mío hecho un año antes, que además estaba en un libro. De tan inteligente, no solo que no mencionó el crédito sino que lo asumió como un análisis suyo del momento, para explicar la coyuntura post Angostura. Es un pequeñito ejemplo de los muchos cuentos de farsantes) ¿Graciosos no? Es que los farsantes son graciosos. Pero más graciosos son los que utilizan sus análisis y quieren que los otros crean en ellos. Y más todavía, los que abrimos un paréntesis como este a los farsantes.
Mejor regresemos a lo que estábamos. ¿Qué era? Ahhhh, que de la muerte no se salvan ni las escusas ni los excusados o los que se excusan o los que se esconden detrás las excusas, ni los ingenuos o ingenuas bien vestidos, ni las ranitas de la selva, ni los delfines rosados, ni los periodistas bien encuadernados, ni los traidores conscientes o inconscientes, ni los cuenteros estén en el lado que estén, ni los que se aprovecharon de un lado y ahora intentan aprovecharse del otro, ni los dioses de la siesta, ni los diablos del desayuno. 
Con la muerte no hay excusas. Tarde o temprano llega, pero Chevron seguirá ahí, en cualquier lado, con ese nombre o con otro, y el imperio seguirá ahí con el mismo nombre o con otro tal vez un poco venido a menos o a más (depende de cómo se le mire o quien lo analice), y los hijos de los niños bien seguirán siendo bien, así hablen de los delfines rosados y las mariposas amarillas… pero no cambiarán el mundo porque son muy dependientes de su propia historia, de su clase.
Nadie lo cambiará, tampoco los obreros que esperan un lugar en el mercado, ni los de clase media que esperan un lugar en Chevron, Microsoft, Wall Street alguna otra cartea de prosperidad, ni las izquierdas que esperan un lugar a la derecha, ni los filósofos del caos que esperan un lugar en la Edad Media, ni los defensores de utopías que esperan un lugar en la oficina, ni los revolucionarios de la superación personal que esperan un lugar en la autoayuda… El mundo terminará un día en un agujero negro, tal vez de agua con petróleo como esos agujeros que dejó Texaco en la Amazonía…
*Escritor y periodista, exvicecanciller de Ecuador
La soberanía nacional versus Chevron y los Tratados Bilaterales de Inversión
Juan J. Paz y Miño Cepeda|
Existe amplia información sobre los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) (véase: https://goo.gl/images/bVWZnv). Pero cabe destacar el estudio que realizó CAITISA, publicado en mayo 2017 por el IAEN (https://bit.ly/2oTQWzy), algunos de cuyos datos centrales voy a utilizar.
Es conocido que durante las décadas finales del siglo XX se afirmaron en Ecuador el modelo empresarial y la ideología neoliberal. Bajo esas condiciones, mientras los intereses privados y de las cámaras de la producción fueron privilegiados, no solo que se achicó el tamaño del Estado, sino que fueron recortadas las inversiones estatales, colapsaron los servicios públicos, se consolidaron las privatizaciones y se debilitó la institucionalidad nacional.
En ese marco, entre 1990 y 2002 Ecuador suscribió 28 TBI y, por cierto, 16 de ellos se suscribieron durante el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996), quien, además, expidió decretos, logró reformas legales, sancionó leyes y adoptó regulaciones administrativas encaminadas a buscar el ingreso de inversiones extranjeras directas (IED) y también a favorecer a las transnacionales petroleras y a los bancos. El gobierno de Durán Ballen es uno de los mayores responsables históricos en otorgar privilegios a los intereses privados frente a los intereses nacionales.
Pero esa situación no se modificó en los años posteriores, pues los gobernantes entre 1996 y 2006 nada hicieron por denunciar los TBI, exigir responsabilidades a las petroleras que destruyeron medios ambientales en la Amazonía y perseguir a las autoridades responsables de perjudicar al Estado. Todo lo contrario, entre 1983 hasta 2003 incluso se acordaron 16 Cartas de Intención con el FMI, de modo que durante la época de gobiernos constitucionales más larga en la historia nacional, el modelo económico empresarial, ocasionó perjuicios al Estado y grandes atracos privados, como la sucretización de las deudas (1983), la resucretización (1987), los “salvatajes” bancarios (desde 1996), el feriado bancario (1999) y la dolarización (2000).
Los TBI son acuerdos entre Estados para proteger a las inversiones extranjeras y someter las controversias ante árbitros internacionales. En las condiciones latinoamericanas de la década de 1990, cuando se debilitaron las capacidades estatales e institucionales, todos los TBI que suscribió el Ecuador tuvieron una serie de limitaciones para el Estado y la sociedad: no se sujetaron estrictamente a las leyes y sus procedimientos, algunos chocaron abiertamente con la Constitución, otorgaron trato preferencial a las empresas extranjeras, exclusivamente responsabilizaban al Estado sin contemplar perjuicios que podrían ocasionar las mismas empresas, y sometieron las controversias al CIADI y a árbitros internacionales, que notoriamente actúan con inclinación, sesgo y favoritismo a las corporaciones transnacionales.
Fue el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) el que, por primera vez en la historia contemporánea del Ecuador y en concordancia con lo que en materia económica dispone la Constitución de 2008, decidió encarar tanto el problema de la deuda externa, como el de los TBI. Planteó la auditoría de la deuda externa, que sirvió para determinar los tramos de la deuda ilegítima que Ecuador, por tanto, no reconocería; y, además, creó la CAITISA, una comisión ciudadana especial y técnica, para examinar lo relativo a los TBI y los arbitrajes, heredados de los gobiernos anteriores.
Pero Ecuador no fue el único que cuestionó los TBI. Otros países tanto latinoamericanos como de otros continentes, revisaron esos convenios. Además, en estudios realizados por la UNCTAD y la Cepal quedó en claro que la IED no crecía a pesar de los TBI y que era necesario revisar los sistemas de protección privilegiada a esas inversiones. Las demandas empresariales igualmente podían someterse al centro de solución de controversias de UNASUR. Durante la pasada década, por tanto, existió un ambiente nacional, latinoamericanista e internacional favorable a la restauración de las capacidades estatales, al papel soberano de las legislaciones nacionales y a la necesidad de acabar con los privilegios empresariales que los gobiernos neoliberales del pasado crearon en perjuicio del Estado.
Desde luego, a partir de la posición asumida por el gobierno de Correa, según el informe de la CAITISA se han sucedido las demandas contra el Ecuador. El 50% de ellas corresponde al área petrolera, 19% a electricidad y 12% a minería. De los 26 casos en conflicto vigentes, 16 han concluido y quedan 10 pendientes, por un valor reclamado contra el país que asciende a U$ 11.188´966.571. Hasta abril de 2017 Ecuador ha tenido que pagar U$ 1.342´115.969 por los litigios concluidos, ante árbitros que hicieron interpretaciones legales extensivas y parcializadas contra el Estado. Además, se ha gastado U$ 155´929.417 en abogados internacionales, para la defensa nacional.
El informe de CAITISA también dice lo siguiente: “La excompañía Texaco, adquirida por Chevron, procedió con irresponsabilidad e irrespeto, con tecnologías anticuadas, provocando derrames de más de 26,000 barriles de crudo hacia importantes ríos: Aguarico, Quijos y Shiripuno, y a numerosos esteros, también vertió́ 18,000 galones de agua de formación, más tóxica que el mismo crudo, provocando todo ello la muerte de peces, ganado y animales salvajes. Texaco abrió 916 piscinas, cuyas filtraciones han causado la toxicidad de tierras y la contaminación del agua y del aire. En comunicación escrita entre ejecutivos de la empresa, se dispone que los derrames serán informados sólo cuando “atraigan la atención de la prensa y/o de las autoridades regulatorias…”. Por el alto nivel de contaminación, la salud de la población se vio muy afectada. En una encuesta realizada a 1064 familias se encontraron 306 casos de cáncer, pero se presume un daño mayor, en vista de que no se registraba esta causa de muerte, por desconocimiento de la enfermedad”.
El “caso Chevron” se inició en 1993, cuando las comunidades amazónicas demandaron a esa compañía (que adquirió los activos de Texaco, que operaba en Ecuador desde 1964) el pago de U$ 9.500 millones por los daños ambientales en su territorio. La Corte de Lago Agrio sentenció contra la compañía y a favor de los pobladores; sin embargo, en el marco de los TBI, Chevron acudió a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. El pasado 7 de septiembre se conoció la sentencia de La Haya, que desconoce el fallo de la Corte ecuatoriana y obliga al Estado a pagar a Chevron, por haber denegado justicia a la petrolera y porque la sentencia en Ecuador fue obtenida a través de “fraude, sobornos y corrupción” (https://bit.ly/2NYdslR).
La sentencia de La Haya llega en una coyuntura nacional distinta a la de la última década, pues se ha revivido el modelo empresarial, las elites económicas recuperaron influencia y poder en el Estado, se reorienta el país a favor de las IED, se privilegia al alto empresariado con inéditas regulaciones y perdones tributarios, se restan capacidades estatales e institucionales, y se convierte a la “descorreización” en justificativo para todo.
En esas condiciones, la primera reacción en esferas gubernamentales ha sido la de sostener que hay un posible “perjuicio” al Estado, que el gobierno anterior contrató por 6.4 millones con la empresa MQ Square para pagar a celebridades internacionales como Mia Farrow (U$ 188.000) o Danny Glover (U$ 330.000 dólares), para la campaña “La mano sucia de Chevron” con la cual, dicen, se “manipuló a la opinión pública nacional e internacional”; que las empresas para la defensa de los derechos del país, “no estuvieron a la altura que el caso requería, a sabiendas que este tipo de arbitrajes podrían desencadenar en sentencias contrarias”; y que, por tanto, se ha solicitado al Procurador General del Estado para que ejerza el derecho de repetición contra los funcionarios del anterior régimen (https://bit.ly/2COxBd9). En definitiva, se culpa a Correa de no haber defendido los intereses nacionales y se podrá interponer contra él y sus funcionarios, la acción de cobro del dinero que el Estado tendría que cancelar a Chevron.
Al parecer, no ha habido alguien que sugiriera que lo primero que había que hacer es referirse a los gobiernos que, contrariando el interés nacional, suscribieron los TBI para favorecer a las empresas extranjeras; que por lo menos debía señalarse al gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000) y a sus funcionarios por no haber exigido las remediaciones ambientales necesarias a la compañía petrolera que destruyó territorios amazónicos; que algún pronunciamiento había que tener frente al Tribunal Arbitral Internacional de La Haya por su fallo a favor de Chevron; que había que salir en defensa de las comunidades indígenas afectadas; que, aunque sea en palabras, debía decirse que el país llevaría adelante todas las acciones internacionales que correspondan para defender al Estado ecuatoriano; y que la soberanía patria, la dignidad nacional, la seguridad de nuestro territorio, son los valores que, de acuerdo con la Constitución de 2008, orientan las políticas gubernamentales.
Alguien debió decir al interior del gobierno que el tema de fondo son los TBI; que existe un informe de la CAITISA al respecto; y que, si no se quería creer en él, se contaba con los amplios estudios de la Cepal sobre esos tratados (https://bit.ly/2x1BFQO). Que, además, sobre la destrucción del medio ambiente amazónico podía tenerse como base para la defensa del Ecuador a la tesis doctoral de Fander Falconí, actual ministro de Educación, quien orgullosamente sostiene (https://bit.ly/2CLdKeS): “Los graves daños de Chevron en contra de nuestra población y ecosistemas son evidentes. Mi tesis doctoral (2001) documenta los daños sociales y ambientales. Debemos condenar el laudo arbitral y a los responsables, su contenido atenta contra los derechos de los habitantes Amazonía”.
Cabe esperar, por tanto, que el presidente Lenín Moreno ofrezca al Ecuador una posición nacional y soberana. Porque lo que a los ecuatorianos nos interesa es que en materia internacional se defienda el decoro nacional, el interés público, los derechos de los ciudadanos, contra los intereses privados y de cualquier empresa