Así es cómo se están robando los insumos agrícolas
Alba Tv|
La guerra contra el pueblo venezolano y la revolución bolivariana no sólo actúa a través del bloqueo económico y financiero y las sanciones externas. En el propio País, la corrupción y el saboteo internos están jugando un rol macabro, cuyas consecuencias son gravísimas.
La falta de insumos para el pueblo campesino en los canales regulares de distribución, y el sobreprecio de los insumos agrícolas presentes en el mercado negro – con la evidente participación de funcionarios públicos – atacan directamente no sólo la producción nacional sino el poder adquisitivo de todas las familias venezolanas. Porque, hay que recordar que son las comunidades campesinas y pequeños y medianos productores quienes están produciendo el 70% de los alimentos que llegan a la mesa de las familias venezolanas.
La dificultad para conseguir insumos agrícolas en los canales regulares y la obligación de adquirirlos de manera ilegal a altos precios, se va a reflejar en un calo de la producción agrícola y en un ulterior encarecimiento obligado de los alimentos. Constituye por lo tanto una evidente amenaza a la seguridad alimentaria de la Nación.
Justamente con el propósito de garantizar el acceso a los insumos agrícolas, en octubre de 2010 el gobierno bolivariano había expropiado la empresa Agroisleña, que detenía el monopolio en ese sector y especulaba sobre el precio de los productos.
De Agroisleña a Agropatria
Agroisleña, fundada en 1958 por familias provenientes de España, para inicio del siglo XXI “controlaba el 95,8 por ciento de la importación de semillas de cebolla, tomate y pimentón, y dominaba el 30 por ciento de los silos en todo el país, además del 28 por ciento de la distribución de semillas de cereales y oleaginosas del mercado nacional. Por si fuera poco, mantenían la distribución del 59 por ciento de los agroquímicos en todo el país. Esto explica el inmenso poder acumulado entre los miembros de la familia Fraga, quienes por más de 50 años abastecieron a los productores nacionales, condicionándolos a sus estrategias de mercado” se puede leer en una reseña de esa época.
“Agroisleña se mantenía en complot con un reducido grupo de compañías distribuidoras de insumos agrícolas y dominaba el mercado de los agroinsumos, manteniendo precios muy elevados […] y operaba como una especie de banco de segundo piso; es decir, utilizando los créditos que recibía por parte del Banco de Venezuela al 8 por ciento de interés, para posteriormente refinanciarlos a los productores agropecuarios con tasas del 13 por ciento” decía el artículo.
Por esos motivos, en octubre de 2010 el Presidente Chávez ordena su expropiación y nacionalización, en aras de garantizar el acceso -con precios justos – a recursos e insumos para la producción de alimentos, y así incidir en los costos de producción de agricultoras y agricultores, y por lo tanto en el costo de los alimentos.
¿Por qué hoy las comunidades campesinas no logran acceder a los insumos agrícolas de Agropatria? ¿Qué pasa hoy con Agropatria? ¿Por qué ya no está cumpliendo con sus objetivos?
En las zonas altas del estado Lara, en el municipio Morán, las familias campesinas y de pequeños y medianos productores se dedican al cultivo de las plantas de café y de caraotas, siendo éste último un rubro muy importante en el contexto actual, para la alimentación del pueblo venezolano. La mayor parte de los productores para su siembra utilizan fertilizante completo y urea. Sin embargo, en la sede más cercana de Agropatria, ubicada en la ciudad del Tocuyo, nunca hay fertilizante.
Pero, nos cuentan productores de la zona, que “en los pueblos llegan gandolas de 30.000 kg, cargadas con 600 sacos de abono completo y de urea, y se detienen en las casas de los bodegueros. Descargan los sacos, que son guardados en ciertas licorerías, y al día siguiente empiezan a venderlos con sobreprecio. Entonces el saco que en Agropatria costaría 600 mil bolívares (si se encontrara) de esta forma es vendido al precio de 8 millones de bolívares. Y ese precio exorbitante que está pagando la gente se va a ver reflejado luego en el precio del kilo de caraotas.”
Recorriendo la ruta al revés, ¿quién surte Agropatria? La producción de urea está en manos de la empresa nacional Petroquímica de Venezuela (Pequiven) y es el Estado quien la distribuye. Se supone que estando en manos del Estado tanto la producción como la distribución, eso debería ser garantía de que el producto llegue a quienes trabajan la tierra para asegurar la seguridad y soberanía alimentaria del País.
Comunidades campesinas, pequeños y medianos productores no pueden acceder directamente a los insumos que produce Pequiven, sino a través de Agropatria. Por el contrario, los grandes productores sí tienen acceso al fertilizante directamente de esta empresa.
El fertilizante producido por Pequiven, una vez producido en las plantas de la Petroquímica, es llevado en camiones para diferentes partes del País para ser embolsado. “Cuando salen de la planta y se van para el sitio definido, al llegar a destino los camioneros no descargan todo el fertilizante que hay en la tolva, dejando en ella una cantidad sustancial. Antes de regresar a la planta de Pequiven, se detienen en un sitio preciso, sacan el abono, lo ponen en sacos y le echan encima cáscara de arroz. Ese abono que se robaron lo venden, con gran sobreprecio, a productores en desespero porque no logran comprarlo en Agropatria mientras ya arrancó la temporada de siembra”, relatan.
“Eso lo hacen en complicidad con efectivos de algunos puestos de la Guardia Nacional Bolivariana: la cáscara de arroz sería una suerte de código “para que sepan que ahí no hay ningún problema.”
Así vuelven entonces a darse, para el pueblo campesino y productor en pequeña y mediana escala, algunos de los problemas que la creación de Agropatria iba a solucionar: el alto costo de los productos y el difícil acceso, esta vez producto de la corrupción de funcionarios públicos.
Las comunidades y organizaciones campesinas ya lo están planteando: no sólo hay que cambiar las autoridades responsables, debe haber además participación y contraloría social en ese proceso de producción y distribución de insumos agrícolas, a la base nada menos que de la seguridad y soberanía alimentaria del País.