Colombia quiere impedir que los alimentos y medicinas lleguen a Venezuela
Victoria Korn|
Tras la Cumbre de la OEA en Lima, el Ministerio de Hacienda colombiano y Departamento del Tesoro estadounidense anunciaron la creación de un “grupo de trabajo estratégico” con el objetivo único de perseguir la corrupción en Venezuela, liderado por la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) y con el apoyo de la inteligencia panameña y mexicana, países por demás permeados por el narcotráfico y la corrupción asociada al lavado de capitales.
Con la creación de este grupo, se continúan cerrando las puertas a Venezuela para que adquiera los alimentos que necesita, especialmente de los países vecinos, y sí declarar una emergencia humanitaria que de pie una injerencia extranjera o invasión.
Juan Manuel Santos, en la recta final de su mandato, es quien trata de imponer un tono agresivo para que Washington avance en fabricar un consenso regional para escalar las agresiones financieras contra Venezuela, tras el fracaso en Lima. Trata de cohesionar los gobiernos de derecha de América del Sur, tarea ardua ya que se enfrenta a una guerra de egos.
La suspensión de seis países de su participación en Unasur, foro donde una propuesta injerencista jamás lograría consenso, se suma a la preocupante presencia de siete bases militares de EEUU en Colombia y su condición de capataz en la industria trasnacional del narcotráfico.
El grupo puso su mirada sobre la importación de alimentos que realiza Venezuela e intenta convertirse en una herramienta diplomática para garantizar la implementación del bloqueo económico impuesto por EEUU que no sólo atacaría al gobierno Bolivariano, sino también a las empresas internacionales que comercien con el país.
Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda colombiano, señaló que “Este dinero sale de Venezuela para comprar alimentos, pero es retenido por un gran número de compañías y personas con vínculos con el régimen venezolano”. Dijo tener bien identificadas a las empresas colombianas que aún comercian con Caracas, y anunció que ampliarán sus investigaciones a países donde existen otras empresas que exportan alimentos hacia Venezuela.
De nuevo es Colombia la que bloquea las exportaciones que anualmente realiza hacia Venezuela: semillas, artículos de limpieza, medicinas y alimentos y Vhora el gobierno de Santos condena también al sector del agro colombiano que en gran medida se beneficia de la importación de fertilizantes desde Venezuela.
Según cifras oficiles, en 2017 300 mil dosis de insulina pagadas por el Estado venezolano no llegaron al país porque el banco estadounidense Citibank boicoteó la compra de este importante insumo, y también se interrumpió el desembarco de 18 millones de cajas CLAP (combo de 19 productos subsidiados con arroz, pasta, granos, aceite, leche en polvo, mayonesa y latas de atún) a Venezuela debido a las trabas impuestas por el sistema financiero estadounidense.
Asimismo, el laboratorio colombiano BSN Medical impidió la llegada de un cargamento de Primaquina – para tratar la malaria-, mientras 23 operaciones en el sistema financiero internacional fueron devueltas (39 millones de dólares para alimentos, insumos básicos y medicamentos), y en noviembre mil 650 millones de dólares destinados a la compra de alimentos y medicinas fueron secuestrados por la empresa de servicios financieros Euroclear.
La fachada es la lucha anticorrupción, pero la creación de este grupo tiene el objetivo no sólo de endurecer el bloqueo económico contra Venezuela, sino de darle un marco institucional a nivel diplomático a un conjunto de operaciones de bloqueo financiero que se han intensificado desde 2017 y que encuentran en Colombia un portavión clave.
La lucha anticorrupción
La realidad suele matar algunos sueños, porque donde estalló un escándalo de corrupción fue en las fuerzas militares colombianas, donde unidades de inteligencia adscritas al Comando General de las Fuerzas Militares, generales del Ejército y la Armada y hasta un ex comandante, fueron protagonistas de millonarios desfalcos durante más de cuatro años, sin que esta especialísima unidad –la UIAF- se percatara o creara un grupo con EEUU para investigarlos.
Es vox populi que buena parte de estos miles de millones robados provengan de los fondos que EEUU entrega anualmente través del Plan Colombia, para financiar la guerra.
Cuatro años atrás, también con Santos en la presidencia, se denunció que gran parte del dinero de los contratos adjudicados por el ejército colombiano entre 2012 y 2013 terminó en las cuentas bancarias de militares acusados de asesinar a centenares de personas. Todo parece indicar que la UIAF prefiere centrar los esfuerzos fuera de su jurisdicción.
*Periodista venezolana asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)