La farsa judicial decretó la dictadura en Brasil/ Crimen premeditado para extirpar a Lula de la historia
La farsa judicial decretó la dictadura en Brasil
Jeferson Miola|
El 24 de enero de 2018 tiene el mismo significado o el mismo efecto que el 13 de diciembre de 1968. La farsa judicial del tribunal de excepción de la operación Lava Jato hirió gravemente el Estado de Direcho.
Cuando el poder judicial pierde imparcialidad y se transforma en un órgano político de persecución a enemigos ideológicos, acaba la democracia y prevalece la insubordinación institucional y el oscurantismo.
El ajusticiamiento de Lula evidencia que el régimen de excepción evolucionó hacia una verdadera dictadura jurídico-mediático-policial. La truculencia de los tres justicieros en l acondena sin pruebas asombró al mundo.
Las posturas odiosas de aquellos verdugos que actuaron como fiscales de acusación y no como juzgadores justos e imparciales, son equiparables a las prácticas inquisitorias de la justicia militar en la dictadura anterior.
En diciembre de 1968, el régimen civil-militar apoyado por la Rede Globo decretó un Acto Institucional 5 para profundizar el golpe de 1964 e implantar el terror dictatorial que fue finalmente cerrado por la resistencia democrática en 1985.
Los golpistas de hoy, con togas y uniformizados de negro, no usaban trajes de fajina verde-oliva e tampoco empuñaban bayonetas; mas no por eso son menos violentos y menos nefastos para la democracia y el Estado de Derecho que aquellos que usurparon el poder en 1964.
Y no existe orden legal en el país; la Constitución fue detonada. Es mentira que todo transcurre dentro de la normalidad institucional, como afirman los golpistas. Estamos bajo la vigencia de un régimen de libre arbitrio de los medios hegemónicos liderado por la Red Globo y jueces, fiscales y policías federales tucano-emedebistas (o sea de ultraderecha).
La profundización dictatorial del régimen es la respuesta de los golpistas a la amenaza de la elección de Lula, hecho que interrumpiría este proyecto de poder antidemocrático, antinacional y antipopular que devasta a Brasil desde el fraudulento juicio político a la presidenta Dilma.
La comunidad jurídica internacional testimonia, aterrorizada, la destrucción del Estado de Direcho – la persecución mediática, jurídica y policial a Lula con el cínico pretexto del combate a la corrupción dejó esta verdad expuesta.
El abogado australiano Geoffrey Robertson compareció ante el TRF4. El representa a Lula en la ONU, y será condecorado por la rein Elisabeth por su notoriedad jurídica. Robertson resume la reacción del mundo ante la farsa operada en el tribunal de excepción del Lava Jato:
“Fue una triste experiencia ver que normas internacionales sobre el direcho a un juicio justo no parecen ser seguidas en el sistema brasileño. Una Corte de Apelación es una situación en l que tres jueces escuchan los argumentos sobre la decisão de un primer juez, que puede estar en lo cierto o no. Hoy los jueces hablaron cinco horas leyendo un script. Ellos tenían la decisión escrita antes de oir cualquier argumento. Nunca escucharon, entonces eso no es una sesión justa, no es una consideración apropiada del caso.
Tienen un juez que investiga el caso, define campos y acciones de investigación, para después también juzgar a la persona en el tribunal. Eso es considerado inacreditable en Europa; imposible, pues eso conculca el derecho más importante de quien se est´defendiendo: tener un juez imparcial en su caso.
Moro demonizó Lula, contribuyó para filmes y libros que difamaron al expresidente e incitó al público a apoyar su decisión. Moro jamas podría comportarse así en Europa. Después, divulgó a la prensa audios capturados de forma irregular, de conversaciones entre Lula y la ex-presidenta Dilma Rousseff. Pidió desculpas, mas inmediatamente debería haber sido retirado del caso.
Tengo experiencia con casos de corrupción y aquí, en esta sesión, no vi evidencias de corrupción. Fue una experiencia triste sobre el sistema jurídico brasileño”.
La dictadura está instalada en Brasil. A cacería mediática, judicial y policial hoy volteada contra Lula, en breve será una cacería diseminada contra cualquier crítico de la ditadura; contra cualquier activista social, contra cualquier ciudadano común en la lucha por direchps y libertad.
Las dictaduras no acostumbran economizar el uso de dispositivos autoritarios para diezmar quien amenace su existencia.
El terror mediático-jurídico es tn o m´s perverso que el terror militar. Cuando principios fundamentales – como el debido proceso legal, presunción de la inocencia y la carga de la prueba – son pervertidos, el ciudadno queda totalmente desprotegido, sujeto al arbítrio y lo peor de las tiranías.
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Un crimen premeditado para extirpar a Lula de la historia
Lula no fue juzgado por el TRF4; fue ajusticiado por la segunda instancia de la Operación Lava Jato. Al condenar a Lula en un proceso fraudulento, sin pruebas y con ritos manipulados, la judicatura brasileña profundiza el régimen de excepción y asume una fisonomía fascista.
La comunidad jurídica internacional, académicos, políticos, activistas sociales e intelectuales del mundo entero denuncian la implacable persecución jurídica y mediática de Lula. La judicatura brasileña, aun así, y a pesar de la alerta internacional, practicó un crimen premeditado, cuyo resultado era conocido de antemano.
Cuando decidieron forzar la anticipación del juzgamiento para este 24 de enero de 2018, los justicieros también ya estaban decididos a clavar el marcador de la condena por tres a cero, coherente con la estrategia de rápida consumación del crimen. La audiencia judicial, en este sentido, era una mera formalidad exigida para la escenificación judicial.
Las sentencias de los tres jueces se combinaban entre sí – en los elogios a los fiscales y al juez Moro; en el premio judicial a los delatores que mintieron para incriminar a Lula y que, por eso, tuvieron sus penas reducidas; en el aumento de la pena a Lula; en el desempeño como promotores de la acusación y no como jueces; y en el esfuerzo inútil de propagar y propagandear una falsa e inexistente imparcialidad del poder judicial.
Los medios hegemónicos, motor del golpe, lo sabían todo de antemano. Tanto que a las 10:18 horas de la mañana la red Bandeirantes publicó anticipadamente aquel resultado que sólo sería formalmente conocido después de las 18 horas, al final de la sesión.
En aquel justo momento, a las 10:18 horas del 24 de enero, el brillante abogado de Lula recién presentaba los argumentos de la defensa, y los jueces del tribunal de excepción ni siquiera habían presentado sus votos.
Lula fue víctima, por lo tanto, de una violencia brutal: condenado por unanimidad y, más grave, con pena aumentada a 12 años y 1 mes de prisión. La decisión unánime también fue calculada por los canallas: redujo los recursos de defensa, anticipó su prohibición para participar de la elección presidencial y la prisión inmediata se convierte en una amenaza tangible, apenas se cumplan los escasos plazos para los recursos.
Está claro como la luz del sol que el propósito de la Lava Jato desde su inicio nunca ha sido el combate a la corrupción, sino poner fin al ciclo de gobiernos progresistas inaugurado por Lula en 2003, que ha retirado a más de 40 millones de personas de la miseria .
El golpe de estado de 2016, que derrocó a la presidenta Dilma con el juicio político fraudulento patrocinado por Cunha, Temer, Aécio, Geddel, Fernando Henrique Cardoso y Padilha, fue la primera etapa de esta estrategia. La condena de Lula es la segunda etapa de este golpe que fue diseñado por el capital financiero en los centros de poder de EEUU.
Es innegable el activismo de fiscales, comisarios, jueces y policías federales del PSDB que instrumentalizan el cargo público para atacar y aniquilar a sus enemigos de clase. Los medios capitanearon la masacre implacable contra Dilma, Lula y el PT a lo largo de estos últimos años, y la Red Globo, como en el golpe de 1964, fue el capitán del abastecimiento de la democracia y del Estado de Derecho.
La condena del mayor líder popular de Brasil es la razón de ser de la oligarquía golpista sumisa a EEUU y al rentismo, y la operación Lava Jato es el instrumento para ello. La burguesía intolerante pretende prohibir a Lula no sólo de la elección de 2018, sino de la historia de Brasil.
Todavía es temprano para predecir los desdoblamientos de este arbitrio. Es cierto, sin embargo, que la interferencia mediática y jurídica en el proceso electoral puede agravar el conflicto en la sociedad y alterar la calidad de la lucha política y de la resistencia democrática en Brasil.
Lula no tendrá su candidatura impedida inmediatamente, porque deberá recurrir a otras instancias judiciales, pero sin la ilusión de conseguir revertir la tenebrosa injusticia, porque todo el aparato judicial brasileño, en todas instancias -incluso la Suprema Corte- está implicado en el golpe.
Con esta condena ilegal, Lula deberá intensificar la actividad política de masas, los actos, las caravanas y la formación de comités de solidaridad en todo el país. Eso podrá aumentar aún más la conciencias del pueblos de que Lula es víctima de una odiosa persecución, aumentando las posibilidades de que, aún condenado e impedido de ser candidato, Lula podr´pa elegir el candidato que represente el proyecto democrático-popular.
La prohibición criminal de Lula no soluciona el problema de la clase dominante, que continúa sin contar con un candidato competitivo y viable electoralmente. Por eso, no se puede despreciar la hipótesis de que, de persistir la inviabilidad electoral de la derecha, se profundice la dinámica fascista y autoritaria con, por ejemplo, intentos de prescripción del PT.
En caso de materializar el intento de prisión ilegal de Lula, la clase dominante podrá abrir las puertas del infierno. Este mito vivo, llamado Lula, será entonces transformado en el Nelson Mandela de Brasil.
En la era Lula, quedó escaso el stock de empleadas domésticas humilladas y esclavizadas por la clase media y por una burguesía esclavócrata. ¡Eso es una ofensa imperdonable!
*Integrante del Instituto de Debates, Estudios e Alternativas (Idea) de Porto Alegre (Brasil), fue coordinador-ejecutivo del 5º Fóro Social Mundial y Director de la Secretaría Administrativa del Mercosur. Distribuido por el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)