Argentina: debate en el Congreso, razzia en la ciudad
Mario Wainfeld
Esta columna se entregó cerca de las once de la noche de ayer, antes de saber el resultado de la sesión en Diputados. Todo indicaba que el proyecto de Reforma Previsional sería aprobado pero el cierre nos impide dar por hecho lo no sucedido. También se multiplicaban los “ruidazos”, cortes de calle y cacerolazos por toda la ciudad.
El oficialismo consiguió quórum pronto, cuando habían pasado solo quince minutos de la hora de iniciación. El presidente de la Cámara, Emilio Monzó, mandó izar la bandera y cantar el himno. Ostentaba tranquilidad, sabedor de que se venía una seguidilla de cuestiones de privilegio y pedidos reglamentarios de la oposición.

Todas las tácticas forman parte de la dinámica parlamentaria, en 34 años se han visto cambiar los roles. Los argumentos cambian de dueño según el rol que se esté desempeñando.
La de ayer distaba de ser, empero, una sesión clásica o tan siquiera normal. Estaba condicionada, entre otros factores, por la feroz jornada del jueves pasado. Con el correr de las horas, la historia se repitió.
El debate sobre el texto empezó casi cinco horas después del inicio. A esa altura las Fuerzas de Seguridad andaban de cacería, en un coto que se extendía mucho más allá de las inmediaciones del Congreso.
Se repitió lo que viene siendo regla: la virulencia del macrismo para enfrentar a la protesta social con armas en la mano, sin autocontrol y con una conducción política que parece solazarse cuando los uniformados se ensañan.
El Gobierno estaba decidido a sacar la ley en cualquier contexto, con una mayoría estrecha y una repulsa ciudadana creciente.
En las calles se amuchaban organizaciones sociales, partidos de izquierda, kirchneristas, agrupaciones de jubilados, veteranos de Malvinas, gente común no encuadrada. Una muestra plural de adversarios de la Reforma y de damnificados directos.
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Paro y propuesta: A la mañana Juan Carlos Schmid, uno de los tres Secretarios Generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), anunció el paro general de 24 horas que corre entre el mediodía de ayer y el de hoy. El cronograma de la medida obedece y replica a la urgencia que imprimió el Gobierno.
Schmid, que sabe ser buen orador, arrancó confuso, tal vez nervioso. Hasta se confundió con el horario, pero luego retomó el hilo y elaboró un buen discurso, en el que fustigó el proyecto de ley, la violencia, el programa económico y la falta de voluntad de diálogo del Gobierno.
Sorprendió con una propuesta política: pidió una consulta popular para que sea la ciudadanía la que dirima la pulseada. Apeló a una herramienta interesante, prevista en el artículo 40 de la Constitución de 1994, oxidada por la falta de uso.
El sistema político nacional y casi todos los provinciales habilitan modalidades de democracia directa o semidirecta, la praxis de sucesivos gobiernos las desestima. Hay precedentes a nivel de provincias o municipalidades, sobre todo para decidir la “licencia social” a actividades económicas cuestionadas por dañar el medio ambiente. Casi siempre, las sociedades respectivas se expidieron por el rechazo. La tendencia reconoce excepciones: hace dos días los habitantes de Sierra Grande, una ciudad de Río Negro, votaron a favor de la instalación de una planta nuclear en consulta no vinculante ni obligatoria.
En cualquier caso, se trata de una herramienta valiosa, que enriquecería al sistema.
La iniciativa cegetista conlleva dos funcionalidades positivas. Ponerla en práctica para zanjar una polémica que atañe a millones de personas y a muchas más en años futuros, por un lado. Por otro, trascender el espacio de la crítica y sugerir una vía de salida.
Victorio Paulón –diputado del Frente para la Victoria (FpV) y dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)– llevó la idea al recinto, la sustentó mediante un proyecto de ley. Su moción de tratamiento inmediato fue rechazada, como era esperable pero quedará como un eje de discusión interesante y sistémico.
La CGT reaccionó tarde frente a la Reforma, aunque siempre la cuestionó. Pero, una vez puesta en movimiento, actuó con firmeza, desafiando cuestionamientos internos, que seguramente se agravarán en las próximas semanas. Y ofertó salir del laberinto por arriba.
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Pocos pero no representativos: Es innegable la representatividad de la CGT, de las dos CTA y de los movimientos sociales para resistir el avance de la Reforma. Los afectados son trabajadores, formales, informales o desocupados. Algunos ya retirados, otros próximos a jubilarse, jefas de familia que perciben la Asignación Universal por Hijo, beneficiarios de un haz de pensiones. Distintos estamentos de la clase trabajadora del siglo XXI, fragmentada por los cambios económicos acaecidos en el mundo y en la Argentina. El presidente Mauricio Macri dispuso no consultarlos, los puenteó. Los suplió, por así decir, por los gobernadores. Se adujo que el Pacto Federal firmado con ellos acordaba una aprobación a priori (a libro cerrado) de la propuesta. Es falso conceptualmente porque carecen de legitimidad para intervenir. También fácticamente porque el Pacto no dedica una línea al tema.
En verdad, a los gobernadores se les propuso un trueque usando a los jubilados como rehenes: presionar a los legisladores nacionales que siguen sus directivas, a cambio de beneficios o salvavidas financieros.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio (nieto) sudó la gota gorda juntando “para la foto” a 13 mandatarios provinciales, de los cuales solo ocho son opositores u opo oficialistas. Representatividad capciosa y escasa aunque necesaria para juntar votos en el recinto.
De nuevo: lo más impugnable es haber dejado fuera de la conversación a las dirigencias gremiales y sociales mientras se arreaba a los gobernadores. De mala praxis política hablamos, no de delitos como los cometidos por las Fuerzas de Seguridad ni de inconstitucionalidades que agravan la injusticia de la Reforma.
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Ganadores y perdedores, hablando en plata: Macri y su elenco aducen que es necesario reducir el déficit y reasignar recursos. Que una parte importante de la sangría de fondos a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) se transferirá a las provincias, en especial a la de Buenos Aires. Es una descripción parcial, con más agujeros que un queso Gruyere.
El primer agujero negro es que el Gobierno, al unísono, renuncia a percibir tributos, aumentando el déficit.
Dentro del sistema previsional, establece un mínimo no imponible para las cargas patronales, que se incrementará cada doce meses, durante cuatro años. Los empresarios pagarán menos, los titulares de derechos sociales cobrarán menos. La transferencia es directa, sin mediaciones.
La disminución de las retenciones a la soja es, apenitas, menos lineal. Suben las ganancias de los productores en detrimento de los ingresos fiscales. El dinero es fungible, la seguridad social se cubre con plata de la Anses y otros recursos del Tesoro Nacional. La “renuncia” priva al Estado de una cifra multimillonaria en dólares (cuya estimación dejamos a los especialistas) que podría achicar la sangría al presupuesto social.
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La fórmula que no cierra: Macri reconoció tácitamente la pérdida de valor adquisitivo de las jubilaciones futuras al prometer un bono compensatorio, pagadero una sola vez sin acumularse al valor de la prestación.
Estudios realizados por centros académicos o por periodistas de variadas banderías comprobaron que la compensación es nimia. Todos los jubilados, los beneficiarios de AUH y pensionados siguen perdiendo porcentajes enormes del valor real de sus haberes, comparado con lo que venían cobrando. En muchos casos, la quita es confiscatoria, lo que motivará un aluvión de demandas judiciales.
Un ejemplo irritativo, aunque no el único injusto, es de las personas que se acogieron a la moratoria legislada en la etapa kirchnerista. Se les reconoce la mitad del bono que le toca a quienes pagaron más de 30 años de aportes. La discriminación negativa carece de base legal: todos los jubilados tienen los mismos derechos y necesidades.

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El programa y el salvajismo estatal: Si la Reforma se hace ley, el Gobierno habrá impuesto su mayoría parlamentaria. La integración del Congreso expresa el voto popular y faculta al oficialismo aún para impulsar normas regresivas o reaccionarias. No a impedir que se critiquen o se acuda a la acción directa para resistirlas.
El precio político que pagará por imponer su voluntad puede ser alto. Tiró por la borda su fachada dialoguista. Consiguió empujar a la oposición a partidos que lo acompañaron bastante desde 2015. También empujó hacia la vereda de enfrente a la CGT y al conjunto de los movimientos sociales. Fortificó adversarios dispersos y confundidos tras las elecciones: propició que se unieran en la acción.
Las paritarias del año que viene, las tratativas con los movimientos sociales serán más enconadas, porque se perdió la confianza. Y encima, se agredió físicamente a algunos de sus dirigentes, militantes y bases.
El macrismo y los Multimedios de Mauricio Yrigoyen alegan que la violencia desatada ayer es culpa exclusiva de quienes perdían la votación en el recinto. Los heridos, los maltratados, los perseguidos, los vejados serían en verdad una horda golpista que quiso cerrar el Congreso. Equiparan la responsabilidad de algunas personas que ejercieron violencia, ayer cientos entre decenas de miles a la estatal, por definición más grave.
Una cronología sencilla desmantela la narrativa oficial.
La represión contra la movilización del 8 M (paro internacional de mujeres) nada tuvo que ver con la dinámica parlamentaria.
Tampoco las que provocaron la muerte violenta de Santiago Maldonado y el homicidio de Rafael Nahuel, a manos de la Gendarmería y la Prefectura, respectivamente.
La razzia masiva del primero de septiembre se produjo en la Plaza de Mayo en una marcha por la desaparición de Maldonado.
Hay otros ejemplos que ahorramos solo por razones de espacio.
Solo dos casos entre tantos de barbarie estatal se vinculan con la Reforma. Los otros “castigaron” protestas o reclamos por otras motivaciones, incluyendo los que tuvieron desenlace fatal.
La represión forma parte del programa macrista, es un modus operandi cotidiano y va escalando. Tal vez ese dato sea peor que la Reforma Previsional, más allá de que están vinculados.
Antes del cierre de esta nota, un cacerolazo atronaba en la Ciudad Autónoma, el bastión de Cambiemos.
Foto: Martin Zabala – Xinhua