La Revolución Bolivariana y la cuestión de las tierras indígenas

Desde sus inicios, con la aprobación de la Constitución de 1999, la Revolución Bolivariana asume las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas, marcando un hito en la historia no sólo del país, sino de Nuestramérica entera. Un elemento clave ha sido el complejo proceso de demarcación de sus tierras y hábitat, aún en desarrollo: entre tropiezos, dificultades y deudas, pero también avances y aprendizajes.

Un caso emblemático ha sido el del pueblo Yukpa de la Sierra de Perijá (estado Zulia) quien protagonizó su proceso de rescate de las tierras ancestrales enfrentándose al poder de los ricos ganaderos. Hoy las comunidades yukpa están viviendo una situación de persecución por parte de ganaderos y terratenientes a raíz de su lucha por la tierra y prueba de que el proceso aún no ha concluído. Desde Alba TV generamos una alerta y un llamado directo al Ejecutivo, a la Fiscalía General de la República, al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y a las demás instituciones pertinentes.

Una apuesta a contracorriente

El genocidio y el despojo han sido una constante en el continente, desde la invasión española hasta el presente: inicialmente en función de los intereses de las coronas europeas y sus financistas, y luego de las oligarquías locales, las corporaciones transnacionales y los grandes capitales. El tema clave ha sido y sigue siendo uno: el territorio, con sus recursos naturales y geoestratégicos.

El discurso racista, funcional al despojo, no ha variado mucho: si los invasores europeos, para poder usurpar las tierras, justificaban su violencia diciendo que los pueblos indígenas “no tienen alma” y por lo tanto “no son seres humanos”, hoy sus territorios a los ojos del capital siguen siendo “tierra de nadie” y los pueblos que los habitan no tienen voz en capítulo frente a los intereses depredadores[1]. Es más, las luchas indígenas son presentadas como ilegítimas, altamente criminalizadas y objeto de represión, como se puede ver en algunos ejemplos actuales: la experiencia insurgente zapatista en Chiapas; la lucha del pueblo mapuche en Chile y Argentina; la resistencia de las organizaciones indígenas ambientalistas en Honduras; la reciente rebelión de la Gran Nación Sioux en Estados Unidos; entre muchísimas otras más a lo largo y ancho de todo el continente.

En este contexto, el proyecto Revolucionario Bolivariano desde sus inicios se propone avanzar en contracorriente: apuesta a ser una alternativa al neoliberismo imperante y a sus políticas depredadoras; reivindica como legítimas las luchas por la justicia social, desde la diversidad de las experiencias que las componen, incluyendo a las indígenas; establece como pilar de su sistema político la participación protagónica del pueblo desde su carácter multiétnico y pluricultural.

Con el proceso constituyente de 1999, también se reivindica como clave el derecho de los pueblos y comunidades indígenas sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, consideradas como necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida[2]. El artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Crbv) reconoce, en este sentido, la relación directa entre la continuidad cultural de los indígenas, la preservación de su hábitat [3] y el uso y manejo de sus territorios. En ese mismo artículo se especifica la demarcación y el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras [4] como responsabilidad conjunta del Poder Ejecutivo y los pueblos indígenas.

La propuesta, llevada al proceso constituyente por las organizaciones indígenas, choca de inmediato con quienes se han venido nutriendo del despojo: “la oligarquía pagaba páginas enteras en los diarios y propagandas de televisión con un mapa de Venezuela coloreado tergiversando la propuesta y diciendo que Chávez iba a partir a Venezuela en pedazos porque le iba a entregar más de la mitad del territorio a los indígenas y que eso era atentar contra la unidad del Estado” relata pocos años después el mismo Presidente Chávez [5].

La realidad con la cual se enfrenta el proyecto revolucionario en sus inicios está marcada por la presencia de enormes latifundios en mano de la burguesía venezolana y empresas extranjeras: enormes cantidades de tierra de las cuales las comunidades indígenas han sido desplazadas. El caso más sonado es el del Hato La Vergareña, en el estado Bolívar: se trata del mayor latifundio a nivel nacional, con 187.000 hectáreas (casi dos veces la Isla de Margarita), adentro del cual resistían tres pequeñas comunidades pemón.

Es evidente como el tema de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y hábitat, se relaciona desde luego con el proceso de democratización de la propiedad de la tierra. En este sentido, la lucha de los pueblos indígenas ha venido caminando al lado de las reivindicaciones de los movimientos campesinos, pero aportándole también nuevos elementos, como la dimensión más integral del “hábitat”, que supera el concepto de “reforma agraria” limitada a la propiedad y a la producción. Junto con el tema de las propiedades colectivas es un aporte fundamental para el desarrollo de un nuevo concepto territorial, intrínseco por ejemplo a la propuesta de las Comunas, tanto rurales como urbanas, y a la construcción de un nuevo modelo productivo post-capitalista.

El proceso de demarcación de los territorios indígenas

La demarcación y la consiguiente titularidad colectiva de las tierras que desde tiempos ancestrales ocupan los pueblos indígenas es asumida por la Revolución Bolivariana, en palabras del Comandante Chávez, como una política de Estado, que apunta a saldar una deuda histórica de justicia social.

Para hacer efectivo el derecho constitucional de los pueblos indígenas sobre sus tierras, el Gobierno Bolivariano decreta el 12 de enero del 2001 la “Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas” y conforma, por decreto presidencial, la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas el 9 de agosto de ese mismo año[6]. Sin embargo, hay que esperar hasta los años 2005-2007 para que se vean los resultados de los primeros procesos de demarcación y se realizcen las primeras entregas de los títulos de tierra[7]. Según la disposición duodécima de la CRBV, el proceso de demarcación de las tierras y hábitat indígenas debería haberse realizado en un lapso de dos años, pero la realidad ha demostrado la ingenuidad de la expectativa; de hecho, se trata de un proceso aún en desarrollo.

Las dificultades iniciales en parte remiten al carácter inédito del proceso de demarcación, tanto para el Estado venezolano como para los pueblos indígenas. Otro factor determinante de la demora ha sido la falta de un procedimiento establecido para poder llevar a cabo el proceso de demarcación, lo cual se hará explicito sólo a partir de 2005, en el marco de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci). El tamaño de las extensiones de tierra a otorgar y el tipo de titulación (colectiva, inalienable, imprescriptible, inembargable e intransferible) también son señalados como factores de atraso en el proceso de demarcación de hábitat y tierras indígenas.

En muchos casos, también han jugado un papel importante la presencia en el territorio de poderes fácticos fuertes con intereses opuestos. A pesar de las dificultades, en los años de gestión del Presidente Chávez, hasta agosto 2012, se titularon 1,81 millones de hectáreas para las comunidades indígenas, correspondientes al 6% de los 30 millones de hectáreas aptas para agricultura, ganadería y producción forestal con las que cuenta el País [8]. Durante los cuatro años del Gobierno de Nicolás Maduro, la demarcación de tierras ha seguido, hasta alcanzar, en agosto de 2016, la cifra total de 3, 28 millones de héctareas de tierras demarcadas para los pueblos indígenas[9].

Sin embargo, así como pasó con los movimientos campesinos al ser promulgada la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, muchas comunidades y pueblos indígenas decidieron llevar la batuta desde el inicio, realizando procesos de autodemarcación de sus territorios para luego ser presentados a la Comisión Nacional de Demarcación y ocupando las tierras de las cuales habían sido desplazados en el pasado más reciente: es el ejemplo de las comunidades Yukpa de la cuenca del Río Yaza, en el estado Zulia.

La lucha del pueblo Yukpa por la tierra

El pueblo indígena Yukpa, de etnia Caribe, es uno de los 42 pueblos originarios venezolanos[10]. Actualmente habita la Sierra de Perijá, en la frontera entre Venezuela y Colombia, pero medio siglo antes de la invasión española su territorio abarcaba desde el lago de Maracaibo hasta el río Cesar, en Colombia. Con la colonización empezó el proceso de despojo de su hábitat y de su territorio, obligando sus comunidades a dejar las tierras planas y arrinconándolas hacia el piedemonte y las montañas. Por el lado venezolano, el pueblo yukpa se distribuye mayoritariamente en el Municipio Machiques de Perijá, en las cuencas medias y altas de los ríos Apón, Negro, Yaza y Tukuko.

Allí, a lo largo de casi todo el siglo XX, las comunidades yukpa viven un nuevo proceso de colonización y desplazamiento forzoso: entre 1920 y 1970 los gobiernos nacionales que se suceden – desde la dictadura del General Juan Vicente Gómez, a la de Marcos Pérez Jiménez hasta los gobiernos del Pacto de Punto Fijo- asignan enorme extensiones de tierras a familias pudientes para la instalación de haciendas ganaderas, desalojando a la fuerza a las comunidades indígenas que allí vivían. Es en ese contexto, ya desde los años 40, que empiezan las luchas del pueblo Yukpa por la recuperación de su territorio, a través de constantes intentos de ocupación de los potreros más alejados [11] y la resistencia al hostigamiento y violencia de los hacendados. La zona de mayor conflicto es la cuenca media del río Yaza, por la grande cantidad de haciendas allí instaladas, de las cuales a finales de siglo muchas se encuentran en estado de abandono o presentan un uso indebido de las tierras.

Con la llegada de la Revolución Bolivariana y el proceso de demarcación de tierras indígenas, las comunidades yukpa, en particular modo las del río Yaza, empiezan un proceso más sistemático de ocupación de las haciendas para su rescate: entre 2001 y 2009 logran ocupar unas diez, pero el proceso de demarcación conjunta entre Estado y comunidades tarda en arrancar. A este proceso reivindicativo, los terratenientes agrupados en la asociación Ganaderos de Machique (Gadema) [12] responden con la violencia, el sicariato, la criminalización de la lucha indígena, en complicidad con las autoridades locales, en especial modo la Fiscalía. La situación que vive el pueblo Yukpa es agudizada además por la presencia, en esta zona fronteriza, del paramilitarismo colombiano y el narcotráfico, sin mencionar la posible amenaza de explotación carbonífera y de otros recursos del subsuelo, que por el momento se ha logrado contener[13].

En julio de 2008, el ganadero Chávez Vargas y sus sicarios realizan un ataque a la comunidad yukpa de Chaktapa, en represalia por la ocupación de una de las haciendas de su familia. A raíz de la golpiza recibida en el ataque, a los días muere el centenario José Manuel Romero, padre del cacique Sabino Romero Izarra. La movilización en solidaridad a las comunidades yukpa por parte de organizaciones sociales y movimientos populares aliados contribuye en visibilizar la gravedad de la situación, hasta que el mismo Presidente Chávez, en agosto de 2008, interviene ordenando al gabinete ministerial demarcar las tierras del pueblo yukpa, llamando a capítulo la Comisión Nacional de Demarcación, y advirtiendo que si hay que expropiar las tierras de los supuestos propietarios, el gobierno lo hará en beneficio de las y los indígenas: “Qué nadie tenga dudas: entre el hacendado y el indio, este gobierno se queda con los indios”[14].

Una primera medida es la definición de una poligonal que delimita alrededor de 41.630 hectáreas entre el Parque Nacional Sierra de Perijá y las tierras llanas ocupadas por las haciendas ganaderas, – incluyendo dos de ellas – para tres comunidades de la cuenca del río Apón (Shirapta, Aroy y Tinacoa). El 12 de octubre de 2009 se entregan los títulos de tierra, junto con camiones y créditos agrícolas. La medida es criticada por la visión agraria que la sustenta y por ser incompleta y aportar más motivos de división en seno al pueblo Yukpa. Las autoridades encargadas – el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MinAmb) – explican esta última decisión en base a la necesidad de empezar a otorgar los títulos: “no podíamos esperar hasta que todos estuviesen de acuerdo. Por ello, comenzamos a trabajar con las comunidades que ya no presentan conflictos y que vienen demandando la conclusión del proceso de demarcación”[15].

Los conflictos con los terratenientes ganaderos siguen, y dos años más tarde, el 12 de octubre de 2011, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) ejerce una medida de rescate sobre 25 haciendas en el Municipio Machiques, que incluyen las diez haciendas ocupadas entre 2001 y 2009. La medida abarca un total de 15.800 hectáreas y se prevé entregar las haciendas a las comunidades yukpa dos meses más tarde: sin embargo, el pago de las bienhechurías es pospuesto.

Para reclamarlo, en noviembre de 2012 una delegación de más de 60 indígenas yukpa se traslada a Caracas: aún no se han pagado las bienhechurías de las haciendas y parcelas cuyos títulos de propiedad colectiva fueron entregados en 2009 y 2011. Se critica a la Comisión Nacional de Demarcación de no hacer participe a las comunidades yukpa en el proceso, y se solicita la ampliación del territorio demarcado que deja por fuera muchas comunidades. La delegación también exige justicia en los siete casos de asesinatos sufridos por el pueblo Yukpa hasta ese momento, ligados al proceso de rescate y demarcación de las tierras.

El 3 de marzo de 2013, Sabino Romero Izarra, figura emblemática de la lucha por el rescate del territorio Yukpa, es asesinado por sicarios al sueldo de los ganaderos de GADEMA. Pocos meses despúes, el gobierno bolivariano, en la gestión del Presidente Nicolás Maduro, reanuda el proceso de adquisición de las tierras solicitadas, el cual finaliza el 25 de septiembre de 2015, con la entrega de los títulos de 38 haciendas como propiedades colectivas.

Algunas de las tierras solicitadas para su rescate han quedado por fuera, y en diciembre de 2015 la Comisión Nacional para la Demarcación establece el pago de las bienhechurías de las haciendas que faltaban por cancelar, ocupadas o solicitadas por las comunidades yukpa. Sin embargo, al cambiar el Vicepresidente Ejecutivo (quien preside la comisión), en enero de 2016, queda estancado nuevamente el proceso y sigue la violencia al sueldo de los ganaderos hacia las comunidades yukpa aledañas a las tierras ocupadas. A esto se suman otros factores ligados al proceso de lucha, que siguen atentando a sus derechos.

La lucha continúa

La luchadora yukpa Lucía Martínez, de la comunidad de Chaktapa, en una reciente entrevista pone en la mesa las aristas de este proceso, que aún están afectando sus comunidades.

La primera tiene a ver con la amenaza constante por parte de los ricos ganaderos, con los cuales siguen compartiendo el territorio. “Todavía tenemos problemas con los ganaderos. Allá en Machiques, los ganaderos no nos respetan porque somos indígenas” cuenta Lucía, “pero ese territorio es de nosotros los indígenas, no de los ganaderos. Esta tierra para nosotros es sagrada porque en ella están nuestros abuelos, nuestros ancestros. Nosotros queremos andar libres en nuestras tierras, y que en futuro nuestros nietos también puedan hacerlo”.

Respecto a la demarcación de las tierras han habido grandes logros, pero aún no se ha completado y falta entregar parte de las tierras al grupo de Sabino, conformado por diez comunidades del centro originario de Chaktapa. Son cinco haciendas, para las cuales no se han pagado las bienhechurías, aunque ya se hayan hecho los avalúos respectivos y los estudios de infraestructura.”Se trata de las haciendas Mi Deleite, Las Delicias, Araguaney, Barranquilla y el Carmen ” detalla Lucía”¿Por qué no les pagan las bienhechurías, para que se puedan ir tranquilos? Así nosotros también podremos vivir tranquilos en nuestras tierras.”

“Los ganaderos nos están matando, ya diez de nosotros han muerto” cuenta Lucía “Todos los días recibimos amenazas. Estamos muriendo por nuestro territorio, los muchachos jóvenes están muriendo. Yo me vine para Caracas para decirle esto al Presidente, porque cuando el Presidente dice «Nosotros estamos con los indígenas», nosotros también decimos: «Nosotros estamos con el Presidente» Los ganaderos nos dicen que somos salvajes, pero nosotros también tenemos boca para hablar ”.

Lucía denuncia la impunidad de la cual gozan:“¿Por qué no están presos los ganaderos que mataron a Sabino? Ellos están libres” dice Lucía, quien fue su compañera de vida. Por la muerte de Sabino fueron llevados a juicio y condenados los autores materiales: 5 funcionarios policiales del Municipio de Machiques (condenados a 6 años en 2014) [16] y el sicario Angel Romero Bracho, alias “El Manguera” (condenado a 30 años en 2015). Todos ellos estuvieron identificados como sicarios y guardaespalda de ricos ganaderos pertenecientes a Gadema, señalados éstos como los autores intelectuales del asesinato y para los cuales estaba pautada una tercera parte del juicio para finales de 2015. Sin embargo, en junio de 2016 el Ministerio Público cierra el caso del asesinato de Sabino, sin haberlos llevado a juicio.

Además de José Manuel Romero (2008) y de Sabino (2013), ocho integrantes más de las comunidades Yukpa han sido asesinados en el marco del proceso de rescate de las tierras: Darío Segundo Fernández [17] (2011); Wilfrido Romero, Lorenzo Romero Ramos[18] , Alexander Fernández Fernández, José Luis Fernández Fernández y Leonel Romero [19] (2012); José Antonio González [20] (2013); Cristóbal Fernández [21] (2014). Se denuncia que todos los expedientes legales relacionados con sus muertes hayan sido “engavetados”, perpetrando la impunidad de los culpables. En particular ha sido señalado varias veces el tráfico de influencia generado por Gadema sobre las instituciones locales, en especial modo la Fiscalía 20 de Machiques. En junio de 2015 un pequeño equipo de fiscales comenzó a recoger los expedientes dispersos con la intención de hacer justicia, sin embargo uno de ellos fue removido de su cargo y el trabajo quedó paralizado.

El tráfico de influencia de los ganaderos estaría también a la base de la abertura de expedientes legales en contra de algunos integrantes de las comunidades Yukpa, en particular los jóvenes. “Los ganaderos los están denunciando y los están haciendo meter presos”, advierte Lucía. Dos de sus hijos, Samuel e Isidro Romero, tienen orden de aprehensión desde que eran adolescentes, y no pueden transitar libremente.

“En la actualidad, 2017, fui detenido el 4 de julio y gracias a la intervención del entonces ministro Jorge Arreaza pude lograr mi libertad, pero aún estoy solicitado por tribunales” escribe Samuel Romero, estudiante de la Universidad Indígena del Tauca, en una carta dirigida al nuevo Fiscal General de la República, Tarek William Saab. “A mediados de agosto detuvieron y aún permanecen en la cárcel de Maracaibo dos jóvenes yukpa que, al igual que a mí, se nos ha criminalizado, perseguido y ahora solicitados por los Tribunales de Justicia.” sigue Samuel, solicitando al Fiscal General que “todos estos casos, que nosotros consideramos injustos, sean tratados a brevedad e imparcialidad y con el mayor sentido de justicia”.

Los dos jóvenes yukpa encarcelados y mencionados en la carta son Rodolfo y Leonardo Fernández Fernández, dos de los tres hijos aún vivos de la cacica de Kuse, Carmen Anita Fernández. Fueron detenidos a golpes por efectivos policiales en Machiques el pasado14 de septiembre, cuenta Lucía: “los agarraron y no sabemos porqué. El policía en Machiques nos dijo que habían robado un carro, pero los muchachos no saben manejar carros. ¿Y por qué no están presos los que mataron a los otros hijos de Anita?”. Lucía denuncia el abuso policial hacia los dos jóvenes presos: presentan marca de golpes, se les impide recibir las visitas familiares y no han tenido acceso a interpretes (como establece la CRBV, la LOPCI y la Ley de Idiomas Indígenas).

“Recordemos que a raíz de la muerte del cacique Sabino, hay cinco efectivos de la Policia de Machiques privados de libertad, cumpliendo una condena de seis años de cárcel” escribe María de los Ángeles Peña, coordinadora académica de la Universidad Indígena del Cauca, contextualizando los hechos y recordando que el sicario de Sabino, condenado a 30 años de cárcel, también trabajaba en acciones encubiertas para el Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) de la Guardia Nacional Bolivariana. Ensañarse contra los jóvenes yukpa sería entonces una forma de venganza.

“Los ganaderos andan libremente, allá en el Zulia. Pero a nosotros, cuando caminamos nos quieren meter presos, para poderse quedar con nuestras tierras. Nos quieren matar, como mataron a Sabino” afirma Lucía. Actualmente se hacen cada vez más graves las amenazas hacia la cacica d Kuse Carmen Anita Fernández. Para ella en dos ocasiones el tribunal ha emitido medidas de protección, pero en ambas ocasiones se le ha negado la custodia permanente.

“Nosotros somos indígenas, pero los policías también son indígenas, sólo que están bastante mezclados y por eso no nos entienden y nos dicen que somos salvajes. Están perdidos.” sigue Lucía. “Estamos mandando nuestros hijos a estudiar: para que hagan sentir nuestra voz. Hay indígenas que estudian y se ponen en contra de uno; o manipulan a los demás porque no hablan castellano; o no entienden la importancia de que este territorio sea de nosotros. Nosotros no queremos que nadie nos manipule. Lo que queremos es ser libres, dedicarnos a nuestra cultura, con nuestros cantos y nuestros bailes, como están haciendo otros pueblos indígenas.”

Notas:
[1] La violencia del despojo y del asesinato cultural, también se ha dado a través de las misiones evangelizadoras, desde las órdenes católicas hasta organizaciones transculturizadoras, con objetivos geoestratégicos y colonialistas como las Nuevas Tribus, presentes en el territorio venezolano desde 1946 y expulsadas del País por la Revolución Bolivariana en 2005. 
[2] Art. 119, Capítulo VIII “DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS”, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999.
[3] El concepto de Hábitat Indígena define la totalidad del espacio ocupado física, cultural y simbólicamente por los pueblos indígenas para garantizar sus formas de vida. El concepto de Tierras Indígenas se refiere a los espacios físicos habitados tradicional y ancestralmente por los pueblos y comunidades indígenas. 
[4] Art. 119, Capítulo VIII “DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS”, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999.
[5] Discurso del Foro Social Mundial de Porto Alegre, 2003.
[6] Caballero Arias, Hortensia. (2007). La Demarcación de Tierras Indígenas en Venezuela. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 13(3), 189-208. En http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-64112007000300013&lng=es&tlng=es
[7] Estos primeros 32 títulos representan 939.313 hectáreas de tierras otorgadas a comunidades indígenas que conforman una población de 9.107 personas. 
[8] “Durante mandato de Chávez se reconoció los derechos políticos de los Pueblos Indígenas”, Especiales AIPIN, Marzo 5, 2013 en https://movimientos.org/es/content/durante-mandato-de-ch%C3%A1vez-se-reconoci%C3%B3-los-derechos-pol%C3%ADticos-de-los-pueblos-ind%C3%ADgenas
[9] Datos presentados por la Presidenta del Parlamento Indígena de América Aloha Nuñez el 9 de agosto de 2016, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En http://www.radiomundial.com.ve/article/pueblos-ind%C3%ADgenas-conocimos-la-libertad-y-verdadera-independencia-con-ch%C3%A1vez
[10] Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2011, en Venezuela hay 51 pueblos indígenas, de los cuales 42 originarios y 9 foráneos, por una población indígena total de 724.592 personas. 
[11] De esta forma, por ejemplo, son fundadas las “históricas” comunidades de Kasmera, Botoncha y Chaktapa.
[12] La organización Ganaderos de Machique (GADEMA) es un ente adscrito a la Federación Nacional de Ganaderos (FEDENAGA), bastión de la derecha venezolana y acusada por los frentes campesinos de ser la financista de los sicarios que han asesinado a la mayoría de los campesinos desde 2001.
[13] Una de las aristas del proceso de demarcación de tierras y hábitat indígenas está centrada en el derecho del Estado respecto a la explotación de los recursos del subsuelo, cuyo impacto ambiental afectaría a las comunidades.
[14] Aló Presidente n. 318, del 24 de agosto de 2008.
[15] Prensa MinAmb “Comunidades Yukpas obtendrán titularidad de tierras este año”, en https://www.aporrea.org/medios/n142873.html
[16] Se ha solicitado la revisión de esta sentencia, pero sin resultados.
[17] Dario Segundo Fernández es asesinado el 19 de diciembre de 2011, en Kuse por el hijo del dueño del Fundo los Tres Hermanos. Se denuncia que a las pocas semanas éste haya sido puesto en libertad por injerencia antes la Fiscalía de parte del abogado y ganadero Alfonso Chacín, ex consultor jurídico de GADEMA.
[18] Wilfrido Romero (yerno de Sabino) y Lorenzo Romero Ramos son asesinados el 14 de abril de 2012 con armas de guerra, en el sector Gil Blas, sector en el cual se denuncia que los pequeños ganaderos contraten sicarios y paramilitares “para cuidar las tierras y las vacas de los Yukpa”.
[19] Alexander Fernandez Fernández, su hermano José Luis Fernández Fernández y Leonel Romero son asesinados el 23 junio de 2012 en la comunidad Kuse por encapuchados con acento colombiano. Es señalado como presunto asesino intelectual Edgar Rodríguez alias el Villero. Alexander y José Luis son hijos de la luchadora Carmen Anita Fernández, de la comunidad de Kuse.
[20] José Antonio González Vargas, muere el 9 de septiembre de 2013 por una herida de frecha de metal, manipulada por un Yukpa del Tukuko acompañado de un grupo de personas armadas, 4 días antes. José Antonio era yerno de Carmen Anita Fernández.
[21] Cristobal Fernández Fernández, menor de edad, es asesinado el 24 de junio de 2014 frente a su casa, en la antigua hacienda Las Delicias, por 5 efectivos de la Guardia Nacional del puesto fronterizo del Tukuko. Hijo de la luchadora Carmen Anita Férnandez, Cristóbal era uno de los más importantes testigos del asesinato de Sabino.