Díaz Rangel: Desabastecimiento/ Stelling: Conflicto institucionalizado
Eleazar Díaz Rangel|
Durante estas últimas semanas se han venido publicando informaciones sobre el arribo a puertos de centenares de contenedores y de miles de toneladas de productos alimenticios y de higiene personal, etc. Después, no se sabe cómo se distribuyen, aunque hay locales comerciales que ahora ofrecen productos importados que antes no se conseguían, aunque a precios escandalosos, a los que tienen acceso un porcentaje mínimo de los venezolanos.
Debemos añadir que el anuncio del plan de agricultura urbana contempla la producción de cinco mil toneladas de alimentos en 11 ciudades por 236 comunas. Estas cifras podrían ser más altas.
Simultáneamente, para combatir el desabastecimiento operan y se extienden los Clap, cada día llegan regularmente a mayor cantidad de familias; sin embargo, hoy solo alcanzan a 20% de la población. Tendrán que acelerar el ritmo de su funcionamiento, para que por lo menos cubra 40%.
Para este mes, el ministro Marco Torres dijo que no habrá escasez de harina para las arepas; sin embargo, Bernal fue mucho más allá, informó el 25 de septiembre que en octubre habrá 100% de estos cuatro productos: azúcar, aceite, pasta de soya (¿?) y harina precocida. Ya andamos por la mitad del mes, algunos de esos productos continúan desaparecidos y los que se consiguen están a precios exagerados: azúcar, Bs 2.000; harina precocida, de Bs 1.500 a 2.000; aceite, de Bs 1.600 a 2.000, y pasta (½ kilo), de Bs 1.600 a 1.900.
Es posible que se haya avanzado, pero todavía no tiene expresión pública. Confiamos en que la palabra de Bernal será válida antes del lunes 31, y que se manifieste en el gran indicador de los precios y del desabastecimiento, como son las colas, que hasta ahora no han disminuido, y seguramente seguirán confirmando posiciones electorales.
A propósito de estos numeritos, quiero terminar con una pregunta que se me ocurrió hace poco, después de conocer ciertos porcentajes: ¿cómo es posible que se destine 50% de la producción nacional, que no solo incluye alimentos, para solo 20% de la población? Y al mismo tiempo, se supone que se destinaría el otro 50% de la producción para el 80% de los venezolanos. No sé si es al Ministerio de la Alimentación al que le toca ofrecer las explicaciones. Aparentemente se trata de un sin sentido, de una contradicción.
¿Qué pasa con los bancos?
La pregunta tiene toda la pertinencia imaginable porque ocurren hechos irregulares sin que los clientes reciban alguna explicación. Un empresario de la zona occidental quiso hacer un depósito alto y no fue posible, no se lo recibían; debió adquirir varias camionetas para no guardar tanto dinero en su casa. Otro fue a un banco, entre los tres primeros del ranking, para hacer un traspaso de un millón de cuenta corriente a ahorro, y le dijeron que las cuentas de ahorro estaban bloqueadas; volvió una semana después, le pidieron la cédula, el empleado se retiró a una consulta, y al regresar le dijo que solo el gerente podía autorizar el traspaso, ¡que volviera en tres o cuatro días!
Y el tercer caso es de un mediano empresario agrícola, que necesitaba pagar una nómina de algo más de Bs 500 mil. Los bancos restringen las entregas, unos a 30 mil, otros a 50 mil, etc., “hay que sacarlos por puñitos en cajeros, durante varios días, y haciendo colas porque ahora la gente saca con más frecuencia que antes”. Y de todo esto surge otra pregunta pertinente: ¿qué pasa con la Superintendencia de Bancos? No me dirán que no están enterados de esta anormal situación.
Anexo
Conflicto institucionalizado
Maryclen Stelling| Ante la agudización de la pugna de poderes, se levantan voces que advierten en cuanto a su potencial desestabilizador y la inevitable incidencia en la conflictividad del país. Auguran una suerte de onda expansiva que incidirá sobre todas las instituciones y prácticas. En tono profético, pronostican una dinámica política de violencia y conflicto, que se añade a la conflictividad social existente.
El Gobierno niega la pugna, defiende el equilibrio de poderes y denuncia un solo poder en desacato, el Legislativo. Diputados de oposición afirman que son el Ejecutivo y el Judicial los poderes en desacato de la Constitución. En ese sentido, acuerdan que la Asamblea desconocerá “la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del TSJ que contraríen los valores, principios y garantías democráticos y lesionen los derechos fundamentales”.
Pueblo y sociedad civil se constituyen en actores políticos. El Presupuesto 2017 va a la calle y el Gobierno lo consulta y debate en asambleas populares, demostración de “cómo se discute con el pueblo”. La AN reclama al Ejecutivo la entrega del proyecto para su aprobación, y convoca un “gran movimiento cívico-nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el voto”.
El propio sistema político genera una dinámica de institucionalización del conflicto, suerte de marco de procesos y relaciones que dan lugar a reglas de juego y procedimientos que regulan la conflictividad y aseguran una relativa estabilidad. En ese sentido, el conflicto es un componente más de las relaciones sociales y políticas, en cuanto mecanismo de reacomodo de los intereses de las partes en conflicto.
En el país, el “conflicto político institucionalizado” descansa en la concepción bélica de la política y el consiguiente ejercicio periodístico; en las prácticas comunicacionales y discursos rutinizados de actores con intereses en pugna; en las confrontaciones electorales, espacio de reajuste de los intereses en conflicto y, recientemente, se incorpora a la conflictividad estructurada la pugna de poderes.
La institucionalización del conflicto limita la participación ciudadana y posterga la movilización social, bajo el manto de un pacto de no convivencia.