Chile: masivo repudio al sistema privado de jubilaciones y pensiones
Por segunda vez en un mes, los chilenos se lanzaron masivamente a las calles para reclamar el fin del sistema privado de jubilaciones y pensiones, impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet y que la acgtual presidenta Michelle Bachelet procura reformar pero no eliminar. Cientos de miles de personas salieron el domingo 21 de agosto a las calles de todo Chile, por segunda vez en un mes y sin incidentes, para reclamar el fin del sistema privado de jubilaciones y pensiones que rige desde 1981.
A raíz de la masividad de la protesta, incluso comenzó a delinearse la posibilidad de un paro nacional en respaldo a esta demanda convocado por la Central Unitaria de Trabajadores. Se marchó desde la soleada y primaveral Arica en el norte hasta Punta Arenas, con nieve y lluvia, en el extremo austral. Las manifestaciones se replicaron en más de 50 ciudades y 250 comunas, informó la prensa local. El movimiento No+AFP, convocante de la protesta, estimó que en todo el país participaron de la demostración alrededor de 1,3 millón de personas, cerca del doble de las 750.000 que dicha agrupación había calculado en la primera ocasión, el 24 de julio pasado. AFP es la sigla de las administradoras (privadas) de fondos de pensiones. 
“La voluntad de la ciudadanía, la voluntad del pueblo, termina barriendo con la intransigencia de quienes se oponen a la petición y este clamor que hacemos con mucha humildad, pero con mucha fuerza, también”, afirmó el coordinador de No+AFP, Luis Messina, dirigente de los trabajadores bancarios. “Esto es una lucha épica dado el adversario, el gran capital internacional, moralmente nos incumbe a todos. Tenemos contabilizadas más de 250 comunas que espontáneamente se están manifestando”, indicó . Agrego que “esperamos tras los visto el 24 de julio y ahora, la presidenta Michelle Bachelet nos convoque a La Moneda (palacio presidencial) a conversar, que nos escuche. Debe hablar con nosotros, nos con los ejecutivos del sistema de pensiones privado”.
“Somos los que hoy juramentamos no descansar hasta lograr que nuestros ahorros previsionales dejen de estar al servicio de los grupos económicos y que de una vez por todas se pongan al servicio de quienes son sus verdaderos propietarios: los trabajadores y las trabajadoras”, expresó el dirigente durante su discurso. Messina advirtió que si el gobierno no accede a los reclamos, “será inevitable” llamar a una huelga general en “todo el territorio nacional” para el 4 de noviembre.
El 10 de este mes, Bachelet anunció por cadena nacional de radio y televisión el inminente envío al Congreso de un proyecto de ley para reformar el sistema previsional, pero sin eliminar el régimen privado y agregando a éste una AFP estatal. “Fortaleceremos el carácter solidario del sistema; nuestro sistema debe ser verdaderamente mixto y tripartito, incorporando el esfuerzo compartido de los trabajadores, los empleadores y el Estado”, dijo entonces la mandataria. “Deberemos realizar cambios de parámetros que se usan para estimar las pensiones y asegurar que el sistema no sólo sea justo sino sustentable”, agregó.
Parte de la motivación de los manifestantes que reclaman el fin del régimen privado se relaciona con los haberes previsionales de altos cargos de fuerzas armadas y de seguridad, que en algunos casos equivalen a cerca de 50 jubilaciones mínimas. Cuando en 1981 se impuso el sistema privado de jubilaciones y pensiones, el gobierno de Pinochet dejó fuera de él a las fuerzas armadas y de seguridad, que continúan en el antiguo sistema de reparto estatal y asigna a sus jubilados haberes similares a los que perciben quienes están en actividad. En cambio, los cotizantes del sistema privado perciben al jubilarse haberes equivalentes a entre un tercio y la mitad de lo que ganaban durante la vida laboral activa.
En abril de 2014 Bachelet creó la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, presidida por el economista David Bravo, que entregó en septiembre del año pasado su informe final con propuestas para mejorar el sistema de pensiones, pero ninguna de ellas hasta ahora ha sido discutida en el Congreso. Pocos días antes de la primera manifestación, en julio pasado, seis legisladores de la coalición gobernante Nueva Mayoría presentaron un proyecto de ley de reforma constitucional que incluye el fin del sistema de AFP y su reemplazo por un sistema público y solidario de cotización, a ser solventado por los trabajadores, los empleadores y el Estado.
Este dominjgo, la gigantesca marcha familiar, en unas 250 de las 334 comunas que tiene el país, exigió a las autoridades políticas y a los grupos económicos, el término del sistema privado de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) que rige en el país.
En Santiago, miles de familias se sumaron a la protesta, cubriendo prácticamente la principal avenida capitalina, desde la Plaza Italia a La Moneda, decenas de cuadras, marchando con cánticos y multicolores pancartas contra el fracasado sistema previsional que tiene en la miseria a por lo menos un 40 por ciento de quienes culminan su vida laboral y a otro 30 por ciento con ingresos que no llegan al 30 por ciento de sus sueldos mientras trabajaron.
El metro (subterráneo) que hace este recorrido igualmente, con la gente que iba a llegando a manifestarse o de paseo, se convirtió en una caja de resonancia subterránea de lo que ocurría en la superficie. Carabineros, para evitar cualquier contingencia, cerró 11 estaciones. Prueba del abrumador sentir popular, una encuesta dada a conocer este día, realizada por la Universidad de Santiago, apunto a que un 61 por ciento e los entrevistados rechazan a las AFPs y desean que se regrese a un sistema de reparto solidario público.
El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, indicó que “las personas que jubilan no pueden vivir de la mendicidad de sus familiares, hijos o terceros. Esto hay que cambiarlo de una vez por todas, no queremos más AFPs, ni privada ni una estatal, la propuesta del gobierno.
40 exministros vinculados al negocio
En marco de este escenario, la radioemisora y televisora BiobíoChile dio a conocer 104 nombres -entre ex ministros, operadores y ex jefes de servicio- de distintos actores políticos involucrados en el negocio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Según el trabajo realizado gracias a las memorias anuales de la AFP y los boletines estadísticos de la Superintendencia de Pensiones, algunas de las personas involucradas al negocio de las aseguradoras son la actual ministra del Trabajo Ximena Rincón, el ex ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Mackenna y el titular de Energía, Máximo Pacheco.
Un largo listado publicó el medio, donde revelan que actualmente existen 5 ex ministros en directorios de distintas AFP. Entre ellos encuentran Guillermo Arthur Errázuriz (Udi), como vicepresidente de la AFP Capital; Hugo Lavados Montes (DC) como presidente del directorio de la AFP Cuprum: Jorge Marshal Rivera (PPD) como miembro del directorio de la AFP Provida; Osvaldo Puccio Huidobro (PS) como director suplente de la AFP Provida y Rodrigo Pérez Mackenna (Udi) como el presidente de la Asociación Gremial de AFP.
El listado es aún más largo en los casos de ex ministros que pertenecieron anteriormente a algún directorio de AFP, donde está Ximena Rincón quien fue directora de la AFP Provida desde 2006 a 2008, Máximo Pacheco que dirigió la misma aseguradora en el año 2003, María Eugenia Wagner (DC) quien fue directora de Cuprum entre el 2013 y 2014 o Fernando Rojas (Udi) quien se desempeñó como gerente general de la AFP Habitat hasta abril de este año.
Además, se suman otros 20 políticos que aparecen en el Registro de Directores, listado de candidatos inscritos voluntariamente para representar a las aseguradoras en directorios de empresas privadas donde tienen acciones, por sueldos que vacilan entre $18 millones y $ 114,7 millones.
Más allá del gigantesco volumen de dinero involucrado, quizás el verdadero respaldo detrás de este negocio es el vínculo que existe entre los políticos y las AFP, en una especie de puerta giratoria que tiene a exministros dentro de sus directorios. Según la actual legislación, no existen inhabilidades para quienes hayan ostentado cargos en el aparato público, o de representación popular. Si no más bien, la ley se enfoca en cautelar conflictos de interés con el ámbito privado.