Jimmy Morales y los problemas de Guatemala… ¿o los de EEUU?
Silvina M. Romano – Celag
Jimmy Morales asumió la presidencia de Guatemala el pasado 14 de enero. Según la prensa local “El discurso de Jimmy Morales duró 36 minutos, fue simple, directo y sin contenidos que permitan análisis. Expuso una serie de pensamientos alejados de la política y prometió probidad e intolerancia hacia la corrupción”. No sorprenden estas afirmaciones, considerando la trayectoria política de Morales, que ganó las elecciones presentándose “por fuera” de la política y los políticos tradicionales. En algunas entrevistas realizadas a Morales se dejan entrever serias dudas sobre su conocimiento y experiencia en cuanto a la gestión de gobierno, e incluso su desconocimiento cabal sobre algunos temas.
Lo cierto es que existen al menos dos problemas graves en vísperas de su asunción presidencial. El primero es que una de las opciones que Morales había mencionado para ocupar el puesto de Ministro de Gobernación, Cabrera Mejía, fue capturado el 6 de enero por su vínculo con la contrainsurgencia a principios de los ’80. Esta captura fue llevada a cabo por el Ministerio Público, sumada a la de varios ex militares, entre ellos Edgar Ovalle Maldonado (diputado electo del Frente de Convergencia Nacional y mano derecha de Jimmy Morales). Los detenidos son “acusados de deberes en contra de la humanidad y desaparición forzada en los años más cruentos de la represión”. Este es un vínculo y antecedente nada menos que preocupante.
El otro tema es el de EEUU y las migraciones. El nuevo gabinete de Morales cuenta con la presencia de funcionarios provenientes de las empresas más influyentes, como TIGO, Emisoras Unidas, Fundesa, Agexpor, además de los representantes del sector azucarero. Pero hay algo “curioso” y es que, por ejemplo, en las instituciones vinculadas a justicia, se han nombrado fiscales recomendados por Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, dando cuenta de la persistente presión para desarticular redes criminarles y corruptas, como lo ha demostrado el caso de La Línea que llevó a la detención del ex presidente y la vice presidenta. Esto está asociado a la fuerte presencia de EEUU en Guatemala, que a su vez se vincula a las metas de la Alianza para la Prosperidad firmada por los países del Triángulo Norte de Centroamérica para acabar con la corrupción, el narcotráfico y reducir la migración hacia EEUU.
Esto es lo que preocupa a EEUU, la migración, que es definida como asunto de “seguridad nacional”. En octubre y noviembre de 2015 llegaron a EEUU 12 mil 505 familias y 10 mli 588 menores solos. La cifra es superior al mismo período del año anterior, que fue de 4 mil 577 familias y 5 mil 129 menores sin compañía, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La única respuesta a esta situación ha sido la deportación masiva. Según la agencia EFE, en 2015, un total de 31 mil 443 migrantes guatemaltecos fueron deportados de los Estados Unidos. En los últimos meses del pasado año, la administración de Barack Obama incrementó el ritmo de las deportaciones a países centroamericanos, con una media de 14 vuelos a la semana. De hecho, desde el comienzo del nuevo año se han llevado a cabo redadas masivas en los Estados del sur, denunciadas por diversos organismos de Derechos Humanos. Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, dijo que “Esto no debe ser una sorpresa. Durante meses, he dicho públicamente que personas que caben dentro de las prioridades que tenemos al momento de aplicar la ley, como familias y niños no acompañados, serán deportados.
La otra estrategia del gobierno estadounidense se dirige a aumentar la eficiencia de las instituciones gubernamentales guatemaltecas, en particular la justicia y el ministerio de trabajo, para reducir las condiciones que provocan la emigración, como la violencia, la corrupción y el desempleo o la mala calidad del empleo. Con respecto a la justicia ha sido muy activo su apoyo a la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala). En lo relativo al empleo, Estados Unidos presiona a través de una demanda internacional al Estado de Guatemala para que fortalezca la Inspectoría General de Trabajo (IGT), con el fin de castigar sin necesidad de juicio a los empresarios que violen derechos laborales con tal de reducir sus costos. El resultado es que la recientemente designada Ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario, es asesora en la Embajada de Estados Unidos y de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) en asuntos indígenas.
La reducción de la corrupción y la generación de empleo, son a su vez las principales metas de la Alianza para la Prosperidad, acuerdo de integración para el comercio y la seguridad firmado por Guatemala, Honduras y El Salvador, con el asesoramiento y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno estadounidense. Pero a pesar de este apoyo, se siguen llevando a cabo las deportaciones masivas. Y es que se trata de un asunto de “seguridad nacional” para Estados Unidos, pues Centroamérica es el paso del 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos y la principal proveedora de migrantes “ilegales”. La región vuelve a ser un problema, tal como lo fue “la insurgencia” en los ’80. Por su parte, el gobierno de Jimmy Morales no parece tener ningún tipo de inconveniente con la ubicua presencia de EEUU en su país, aunque se ha pronunciado junto con los mandatarios de la Alianza para la Prosperidad, solicitando que EEUU lleve a cabo una reforma migratoria “integral”.
Ante este escenario, viendo la atención que EEUU está mostrando a la región (visitas de funcionarios, comunicados, financiamiento, asesoramiento) se abre el interrogante sobre la injerencia que esto implica en los asuntos internos de Guatemala. Claro que, ante la impunidad y la corrupción reinantes desde hace décadas (que EEUU advierte recién ahora), parece un lujo cualquier pretensión de soberanía por este país. Por otra parte, tal vez sea por esto que Jimmy no necesite saber demasiado sobre “la política y los políticos”, pues él se ocupará de implementar las decisiones tomadas por otros que no necesariamente representen los intereses del pueblo guatemalteco.