México: capitalismo del desastre
John Saxe-Fernández
Los dos Méxicos, el de casas nuevas para los mandamás y el de fosas nuevas repletas de Tlatlayas y Ayotzinapas para amansar al resto son expresión brutal de lo que en La doctrina del shock Naomi Klein llamó capitalismo del desastre. Con un recetario desde 1982 a base de desregulación, privatización, austeridad a 99 por ciento y derrama fiscal a uno por ciento, el shock vía la guerra al narco se palpa en cerca de 150 mil muertos, más de 26 mil desaparecidos e inusitada, torpe y riesgosa represión ante resistencias y protestas legítimas. Como en San Quintín, por las reivindicaciones de trabajador@s agrícolas ante estremecedoras condiciones de explotación, que el neoliberalismo y el TLCAN llevan a todos los rincones de la Federación con su cauda de desempleo, hambre y represión con creciente intervención policial, militar y del espionaje extranjero, parte y parcela de la sombrilla de terror y seguridad para consumar el gran despojo consignado en las (contra) reformas estructurales.
Detrás de la privatización petrolera están, en la ronda uno, los negocios de petroleras de dentro (las menos): Pemex, la recién fundada Petrobal y Diavaz, entre otras, y las apetitosas ambiciones de firmas de fuera (las más): Exxon, Chevron. BP, Shell, Ecopetrol (Colombia), Cobalt International, Hunt Overseas, Total (Francia), Sierra Oil&Gas, BHP Billinton, Hess News, a quienes favorece –especialmente a las de Estados Unidos–, la Iniciativa Mérida y el programa de ajuste estructural entroncándolas con leyes secundarias, a mineras de aquí y de allá (Canadá, Australia) y a los intereses que codician la gestión del agua. Lo hacen con una atroz Ley de Aguas congelada hasta después de las elecciones de junio, por el fuerte rechazo popular que concita.
La radical contrareforma energética peñista parece calca de diseños de corte colonial de Exxon/Mobil y el Banco Mundial en África Occidental. Se asemejan hasta en la participación de Citigroup como uno de los bancos globales que, años ha, zopilotean el tan esperado festín a costa de México. Para facilitar operaciones especulativas a gran escala con la riqueza localizada en territorio bajo jurisdicción nacional, las reformas estructurales permiten a las mineras, receptoras de generosas concesiones (70 por ciento ya en manos extranjeras), que suman la friolera de 98 millones de hectáreas, para que, además del desastre humano y ambiental de la minería a cielo abierto, exploten los hidrocarburos, en especial los no-convencionales (gas y petróleo de lutitas, o shale) de enorme toxicidad, grave impacto medioambiental, atmosférico, sísmico, alta voracidad acuífera y territorial y una inviabilidad geológico-financiera que augura un mega-Fobaproa fósil, a lo bestia.
El saqueo neoliberal, llamado proceso de cambio, causa destrozos al tejido social, expulsa la población de su territorio por medio de instrumentos policial-militares (y para-militares o de plano de empresas mercenarias de seguridad) para consumar la incautación de los recursos naturales en ejidos, tierras y forestas comunales, mantos acuíferos, desvío o trasvase de ríos, de una cuenca a otra como en el acueducto Independencia con afectación grave a comunidades, los yaquis entre muchas.
Para perpetrar la incautación de los bienes comunes, la aplanadora legislativa PRI-PAN-Verde-Panal, busca su renovación, frente a lo cual sólo el voto podría desalojarlos del Congreso en junio, por ser un consistorio voraz, sumiso, corrupto y apátrida que entregó el gas y el petróleo y aprobó la vieja demanda imperial (y de EPN) para que agentes extranjeros puedan portar armas en México: toda una proeza anti-nacional de quienes Monsiváis dijo que eran la primera generación de estadunidenses con nacionalidad mexicana que recién arribaba al poder (1982) y que ahora en calidad de senadores, advierte Manuel Bartlett Díaz, están cometiendo un atentado contra la nación mexicana, serán responsables de la integración del territorio nacional a las autoridades de EU.
Desde la perspectiva de la seguridad e integridad de México el riesgo de lo denunciado por el senador Bartlett no es asunto menor: es eje del diseño de seguridad imperial que ejecutan con entusiasmo el Ejecutivo y la aplanadora legislativa a través de lo que en verdad interviene, interfiere y acota nada menos que operaciones cruciales al monopolio del ejercicio de la violencia legítima sobre el territorio nacional, mientras grandes firmas realizan un cercamiento de enorme calado, mayor al despojo territorial de los años 40 del siglo XIX, vía la privatización y dislocación de la vasta y multimillonaria infraestructura desplegada (desde 1938) en grandes complejos económico/territoriales en los que Pemex y CFE realizan operaciones vitales a la seguridad e integridad de la nación. Ambas entidades, ahora empresas productivas del Estado, están bajo alevosa agresión fiscal de los hacendistas locales (FMI), para llevarlas a un punto de venta.