¿Requiém por la inteligencia en España?
Germán Gorraiz López
En los años setenta, asistimos en España a la proliferación irracional de universidades públicas y privadas, motivada en la mayoría de los casos por intereses económicos, ideológicos y aldeanismo político.
Así, en 1984, España contaba con 34 universidades y 700.000 estudiantes y en el 2013 serían un total de 82 universidades y 1.430.000 estudiantes con una tasa de titulación universitaria sería del 27 %, similar a países como Alemania o Japón y superior a la media de la UE (15%). Sin embargo, la crisis habría obligado a recortar los presupuestos de Educación de las comunidades autónomas de quien depende más del 70% del gasto educativo, en casi 7.300 millones de euros con respecto a 2010, de lo que sería paradigmas Castilla la Mancha y Cataluña con recortes del 31% y 24% respectivamente.
Además, el descenso de la tasa de natalidad (con estimaciones de un descenso del número de estudiantes universitarios del 1,5% medio anual) provocará un descenso acusado de la tasa de población universitaria lo que aunado con el drástico recorte de las subvenciones públicas y el desbocado incremento de las tasas académicas provocará la inevitable extinción de incontables universidades con escasa o nula vinculación con grupos empresariales innovadores.
La sangría de la fuga de inteligencia
Según un estudio elaborado por FENAC (Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría), desde 2.008 se habrían marchado de España más de 300.000 jóvenes y según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 2013 más de 80.000 españoles emigraron a países europeos ( la mayoría jóvenes universitarios en busca de un primer empleo), con lo que se conjuga el fiasco inversor de un Estado que tras haber gastado en la formación de cada titulado unos 5.000 € (el alumnado sólo paga el 20% del coste real de la matrícula), asiste impotente a la sangría imparable de la fuga de cerebros.
En el último decenio, España habría sido pionera en los campos de energía renovable (fotovoltaica, biomasa y eólica), medicina, nanotecnología, telecomunicaciones, biofarmacéutica, biotecnología, oceanografía , ecoindustria, infraestructuras públicas, construcción naval, automotriz, máquina herramienta, sector turístico y sector financiero (según el ranking publicado por la revista Scientific American, en el 2009 España ocuparía el décimo puesto mundial tanto en publicaciones científicas como en gasto total en I+D+i ,ocupando además el número nueve en cantidad de doctorados).
Sin embargo, desde el 2009 los recortes en I+D+I ascienden al 40 % (en 2013 solamente se destinarán a esta partida 5. 562 millones de €), lo que supone el 1,33% del PIB , cada vez más lejos del 2% de media de la UE),lo que tendrá como efectos colaterales la drástica reducción de becas para investigadores y la asfixia por inanición económica de múltiples proyectos científicos y tecnológicos.
Así, la inversión en I+D en las Universidades Públicas (de donde salen dos tercios de las investigaciones científicas) vio recortado su presupuesto en el 2013 en un 80% y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (organismo con 130 sedes y más de 13.000 trabajadores, entre investigadores y técnicos), habría sufrido en los últimos cuatro años una merma del 30% de financiación pública ( un 9% menos en el 2013) y estaría al borde de la suspensión de pagos y abocado a un ERE inminente.
De seguir obviando la inversión en inteligencia, España podría convertirse en la próxima década en un país tercermundista a nivel de investigación e innovación, condenado a comprar patentes extranjeras y producir productos de bajo perfil tecnológico que requieran mano de obra de escasa o nula cualificación y fácilmente explotable.
Aunque España sigue compitiendo en gran número de sectores con las economías de referencia al tener costes laborales competitivos, tendría como Talón de Aquiles de sus exportaciones el reto de la calidad de sus productos y el no estar bien posicionada en los mercados emergentes, de lo que se deduce la necesidad urgente de una nueva Ley Orgánica de las Universidades, que establezca las medidas necesarias para dotar a las Universidades de mayor flexibilidad en su gobierno y en el desarrollo de su oferta educativa así como la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para incrementar la cuantificación económica de la inversión en I+D+i.