Justicia Climática en la COP 20

Luis Hallazi
El documento a ser aporbado es corroborado por sendos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), un panel de científicos que va por su quinto informe y que en el terreno ya cuenta con millones de personas que desde hace un tiempo empiezan a sufrir las consecuencias.

Es paradójico que Perú, un país terriblemente desigual, sin huella industrial que le preceda, considerado uno de los países más vulnerables en el mundo (tercero según Instituto Tyndall Centre), con pérdidas de glaciares de 30% a 50% de su superficie en razón de los últimos 30 años, sea el anfitrión de esta reunión; pero además se pretenda cargar de mayor responsabilidad y forzar a negociaciones no muy claras, solo por poseer bosques amazónicos que podrían ser la esperanza para el planeta. Si existe alguna certeza a estas alturas del calentamiento es que los países pobres son los que menos han contaminado, pero al mismo tiempo los que empiezan a pagar las consecuencias del cambio climático, sin recursos para mitigar y adaptarse; una injustica más, pero ahora climática.

Si partiéramos en asumir esa injusticia, las negociaciones podrían tomar otro rumbo y quizás habría un acuerdo que empiece por mantener la temperatura por debajo de los 2ºC, y hasta el 2050 podríamos reducir las emisiones entre 40% y 70% a nivel mundial, si siguiéramos ese camino, según los estudios de IPCC hasta el 2100 disminuirían a nivel cero. Sin embargo la realidad es otra, ningún país ni empresa transnacional contaminante, es decir ninguna economía poderosa asumirá sus responsabilidades contaminantes del pasado, ni parece interesar las de futuro. Pero además, su estrategia es aún más irresponsable, aprovechar estos tiempos climáticos para hacer negocios “verdes” y utilizar a las economías de varios países pobres y emergentes para fortalecer un modelo depredador que ya empezó a acumular serias violaciones de derechos humanos y que en sus mismos países hace aguas.

Esta situación se agrava mucho más si como contraparte esos países pobres y emergentes tienen gobernantes sin conciencia ambiental y que menos aún se toman en serio la alarmante crisis climática. Perú, país anfitrión de la COP 20 es el mejor ejemplo, de parecida forma como lo fue México en la COP 16, nada de esas posturas parecen cambiar, solo el clima y los efectos desgarradores en distintas partes de planeta, que conforme pase más tiempo será difícil evitar.

Bajemos al llano, en Perú la resolución del Ministerio de Ambiente que declaró de interés público la COP 20 tiene como objetivos en primer orden el posicionamiento político del país, la atracción de inversiones, promoción de negocios verdes, ingresos económicos para el país y en último orden un objetivo poco comprensible cambio climático e inclusión social. Bajo estos objetivos se utilizarán aproximadamente US$ 77 millones del presupuesto público, con un aporte de US$ 20 millones de la ONU. Planteado en esos términos de flagrante confusión no nos extraña que el 92% de peruanos no sepa que es la COP 20 (Encuesta Datum, noviembre).

Lo que ya constituye un caso de incoherencia alarmante es que el mismo año que Perú es anfitrión de una reunión internacional que supuestamente trata de poner límites a la emisión de gases de efecto invernadero, es decir gases contaminantes producidos principalmente por países ricos; ese mismo año el Gobierno peruano impulsa acciones en contra de la legislación e institucionalidad ambiental, a través de reformas normativas, llamados paquetazos que flexibilizan y debilitan los mecanismos de defensa que salvaguardan el medio ambiente y los derechos de pueblos indígenas, agudizando cada vez más un modelo básicamente extractivo y contaminante. No haciendo ninguna reflexión sobre cuál sería el papel que deberían jugar economías emergentes en plena era del cambio climático; e incluso interpelarnos a nosotros mismos peruanos, latinoamericanos de clase media que queremos consumir sin conciencia ambiental.

Como resultado de eso tenemos normas como la Ley 30230, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que debilita las funciones del organismo de fiscalización ambiental (OEFA), reduce los niveles mínimos de instrumentos que nos ayudan a identificar la contaminación del agua, aire y suelo (ECA, LMP), sustraen las funciones de instituciones especializadas que buscan categoriza zonas de gran biodiversidad para poderlas proteger; arrebatan re-centralizan la posibilidad de ordenar el territorio; facilitan a través de procedimientos especiales el acceso y uso de derechos de propiedad pública y privada a favor de proyectos de inversión, liberando las tierras y territorios de propiedad de comunidades nativas y campesinas, al igual que facilitar el traspaso de tierras del Estado para entregarlas a proyectos de inversión. Y últimamente aprobando reglamentos en materia de hidrocarburos y minería que flexibiliza los estándares ambientales, elaborando proyectos de Ley que pretenden recortar la superficie del Parque Nacional Cerros de Amotape, marcando un pésimo precedente y poniendo en peligro un conjunto de bosques y manglares de la vertiente del Pacifico.

Lo cierto es que con tal prontuario, no hay discurso bien intencionado que valga ni en lo más alto del podio de la COP 20. Todas estas acciones del país anfitrión han puesto en serio riesgo la legitimidad de estos eventos; sabiendo además que viene precedido de un fracaso rotundo como fue la COP 19 en Varsovia. Bajo esas circunstancias no sé qué tanto pueda servir un borrador de documento para la COP 21 en Paris, más aún si apenas se llevan trabajando dos capítulos.

Hay sin duda una gran responsabilidad de los anfitriones por empezar a darle sombra a esta reunión; por lo que parece ser, que esta COP dejará un gasto excesivo en logística y seguridad para los visitantes, además de algunas inversiones verdes que sigan ejerciendo más presión en los bosques y pueblos amazónicos. Lo único que quizás pueda quedar para el recuerdo, es una movilización masiva el 10 de diciembre que ponga sobre la mesa qué está en juego en la actual crisis climática. Por lo demás la elite internacional y nacional parecen más ocupados en encontrar otro planeta, apostando por esa supuesta habilidad del ser humano, para superar lo imposible.

*Abogado y politólogo, especialista en Derechos Humanos y en mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador.