Subsidiar gasolina es antipopular
VÍCTOR ÁLVAREZ R. |En un informe sobre Perspectivas energéticas mundiales, la Agencia Internacional de Energía y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estiman que Venezuela subsidia 75,3% del costo de la gasolina, equivalente a $15.700 millones, 6,9% del PIB y $689,2 por persona
En un informe sobre Perspectivas energéticas mundiales, la Agencia Internacional de Energía y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estiman que Venezuela subsidia 75,3% del costo de la gasolina, equivalente a $15.700 millones, 6,9% del PIB y $689,2 por persona. Con base en costos y precios nacionales, estudios locales calculan el subsidio en $7.500 millones. En cualquier caso, estamos hablando de montos extraordinariamente altos que pudieran ser reorientados a atender necesidades sociales insatisfechas, tales como el transporte público o viviendas para los refugiados.
El subsidio a la gasolina es una medida que aparentemente favorece a los que menos tienen pero que, en realidad, facilita una distribución regresiva del ingreso que sólo beneficia a los que más tienen y perjudica a los más humildes. Cuando se destinan cuantiosos recursos públicos para subsidios indirectos que benefician a pobres y ricos por igual, se comete una injusticia redistributiva porque los que más tienen no necesitan que se les subsidie nada.
El subsidio a la gasolina se está convirtiendo en una medida reaccionaria y antipopular que empieza a provocar un creciente malestar e indignación en los sectores de menores ingresos, que no sienten el beneficio de semejante subsidio.
Están cada vez más conscientes de que el bajo precio del combustible beneficia sobre todo a las familias que tienen dos, tres o más vehículos; mientras que los que no tienen carro se ven obligados a desplazarse en autobús o Metro y, por lo tanto, en nada se benefician de una gasolina irracionalmente barata. Desde las bases populares se empieza a plantear la necesidad de sincerar el precio del combustible para redistribuir ese ingreso desde los sectores que más carros tienen hacia los sectores que no tienen un vehículo propio. Eso sería mucho más progresista, justo y equitativo.
En efecto, la ciudadanía está cada vez más consciente de la aberración que significa el actual precio de la gasolina y empieza a rechazar un escandaloso subsidio que en nada favorece a los más humildes, que se ven obligados a trasladarse en un sistema de transporte público todavía muy deficiente. No se trata de subir el precio al nivel internacional ni de aplicar aumentos de forma brusca y torpe que provoquen malestar y protestas populares.
Se trata de sincerar gradualmente el precio del combustible para cubrir los costos de producción y generar un excedente destinado a modernizar la flota de transporte público que ayude a mejorar las precarias condiciones en las que viajan quienes no poseen vehículo.
Con este fin, se podrían transferir las bombas de gasolina a las comunas para que éstas destinen el incremento del combustible a crear empresas de transporte público y ampliar el número de unidades, imprimiendo un poderoso impulso a la nueva economía comunal bajo el control de los trabajadores directos y de las comunidades organizadas. Si el destino del aumento se deja claro, el pueblo venezolano respaldará mayoritariamente la decisión de sincerar el precio de la gasolina, toda vez que resultará ser el más favorecido.