Condenan a 15 años de prisión a Fidel Zavala, el defensor que denunció torturas en las cárceles de Bukele
Ezequiel Barrera – Gato Encerrado
Fidel Antonio Zavala, el defensor de derechos humanos que denunció torturas en las cárceles del “modelo Bukele”, fue condenado el pasado 10 de noviembre a quince años de prisión por estafa agravada. Sus colegas y abogados de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) señalan que el proceso en el que fue condenado está plagado de irregularidades desde su recaptura, en febrero de 2025, hasta el juicio. Sostienen que la condena, además de desproporcionada, es una represalia por haber denunciado a las autoridades penitenciarias.
En julio de 2024, después de denunciar ante la Fiscalía al director general de Centros Penales, Osiris Luna, y a los directores de dos cárceles, Zavala dijo en una entrevista que temía que le fabricaran otro caso y que si volvía a prisión pudiera pasarle “cualquier cosa”. El 25 de febrero, la Policía lo detuvo de nuevo en un operativo vinculado al caso de la hacienda La Floresta. Según su defensa, después de esa recaptura la Fiscalía insistió en acusarlo por el delito de estafa. Fue por ese caso que el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador lo condenó a quince años de prisión.
Ivania Cruz, colega de Zavala en la UNIDEHC e integrante de su equipo de defensa, explicó a GatoEncerrado que los expedientes por estafa se abrieron después de la recaptura. Detalló que entre audiencias y aplazamientos, en distintas ocasiones se limitó el derecho de Zavala a defenderse legalmente. A pesar de eso, algunas de las acusaciones de la Fiscalía quedaron cerradas por sobreseimiento definitivo. En el expediente que terminó con la condena de quince años, Cruz asegura que hubo presión para que Zavala aceptara un procedimiento abreviado y se declarara culpable. Él se negó, según dijo la abogada, porque sostiene que es inocente.
Una de las resoluciones de los casos contra Zavala, que GatoEncerrado consultó, corresponde al expediente 176-2021-2A, por estafa. En esa resolución, el tribunal dictó sobreseimiento definitivo el 25 de septiembre de 2025 y lo declaró firme a partir del 6 de octubre de ese año, tras constatar que nadie apeló dentro del plazo legal. Según consta en el documento, el expediente fue archivado. En otros expedientes, las resoluciones declaran extinguida la acción penal y disponen el sobreseimiento definitivo por estafa agravada. En uno de esos, la decisión se limita expresamente a los hechos relativos a una sola víctima.
Cruz sostiene que la Fiscalía llevó a la vía penal disputas surgidas de los contratos de la empresa que Zavala administró desde 2018. A su juicio, esos contratos eran de naturaleza civil y mercantil y la acusación no acreditó que Zavala actuó con intención de engañar.
“Esto, que es de naturaleza civil, lo pasaron a (la vía) penal, precisamente para poder abrirle todos estos procesos”, dijo.
La defensa también cuestionó que el tribunal no admitiera como prueba estados de cuentas bancarias en el extranjero que podían demostrar que Zavala tenía la capacidad de pagar lo adeudado.
El juez, por su lado, consideró probado que hubo un engaño deliberado. Según el comunicado de Centros Judiciales, entre 2018 y 2021, Zavala captó dinero de tres personas a las que ofreció ganancias en el mercado de divisas. El tribunal dio por acreditada la versión de la Fiscalía, en la que Zavala se presentó como representante de Capital Investment Corporation y que, cuando los clientes reclamaron las ganancias prometidas, dijo falsamente que no les podía pagar porque sus cuentas estaban bloqueadas. El perjuicio que el tribunal atribuyó a Zavala fue de $4,025 en total. Los montos individuales fueron de $850, $2,000 y $1,175. El juez impuso cinco años de prisión por cada víctima.
Para la abogada Cruz, la pena y el proceso es una represalia por las denuncias de tortura y corrupción en las cárceles que hizo Zavala.
“Pretenden criminalizarlo, encerrarlo porque temen que el testimonio de Fidel implique al gobierno de Bukele. Nosotros vemos más una desesperación por parte del Gobierno y de la Fiscalía”, dijo.
Además, según Cruz, la pena es desproporcionada porque “el Gobierno de Bukele mantiene una justicia selectiva para favorecer a algunas personas, ya que en este gobierno han liberado a Tony Saca (expresidente de El Salvador 2004-2009), quien no solamente fue señalado por (apropiarse) 300 millones de dólares, sino que confesó esa corrupción y nunca devolvió ese dinero al pueblo salvadoreño”.
Ante la sentencia dictada, la defensa de Zavala también advirtió que contempla acudir a instancias internacionales para presentar el caso.
De la denuncia de torturas a la recaptura
Zavala había pasado 13 meses en prisión por una acusación de estafa que terminó en absolución en marzo de 2023. Su detención había comenzado en febrero de 2022, semanas antes de que fuera aprobado el régimen de excepción. Una vez libre, denunció que durante ese encierro había presenciado torturas y otros abusos contra reclusos. En una entrevista con el periódico El Faro, contó que vio a un preso volver a su celda en silla de ruedas, gravemente golpeado, y que al día siguiente se enteró de que había muerto. El 17 de julio de 2024 presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Osiris Luna y los directores de Mariona y Cutumay Camones por hechos que incluían tortura y corrupción. Esa denuncia, por lo que se sabe públicamente, no avanzó.
Sin embargo, la Fiscalía sí dio seguimiento a Zavala. El 25 de febrero de 2025, Zavala acompañó a dos habitantes de La Floresta a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para denunciar la captura de dos dirigentes de la comunidad, que enfrentaba un desalojo en San Juan Opico. Esa misma tarde, la Policía detuvo a los tres y allanó la casa de Zavala y las oficinas de la UNIDEHC.
Por ese caso, Amnistía Internacional cuestionó en septiembre de 2026 que Zavala seguía en prisión preventiva y que el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado había extendido la fase de instrucción hasta el 25 de agosto de 2027. Dadas las circunstancias de su caso, Amnistía señaló que la vida de Zavala corre peligro en prisión y por eso pidió una revisión inmediata de su detención, pero las autoridades salvadoreñas han ignorado esa petición.
Por todas estas cosas, la abogada Cruz considera que Zavala es un preso político. Pero no solo ella, Cristosal y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) también denunciaron que esta condena forma parte de la persecución política que el Gobierno de Nayib Bukele mantiene contra defensores de derechos humanos, intelectuales, periodistas y opositores.
En ese contexto de persecución, el caso de Zavala llegó a los tribunales después de que el oficialismo secuestró el sistema judicial. El 1 de mayo de 2021, en su primera sesión plenaria, la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas destituyó y sustituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó esas destituciones porque los diputados oficialistas no siguieron el debido proceso.
En el fondo, aquel acto fue un golpe al Poder Judicial. En agosto de ese mismo año, la Asamblea aprobó reformas para purgar o trasladar y degradar a jueces y fiscales. Human Rights Watch (HRW) y Cristosal documentaron que esas reformas se utilizaron para apartar o trasladar a funcionarios judiciales y fiscales independientes. En otras palabras, el Gobierno sacudió instituciones del sector justicia para quedarse solo con los elementos afines al oficialismo.
En marzo de 2022, con el inicio del régimen de excepción, la Asamblea hizo más reformas para endurecer las penas por delitos vinculados a pandillas y estableció la prisión preventiva obligatoria para determinados delitos. Aunque en el papel el régimen de excepción y estas reformas fueron aprobadas para aplicarlas a los pandilleros, en la práctica también se han aplicado en casos de persecución política, como el de Zavala.