Fiscalía de Bolivia ahora persigue a Evo Morales y Álvaro García por asesinato y tortura
Xinhua
La Fiscalía General de Bolivia informó hoy lunes que notificó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el inicio de la acumulación de antecedentes contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera (2006-2019), tras admitir una proposición acusatoria presentada por la bancada opositora del Partido Libertad y República (Libre) por presuntos delitos relacionados con el caso del Hotel Las Américas, ocurrido en 2009.
El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, explicó que la proposición acusatoria presentada la semana pasada por la senadora Tomasa Yarhui y otros legisladores de Libre, atribuye a Morales y a García la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones, torturas y privación de la libertad.
El caso Hotel Las Américas se refiere al operativo policial del 16 de abril de 2009, en Santa Cruz de la Sierra, en el oriente del país, donde murieron tres extranjeros acusados por el Gobierno de Morales de planear un magnicidio y promover la secesión, lo que derivó en denuncias de ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.
En conferencia de prensa desde la ciudad de Trinidad, en el departamento amazónico de Beni (noreste), Urioste manifestó que el caso «amerita un juicio de responsabilidades».
En Bolivia, los juicios de responsabilidades contra exmandatarios están regulados por la Ley 044, que establece un procedimiento especial en el que intervienen el Ministerio Público, el Órgano Judicial y la Asamblea Legislativa Plurinacional (Parlamento).
El proceso comienza con la presentación de una proposición acusatoria ante la Fiscalía General, encargada de evaluar la admisibilidad y determinar si existen elementos suficientes para elevar un requerimiento acusatorio ante el TSJ, con el propósito de solicitar la autorización legislativa correspondiente.
La decisión de permitir el enjuiciamiento recae en la Asamblea, donde se requiere el voto favorable de al menos dos tercios de los legisladores presentes para autorizar la continuación del proceso.
Si se alcanza esa mayoría calificada, el expediente retorna al Ministerio Público para la investigación formal y el eventual desarrollo de un juicio oral y contradictorio ante la Sala Plena del TSJ.
En caso contrario, la causa queda archivada en sede parlamentaria.