Paz extiende el estado de excepción por otros 90 días en Bolivia

Bolivia continuará en estado de excepción por otros 90 días. La medida fue inicialmente dictada el 20 de junio, otorgándole al Gobierno poderes excepcionales, como el desplazamiento de militares, para desactivar las protestas que pidieron durante 53 días la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, y que provocaron 22 muertos. Próxima a vencer la disposición, Paz amplió el lunes el régimen por decreto, que fue aprobado el jueves en la madrugada por la Asamblea por mayoría.

La solicitud para extender la medida fue defendida ante el Parlamento por los ministros de Gobierno y Defensa, Marco Antonio Oviedo y Ernesto Justiniano, respectivamente. El principal argumento esgrimido fue la amenaza de organizaciones sociales de reanudar las movilizaciones.

El expresidente Evo Morales, señalado como uno de los autores de los bloqueos de mayo y junio, cuestionó la decisión de las autoridades de ampliar por 90 días el estado de excepción. Según Morales, durante los primeros 90 días no hubo un “estado de excepción”, sino una especie de “receso sindical” con prohibición de reuniones, pero que de todas maneras igual fue roto. “Para qué 90 días más, si en los primeros 90 días no hubo estado de excepción”, manifestó en su programa radical.

“90 días no ha habido nada”, recalcó Morales, a tiempo de señalar que siguen las reuniones, concentraciones y hasta movilizaciones. El exmandatario también se refirió a las declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Oviedo, quien, a tiempo de defender el estado de excepción, dijo que se ejecutará la aprehensión de Morales. Evo dijo que el plan del Gobierno es matarlo y contempló la posibilidad de este estado de excepción también sirva para detenerlo.

Las protestas siguen

Las protestas comenzaron por la distribución de gasolina adulterada que dañó más de 66.000 vehículos, pero las demandas escalaron rápidamente hasta exigir la renuncia del mandatario. Paz decretó el estado de excepción cuando ya había agotado todas las vías del diálogo. El despliegue de contingentes policiales-militares para desbloquear los más de 100 puntos de obstrucción de carreteras que mantuvieron sitiadas las ciudades no encontró resistencia. Los detalles de los operativos durante el régimen excepcional fueron expuestos por Oviedo frente a los asambleístas, a pedido de estos.

“El daño irreparable generado por los bloqueos no puede repetirse (…) pedimos que autoricen la ampliación para cuidar la vida de los ciudadanos, la economía de nuestro país y preservar el derecho al libre tránsito”, defendió el ministro de Gobierno. Señaló como puntos conflictivos y donde se estarían gestando medidas de presión las ciudades de El Alto —compuesta mayormente por indígenas aimaras, uno de los sectores movilizados en mayo y junio— y Cochabamba. En esta última están establecidos los sindicatos cocaleros que responden al expresidente Evo Morales, a quien el Ejecutivo y gran parte del Legislativo considera el principal instigador de las manifestaciones.

Las organizaciones cocaleras han llamado a una masiva reunión el 26 de septiembre, desafiando el estado de excepción. Otro sector que ha advertido con protestas es el de chóferes del transporte público y pesado; los profesores públicos protagonizaron una marcha en La Paz el

martes y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSTUCB) se declaró en emergencia el miércoles. El desabastecimiento de combustible, que provoca largas filas en las estaciones de servicio, es una de las principales molestias. A ello se suma que el diésel aumentó su precio el 17 de agosto más del 80% para los grandes productores.

El aumento de precios provoca también inquietud: Bolivia acumuló una inflación del 3% en los primeros ocho meses del año. Existe la preocupación de que la subida sea aún mayor con la alta volatilidad que registra el precio del boliviano desde que se instauró el nuevo régimen cambiario flexible, hace casi tres meses. En julio, la moneda nacional entró en una espiral de depreciación que la llevó a perder un 24% de su valor frente al dólar. En septiembre, en cambio, el movimiento ha sido el opuesto: en la última semana, el dólar pasó de cambiarse de 12,64 bolivianos a 9,83, una apreciación de la moneda nacional del 22%.

El Gobierno espera reorganizar el sistema financiero —está a la espera de la aprobación legislativa de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional— sin que existan medidas de presión en las calles.

Los parlamentarios aprobaron la solicitud de extensión del régimen excepcional con 100 votos a favor y 58 en contra o en abstención. Antes, cuestionaron a los ministros sobre la efectividad del estado de excepción, si existen las razones suficientes para mantenerlo, si se garantiza la ausencia de bloqueos o qué pasará con las órdenes de aprehensión en contra de Morales. “A mi manera de ver, el estado de excepción no funcionó. Los conflictos se suspendieron con el diálogo”, interpeló Tomasa Yarhui, jefa de la bancada de senadores de Libre, el segundo partido en el Congreso y el más rígido contra el Gobierno.

En el párrafo segundo del Anexo–Memorando de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) suscrito por el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional, se lee una frase que exige ser sometida a la crítica más rigurosa:“Las políticas y reformas descritas en este memorando son decisiones soberanas del gobierno de Bolivia”. Esta afirmación, en el contexto del gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, contiene una contradicción dialéctica relevante en la actual coyuntura.

El MPEF no es un “acuerdo entre iguales” ni una “decisión soberana”, señala Carlos Peñaranda Pinto. Si algo es soberano, no necesita proclamarlo con tanta insistencia en un documento de condicionalidad externa. El hecho de que la administración actual, que asumió el 8 de noviembre de 2025, utilice como lema político “Bolivia, Bolivia, Bolivia… Siempre Bolivia” mientras firma un plan de ajuste que cede el control macroeconómico del país, revela una fractura entre la retórica de la dignidad y la realidad de la dependencia económica.

Junto a una posible reactivación de los conflictos sociales, el Ejecutivo presentó como segundo argumento la ola de violencia en la frontera con Brasil generada por el crimen organizado. En el municipio limítrofe de San Ignacio de Velasco murieron cuatro personas a tiros en menos de 48 horas el fin de semana. Ha sido creado un plan binacional para hacer frente a lo que las autoridades llaman una penetración de los cárteles criminales brasileños del PCC y Comando Vermelho: “Este sería un argumento por sí solo para ampliar el estado de excepción”, defendió Oviedo.

*Sociólogo y periodista boliviano, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)