Argentina sin crédito

Horacio Rovelli

Promediando el año 2026, el modelo extractivista, agropecuario y financiero exportador impuesto por el gobierno del JP Morgan presenta límites infranqueables de pobreza y exclusión social, que se reflejan en el cierre de empresas, el desempleo y la baja del consumo interno.

La administración nacional se muestra obligada a realizar un irracional ajuste fiscal para alcanzar un superávit primario que le permita comprar las divisas del superávit comercial, para poder pagar solo la mitad de los intereses que la deuda pública demanda.

Reducción del gasto fiscal que debe ser cada vez mayor porque, en lugar de fortalecer el sistema impositivo y cobrar a los sectores de manifiesta riqueza y renta, optan por financiar al Estado mediante el endeudamiento, una estrategia que tiene como objetivo declarado la reducción de la inflación pero que en la práctica está transformando nocivamente la estructura económica y social del país y que, al capitalizar todos los meses los intereses que no puede pagar, genera una deuda pública cada vez mayor.

En ese marco, la única medida que tiene el gobierno para impulsar el mercado interno es impulsar el crédito, que se encuentra limitado por dos razones:

1. el financiamiento de los títulos públicos en pesos que se colocan mayoritariamente en los bancos del país, y
2. el alto grado de morosidad crediticia.

Observando el consolidado del sistema financiero local, en abril de 2026 (último dato publicado por el Banco Central), las tenencias de títulos públicos de las entidades (Lecap, Boncap, Bonte, Bonar, Boncer, etc.) en su amplia mayoría, y en menor cuantía acciones de empresas locales, representan en conjunto el 44,6% de las imposiciones que captan las entidades financieras.

El financiamiento al Tesoro de la Nación absorbe prácticamente el 60% de la capacidad prestable de todo el sistema financiero local, y se acrecienta mes a mes, acercándose de esa forma a las inmovilizaciones de las Leliq de la administración anterior.

A su vez, tomando los datos del mes de junio de 2026, del total de préstamos al sector privado en pesos, el 54,5% es a personas físicas y el 45,5% a empresas. Los créditos en dólares se infiere que financian a empresas en su totalidad.

El sistema financiero se ha expandido fuertemente con el JP Morgan en la conducción del Banco Central. La cantidad de billetes y monedas emitidos y puestos en circulación por el Banco Central (Base Monetaria) se multiplicó por 5,37 desde el último día hábil de la gestión de Alberto Fernández al 30 de junio de 2026. El total de los depósitos (juega allí el ingreso por blanqueo de capitales), 4,83 veces Y el total de préstamos 9 veces, contra una medición de la inflación por el Índice de Precio al Consumidor del INDEC de 236%.

La causa principal de la diferencia entre el total de los depósitos y el total de crédito al sector privado es el financiamiento al sector público[1], y en segundo término el encaje o efectivo mínimo.

Tras la devaluación del 12 de diciembre de 2023, para permitir el ingreso de capitales y la segura renta del carry trade, frenaron la evolución del tipo de cambio oficial, que durante el mismo período (del último día hábil del gobierno de Alberto Fernández al 30 de junio de 2026) se incrementó 3,75 veces, contra menos de 1,7 veces de los dólares alternativos o paralelos. Ello implicó por una parte la licuación de los ahorros en esa moneda, mientras por otra refleja la inflación en dólares de todos los precios.

Por ejemplo, en seis meses de 2026, el precio del dólar oficial se incrementó solo en seis pesos, y los precios, sobre todo los energéticos (gas, luz, combustible), en más de 100%, pese a que el IPC del INDEC en igual lapso acumuló un aumento declarado y poco creíble de 16,8%.

Clara demostración de que la canasta de precios del INDEC no refleja la realidad y no puede tomarse como indicador es el trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, para la ciudad y el gran Buenos Aires, pero que es similar en todo el país.

La morosidad del crédito en las familias

Las familias que tenían dólares ahorrados u otro tipo de activos debieron mayoritariamente venderlos para mantener el nivel de vida, pero el modelo orientado al mercado externo, con apertura importadora y con el precio de la divisa frenado, generó y genera un sideral ajuste del gasto interno, provocando cierre de empresas, desempleo, precarización laboral y un descenso del salario real que, con su pérdida del poder adquisitivo, obliga a las familias a endeudarse para financiar gastos corrientes y sostener su consumo básico.

Sumado a ello, la desregulación de las tasas de interés planteada en el DNU 70/23, aún vigente, genera la confiscación del ingreso y del patrimonio de las familias. Las elevadas tasas de interés encarecen el financiamiento tomado por las familias, reducen la porción del ingreso disponible para afrontar los gastos cotidianos y alimentan un proceso de endeudamiento creciente.

Por ejemplo, la tasa de la tarjeta de crédito en julio ronda el 85% nominal anual; más el IVA, Ingresos Brutos y otros gastos hace que el costo financiero total supere el 100%, que significa una tasa efectiva mensual del 6,4%, cuando los salarios en el mejor de los casos (y siempre que se conserve el empleo) los ajustan por el falso indicador del IPC del INDEC, a una tasa menor (1,9% en junio [2]).

Tanto el mentiroso indicador de inflación del INDEC como el freno de la evolución del precio del dólar son funcionales a un Estado que recauda cada vez menos y con esos pesos debe comprar las divisas para pagar los intereses de la deuda, por un lado, y ajusta el gasto de las remuneraciones y sobre todo del sistema previsional; en este último caso, los haberes de las jubilaciones y pensiones se ajustan por el IPC con dos meses de atraso, que los liberales llaman efecto licuadora porque merma la capacidad real de compra.

El interés del crédito crece a una tasa efectiva que supera el 100% anual, y los salarios (en el mejor de los casos) a un 33,5%, como dice el IPC del INDEC anualizado a junio de 2026.

En mayo (último dato disponible) la morosidad de las empresas se ubicó en 3,6%, pero la de los hogares alcanzó el 12,7% del crédito (6,9 billones de pesos), afectando a unas 5,3 millones de personas. El ratio para los préstamos personales creció casi cinco veces respecto de noviembre de 2023, cuando era del 2,7%.

Según la Cámara Argentina de Fintech [3], la morosidad en este segmento superó en mayo el 30%. Actualmente, más de 8 millones de personas acceden al crédito a través de las fintech. De ese total, 2,3 millones tienen en estas plataformas su única fuente de financiamiento, situación que puede asociarse a los sectores precarizados con menores ingresos.

La consultora Analytica hace un relevamiento en base a información del Banco Central e incluye créditos otorgados por el sistema financiero local, fintech, cooperativas, mutuales, tarjetas de crédito, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros. En total, el universo analizado comprende 19,8 millones de personas con algún tipo de financiamiento vigente. Los bancos concentran el 82,7% del stock total de préstamos, mientras que las fintech representan el 10,5% y el resto de las entidades el 6,8%.

Según la consultora, la deuda total de las familias asciende a 74,9 billones de pesos, equivalente al 8,6% del Producto Interno Bruto (PIB), pero la irregularidad de la cartera pasó del 15,4% en abril al 15,9% en mayo, un incremento de 0,5 puntos porcentuales. En paralelo, el porcentaje de personas con al menos una deuda en mora se mantuvo prácticamente estable en 26,8%.

Siempre a mayo de 2026, en cantidad de personas, 14,2 millones mantienen deudas con bancos, cifra que cayó levemente respecto del mes anterior. En cambio, aumentó el número de personas que se financian exclusivamente fuera del sistema bancario, principalmente a través de fintech y otros proveedores de crédito.

Las fintech que van desde la banca móvil y los seguros hasta las criptomonedas y las aplicaciones de inversión como Robin Hood registran mayores niveles de incumplimiento. Según datos de la Cámara Argentina de Fintech, a mayo de este año el ecosistema fintech local está integrado por 302 empresas, que están agrupadas en nueve verticales de negocios: pagos digitales (82), créditos (66), proveedor tecnológico (36), servicios fintech B2B o “empresa a empresa” (34), blockchain & cripto-activos (28), inversiones (21), insurtech (seguros) (15), financiamiento colectivo (14) y seguridad informática (6). Las más conocidas: MercadoPago (la billetera digital y plataforma de servicios financieros de MercadoLibre), Ualá, Technysis, Tarjeta Naranja, Nubi y Ripio, etcétera.

Si se analiza el volumen de deuda, la irregularidad alcanza el 12,6% en bancos, 21,6% en fintech y 46,9% en el resto de las entidades financieras.

La irregularidad del total de los créditos personales, por el medio financiero que sea, alcanza en mayo a 8,1 millones de personas, quienes mantienen al menos una deuda impaga. A su vez, el plazo de mora es cada vez mayor, sobrepasando los 30 días, y cambian de situación, pasan de cartera en mora a cartera en litigio.

Morosidad en empresas

El caso del crédito a las empresas demuestra la dualidad de la economía argentina. Mientras las grandes y funcionales al mercado externo colocaron desde enero de 2024 a junio último Obligaciones Negociables en los mercados internacionales por 24.700 millones de dólares, comercializadas en el mercado local por 15.855 millones, impulsado por empresas de energía, telecomunicaciones y finanzas, recurriendo al sistema bancario local solo para financiar su capital de trabajo, las empresas que venden principalmente dentro del país –esencialmente la construcción, industria y comercio– se encuentran con stock de materiales y mercaderías sin poder utilizar y/o vender por la severa reducción del mercado interno.

La actual administración, a su vez, le permite a las empresas extranjeras girar utilidades a sus casas matrices a partir de este año. El sector petrolero concentra la mayor parte de esos giros, impulsado por las ganancias extraordinarias de Vaca Muerta, seguido por las grandes acopiadoras y comercializadoras de granos, que a junio de 2026 superan los 2.500 millones de dólares.

Mientras que las multinacionales exportadoras obtienen ganancias extraordinarias, las automotrices dejan de producir en el país y se convierten en importadoras, como en los casos de Nissan, Citroën y otras que importan desde Brasil, y se limitan a producir camionetas pick-up de alta demanda, que siguen activas en terminales como Toyota, Volkswagen y Ford.

Pero el cierre y/o concurso de acreedores, y el despido de trabajadores de Granja Tres Arroyos, Astillero Río Santiago, Fate, Tenaris Siat (Techint), Sustramax, Socolor SA, Mauro Sergio, Bodegas Bianchi, Hilandería Alal SA, Marengo, Bioceres, Roque Vasalli, Metalfor, Hosé Cascasiy Cía, Bahco, etcétera, y otras que se reconvierten en importadoras netas como Electrolux y Whirlpool, demuestran tajantemente el derrumbe del consumo nacional.

Para las empresas ligadas al mercado interno, las entidades financieras se limitan a mantener la línea de crédito de 180 días con tasas renovables cada 30 días, sin aumentar el capital otorgado; en caso de mayores requerimientos, les permiten con severos límites girar en descubierto, pero a tasas cercanas al 100% efectivo anual, que es confiscatoria del capital de quienes no pueden vender, o lo hacen a cuenta gotas.

En síntesis

Las entidades financieras han sido una de las grandes beneficiadas por el modelo impuesto. Artífices del carry trade, han ganado fortunas con las maniobras especulativas y con un dólar frenado. Pero la situación entra a complicarse por la mora, que incluso deben contabilizar como cartera normal, porque de otro modo deben hacer las previsiones correspondientes, además de ser un signo de debilidad de la entidad, que aumenta la posibilidad de perder depósitos.

Así fue la crisis de 1980, cuando los bancos con mayor volumen de depósitos fueron los que quedaron con créditos incobrables. En esos años, el Banco Central garantizaba el pago de las imposiciones; ahora es el Tesoro de la Nación el mayor tomador de créditos.

Notas

[1] Se dicen liberales, y el sistema financiero principalmente financia la deuda pública.

[2] El IPC del INDEC de junio fue del 1,9% y, en alimentos y bebidas, del 1,3%.

[3] Fintech es la síntesis de las primeras letras de las palabras finanzas y tecnología.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).