Uruguay analiza el futuro de su participación en Telesur y Banco del Sur

 

Ecos Uy|

Con la relación bilateral lejos de estar en su mejor momento, el Poder Ejecutivo uruguayo se encuentra analizando el futuro de la participación uruguaya en dos proyectos de integración promovidos a nivel regional por Venezuela en la última década.

Los ministerios de Exteriores y de Educación y Cultura están en conversaciones por estas horas para definir si el país sigue participando o no de Telesur, el canal “bolivariano” gerenciado por el gobierno de Caracas, a cuyos intereses responde.

Cancillería, por otra parte, discute con Economía y Finanzas la permanencia de Uruguay en el Banco del Sur, una institución financiera promovida desde Caracas como “alternativa” a los organismos de financiación internacionales.

Así lo expresó el el canciller Rodolfo Nin Novoa al comparecer el jueves pasado ante la Comisión de Internacionales del Senado, en donde expuso la posición oficial en relación a la crisis política venezolana.

Si se concreta, el alejamiento de estos ámbitos representará una señal política significativa sobre la distancia que el gobierno de Tabaré Vázquez ha venido marcando con respecto al chavismo, si se lo compara con la gestión de José Mujica.

El caso de Telesur es paradigmático. La presencia uruguaya en esa cadena ha sido rechazada sistemáticamente por la oposición, que reclama desde hace tiempo que el país se desligue de un medio de comunicación con una línea informativa muy particular.

Gobierno “no promueve la distribución ni destina recursos” a Telesur

La mayor parte de las contraprestaciones del convenio con Venezuela nunca fueron cumplidas por Uruguay, que discute su futuro en la cadena.

El gobierno uruguayo “no promueve la distribución” de la señal de la cadena multiestatal Telesur a nivel nacional, ya sea por el sistema abierto, de cable o comunitario.

Tampoco realiza ningún gasto derivado de la participación nacional en la televisora ni destina ningún recurso humano para trabajar en ese medio de comunicación de origen venezolano.

Así lo aseguró el Ministerio de Educación y Cultura , en su respuesta a un pedido de informes cursado por la diputada nacionalista Graciela Bianchi.

Tampoco se participa en ningún tipo de intercambio ni financia alguna corresponsalía para la cadena a nivel local.

La posición oficial del gobierno con respecto al tema llega en momentos en que el Poder Ejecutivo evalúa si el país sigue formando parte tanto de este como de otros proyectos de integración promovidos desde Caracas en la última década.

Pese a la retórica integradora y cercana a ese país que se ha mantenido en los últimos años, la indiferencia con respecto a Telesur alcanza a otros ámbitos del Estado.

En Cancillería, solo existe una nota en referencia al tema, cursada por la embajada venezolana en Montevideo.

Está fechada el 8 de diciembre de 2011, solicitando al gobierno uruguayo la designación de un representante para participar en la “Reunión del Directorio Estratégico” del canal, que se celebró días después en Caracas en el marco de la “Semana de Telesur”.

Entre otros puntos, el encuentro estaba destinado a discutir la evolución de la señal y una revisión de su plan estratégico y de su línea editorial. También analizar posibles sugerencias para su mejoramiento operativo, tecnológico y administrativo.

“En los archivos de este ministerio no obra una respuesta a la misma”, fue la respuesta del Palacio Santos a la solicitud de Bianchi.

El convenio

La participación uruguaya en Telesur está regulada por la ley 18496, aprobada en 2009 y que ratificó el convenio relativo a cadena firmado con el gobierno de Venezuela en marzo de 2005.

La norma reflejaba la voluntad de avanzara en acuerdos de comunicación acordes al proceso de integración que vivía la región en esos momentos, a través de un canal que “muestre la diversidad social y cultural de América Latina y el Caribe”.

Uruguay se comprometía a suscribir hasta el 10% de su capital accionario inicial, por US$ 2,5 millones. La suma sería aportada por Venezuela, a cambio de una serie de contraprestaciones que, en los hechos, nunca se cumplieron.

Entre ellas el aporte de 20 horas mensuales de producción de contenidos nacionales, generados a nivel estatal, independiente o universitario.

También la colaboración en la formación permanente de recursos humanos para Telesur, y el establecimiento de enlaces satelitales con Caracas para la emisión en directo de segmentos de noticias.

La ley obligaba a Uruguay a financiar la corresponsalía de Telesur en Montevideo, su infraestructura y personal, promoviendo la distribución de esa señal por todos los medios.

En la práctica, la gran colaboración uruguaya fue ceder su órbita geoestacionaria para que operara el Venesat Simón Bolívar a cambio del 10% de la capacidad de dicho satélite, a través del cual la señal se retrasmite.