Rajoy admite que seguirá el desempleo, pero no modifica políticas

ALBERTO PRADILLA | El paro no bajará del 25% en el Estado español hasta 2016, según las previsiones hechas públicas ayer por el ministro de Economía, Luis de Guindos. De este modo, el Gobierno que preside Mariano Rajoy asume que esta será una legislatura perdida en cuestión de empleo.

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Llegó a Moncloa con un 22,8% de parados y se ha disparado hasta el 27,16%, con más de 6.200.000 personas apuntadas en las oficinas del SPEE. Según sus estimaciones, la tasa de paro será del 27,1% este año; del 26,7% en 2014 y del 25,8% en 2015, cuando el PP afrontará las elecciones, tres puntos por encima del índice heredado de José Luis Rodríguez Zapatero. Todo ello, pese a que la «creación de empleo» ha sido el gran objetivo proclamado por el Ejecutivo a la hora de defender sus «reformas estructurales». Madrid reconoce que afronta unos datos «dramáticos». Sin embargo, el Ejecutivo reivindica su reforma laboral, que abarataba de forma drástica el despido. Seguirá en la misma línea con la puesta en marcha de un plan anual de empleo que servirá para evaluar los efectos de la ley.

Apenas un día después de que el Estado español rompiese su techo histórico de desempleo, había mucha expectación hacia el Consejo de Ministros en el que se pondrían sobre la mesa las nuevas perspectivas económicas. También incertidumbre de cara a nuevos recortes. Quedó claro que el Gobierno español no va a modificar sus planes de ajuste. Todo ello, pese a que tuvieron que reconocer que las estimaciones ofrecidas hasta ahora no concuerdan con la realidad. Los líderes del Ejecutivo culpan de los malos augurios al contexto internacional, así como a las obligaciones de la UE.

Todas las cifras ofrecidas ayer por De Guindos, la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, empeoran las expectativas previstas. «Son datos conservadores y muy prudentes», afirmó ayer Montoro. «No son buenos, ha habido un deterioro», añadió Guindos. Según sus previsiones, la recesión se mantendrá a lo largo de este ejercicio con una caída del 1,3% del PIB, muy superior al 0,5% estimado. Esta tendencia se mantendrá en los próximos años, en los que el Ejecutivo de Madrid confía en mejorar su situación económica. Según las cifras del Programa de Estabilidad aprobado ayer, la economía debería crecer el 0,9% en 2015 y el 1,3% un año más tarde, después de que tengan lugar nuevos comicios.

Las previsiones de déficit y endeudamiento público también quiebran las estimaciones previas. Sobre el desajuste fiscal, Moncloa prevé pasar del 10,6% al 6,3% a final de este ejercicio -3,7% para la administración central, 1,4% para la Seguridad Social y 1,2% para las comunidades autonómicas-.

Un año después pasará al 5,5% y en 2015, al 4,1%. Solo en 2016 se llegaría a los objetivos comprometidos con la Unión Europea, situados en el 3%, llegando, según los cálculos del Ejecutivo español, al 2,7%.
Impuestos y repeticiones

El paro no constituye el único incumplimiento del PP ante las malas previsiones económicas. Hace año y medio, con el primer paquete de recortes, el Ejecutivo incluyó un incremento del IRPF que vendió como «temporal» hasta 2014. Ahora asegura que lo mantendrá un año más y que será eliminado, precisamente, durante el año electoral. A esta carga añadida se le suman nuevos impuestos que Montoro no quiso especificar pero que se incluyen dentro del paquete de 22 medidas de reforma. Muchas de estas iniciativas, como los cambios recentralizadores en administraciones públicas y acción exterior, ya estaban anunciadas desde hace meses.

Lo que no ha cambiado es el gusto por el eufemismo. Si hace unos años el incremento del IRPF era un «recargo temporal de solidaridad», ayer se habló de «novedad tributaria». Solo quedó claro que habrá una tasa medioambiental y otra para la banca, después de rechazar una subida sobre los combustibles o los productos relacionados con la hostelería (alcohol y tabaco).

Otras iniciativas apuntadas ayer por el Ejecutivo son la «ley de desindexación de la economía española», que según Sáenz de Santamaría, supondrá que el IPC deje de ser la medida que regula los incrementos. Aunque, como es habitual, habrá que ver la letra pequeña del BOE para conocer su verdadero alcance.

 

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