La Guardia Civil española arrestó el miércoles 20 a altos funcionarios del gobierno de Cataluña y registró varias sedes del Ejecutivo regional, en un operativo contra el referendo unilateral de secesión del 1 de octubre, lo que elevó al máximo la tensión y disparó protestas espontáneas en Barcelona donde los ciudadanos desafiaron al Ejecutivo español al grito de “Votaremos”.

El golpe policial tuvo lugar a diez días de la fecha marcada para el referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional y fue considerado todo un acto de agresión del Ejecutivo central español del conservador Mariano Rajoy, al que el presidente catalán, Carles Puigdemont, acusó de haber traspasado la línea roja que separaba a España de un régimen autoritario y represivo.
“No daremos un paso atrás porque vamos a defender el derecho de los ciudadanos a defender su futuro”, dijo en una declaración institucional Puigdemont, tras celebrar una reunión extraordinaria con su equipo en Barcelona. “Los ciudadanos estamos convocados el 1 de octubre para defender la democracia ante un régimen autoritario. Tenemos que dar una respuesta masiva y cívica”, añadió en la sede del Ejecutivo catalán.

Miles de personas se concentran desde este jueves a mediodía ante en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) contra la “represión” del Estado por el referéndum del 1 de octubre. Convocados por la ANC y Òmnium Cultural -“de forma indefinida”-, los concentrados piden libertad para los altos cargos del Govern detenidos el miércoles por la Guardia Civil por su vinculación con los preparativos del el 1-O.

La Guardia Civil española, por orden de un juzgado ordinario con sede en Barcelona, detuvo a 14 personas –12 funcionarios públicos y dos empresarios– por participar en la organización del referendo de independencia previsto para el primero de octubre. Además, la policía española registró más de 40 sedes de la Generalitat de Cataluña y de partidos políticos que apoyan el proceso secesionista, donde además incautaron 10 millones de papeletas para la consulta ciudadana.

En términos policiales, la operación sirvió para destruir el núcleo de los responsables de organizar la consulta y para confiscar documentos, papeletas, censos y cartas que serían esenciales para llevar a cabo la consulta soberanista. Los dos detenidos de mayor rango son personajes muy importantes en la coalición que impulsa la independencia: el secretario general de Economía, Josep Maria Jové, y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, los colaboradores más cercanos del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del vicepresidente, Oriol Junqueras.

Catalanes en la calle

Una masiva concentración espontánea se llevó a cabo frente a la consejería de Economía, a la que se sumaron ciudadanos indignados por las medidas represivas desarrolladas desde Madrid por el gobierno del derechista Mariano Rajoy. La protesta se trasladó a Las Ramblas, donde más de 40 mil personas insistieron en que a pesar de la censura y las medidas antidemocráticas del Estado español, el primero de octubre votaremos.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, compareció por la noche y apremió a los líderes independentistas a que cesen en su estrategia de llevar a cabo un referendo que no se puede celebrar, nunca fue legal ni legítimo y ahora no es más que una quimera imposible. Y añadió: Mi actuación estará guiada en todo momento por la prudencia y la responsabilidad, pero cada ilegalidad tendrá una respuesta firme, proporcionada y rigurosa.

Quedan 11 personas detenidas, que se encuentran en los cuarteles de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia (Barcelona) y Sant Andreu de la Barca, a la espera de pasar a disposición judicial. La Guardia Civil les atribuye el delito de sedición -entre ocho y quince años de cárcel e inhabilitación absoluta-, además de los de desobediencia -de tres a doce meses e inhabilitación de seis meses a dos años-, prevaricación -de tres meses a quince años de inhabilitación, prohibición de ser candidato a unas elecciones y multa económica- y malversación -de dos a ocho años de prisión e inhabilitación de seis a diez años-.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se declara la no disponibilidad de créditos en el presupuesto de Catalunya para 2017. El ministro Cristóbal Montoro firmó este miércoles dicha orden, mediante la cual el Ejecutivo asume todo el control presupuestario de Catalunya, después de que se agotara el plazo de 48 horas dado al presidente catalán para que la Generalitat aprobara un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria.

Entre parlamentarios y trabajadores

Todos los grupos parlamentarios, excepto PP, PSOE y Ciudadanos, han hecho una declaración conjunta para denunciar las detenciones realizadas este miércoles por la Guardia Civil. Joan Tardà, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, ha mostrado la solidaridad con los cargos del Govern y ha reclamado su libertad. “Agradecer la respuesta pacífica de la ciudadanía”, ha apostillado Tardà en representación de la mayoría de formaciones políticas.

El conseller de la Presidencia, Jordi Turull, ha afirmado que tras las “amenazas” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hay “más motivos” para organizar un referéndum el 1 de octubre, a pesar de que el Estado “está reventando todas las garantías”. Turull ha salido al paso de las palabras de Rajoy, que ayer advirtió a los responsables de la Generalitat de que están aún “a tiempo de evitar males mayores” y pidió que renunciaran a un referéndum que siempre ha sido ilegal y que, ahora, consideró sólo “una quimera imposible”.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que el presidente del Gobierno “no está a la altura del cargo” para afrontar el conflicto catalán y ha calificado de “irresponsable” su actitud al ofrecer solo “represión” a lo que es un problema político. “No tiene horizonte, ¿cuál es el proyecto? ¿qué es lo que va a plantear el presidente a la ciudadanía catalana? ¿qué es lo que va a plantear para defender la democracia española?”, se ha preguntado Iglesias antes de entrar al pleno del Congreso.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha pedido al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que desconvoque ya el referéndum, “cuanto antes mejor”, y que, “de forma inmediata”, se pueda garantizar la apertura de un espacio de diálogo político. En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, Narbona ha querido empezar su intervención con este llamamiento y ha subrayado que el PSOE apoya la legalidad vigente “y lo está demostrando todos los días, no sólo con declaraciones”.

Mientras, los estibadores de Barcelona han decidido en asamblea no operar el crucero fletado por el Ministerio del Interior para alojar a los agentes que se trasladan a Catalunya para la operación por el 1-O, según ha informado la Organización de Estibadores Portuarios de Barcelona (OEPB-Coordinadora). “Los estibadores de Barcelona hemos decidido en votación no operar el barco Raphsody. En defensa de los derechos civiles”, ha asegurado esta coordinadora en un tuit .

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, trasladó un mensaje al Gobierno español: “España perdió a Catalunya esta noche”, señaló en su cuenta de Twitter. El periodista, muy activo en lo relacionado a la cuestión catalana, publicó además un combo de imágenes de las distintas protestas -que tuvieron lugar este miércoles- contra la respuesta del Gobierno español en su intento de frenar el referéndum.

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