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Una investigación de Facundo Franco, Nicolás Thevenet y Fernando Gelves, que será publicada en noviembre, demuestra la concentración de medios en Uruguay. La presentación del mapeo se hizo ayer en el Foro Internacional Concentración de medios, democracia y libertad de expresión, organizado por la UNESCO, la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay (Fesur) y el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom).

Thevenet dijo que se trabajó con los tres grupos empresariales más importantes: Fontaina-De Feo, asociado a Canal 10; Cardoso-Scheck, vinculado a Canal 12; y el grupo Romay, de Canal 4. Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró que es importante conocer los nombres de los dueños de los medios para defender la pluralidad y combatir los monopolios que limitan la libertad de expresión. La investigación demostró que, por ejemplo, el grupo Romay tiene once emisoras de radio y cuatro empresas de televisión para abonados. En el grupo Fontaina-De Resultado de imagen para uruguay mediosFeo es Martín Villar el que controla Canal 10 y TCC; además, el grupo está vinculado a las emisoras Radio Carve y Nuevo Tiempo. En tanto, el grupo Cardoso-Scheck es el único que tiene emisoras de radio y televisión pero también medios escritos como El País y Búsqueda. “Estos tres grupos tienen un alto poder de concentración”, aseguró Thevenet.

También se relevó la situación de tres departamentos –Durazno, Rocha y Lavalleja– donde los medios están en manos de pocas familias. En Durazno, la familia Rielli-San Martín tiene el monopolio, con cuatro de las seis radios; está relacionada al poder económico, gracias a un emprendimiento ganadero, y tiene fuertes vínculos políticos. En Rocha, el grupo Benítez-Fagián controla el servicio de televisión para abonados en todo el departamento y además tiene cuatro emisoras de radio FM y dos televisoras. En tanto, en Lavalleja, y en especial en Minas, predomina el grupo Falco, con más de 50 años de negocios en los medios.

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João Brant, de Observacom, presentó un estudio sobre la concentración en la economía digital y sus efectos sobre la libertad de expresión. Dijo que en el mundo hay 3,9 millones de personas que no tienen acceso a internet, “más de la mitad de la población del mundo”. En América, 35% no usa la red; “el cuello de botella se da en los proveedores de servicio –Claro-América Móvil, Telefónica-Movistar y AT&T– y los proveedores de contenido, como Google, Facebook, Spotify o Netflix”.

Brant señaló que la preponderancia de estas empresas genera un impacto en la libertad de expresión, a través del control del contenido. “Hay un control sobre el flujo de la información; en Facebook, si no se paga, el alcance es limitado”, explicó. Además, “no existe una rendición de cuentas y los usuarios no tenemos la opción de elegir a otra empresa”. El investigador aseguró que la neutralidad deseada en los intermediarios no existe, y el contenido que se puede subir queda sujeto a las presiones de los Estados o de actores privados, lo que genera “el silenciamiento de voces diversas”.

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