Stella Calloni|

La Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró por mayoría de tres jueces contra dos, que el beneficio del 2 por 1 que permite contar doble los días que se pasan sin sentencia firme a partir del segundo año de detención, es aplicable para la penas por delitos de lesa humanidad, lo que beneficia a los condenados por esos crímenes durante la dictadura militar (1976-1983).

La decisión, que provocó un fuerte impacto en los organismos de derechos humanos locales y del mundo, y en sectores políticos, fue firmada por Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti –ambos jueces nombrados por el presidente Mauricio Macri– y se abstuvieron Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, y el juez Juan Carlos Maqueda, que consideran que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

Esto es abominable. El gobierno intenta borrarnos, advirtió Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en su primera reacción, antes de una conferencia de prensa.

También estiman que no es una coincidencia que la cúpula de la Iglesia católica planteara la reconciliación entre las familias de las víctimas del terrorismo de Estado y la de los militares responsables de estos crímenes, condenados por juicios históricos.

Basurean la memoria de nuestros hijos. Es un día nefasto, sostuvo Taty Almeyda, de Madres Línea Fundadoras, que el pasado 30 de abril cumplieron 40 años de lucha contra la impunidad, la memoria, la verdad y la justicia.

En la conferencia de prensa señalaron que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. Es una estafa a la moral social, nos están destruyendo no sólo en lo económico, sino en lo moral. Estoy indignada, sorprendida. Nos están destruyendo física y moralmente. Es un retroceso. Es una justicia impura, dijo De Carlotto, y expuso: estos delitos no prescriben hasta saber el destino de los desaparecidos y de los nietos apropiados.

La presidenta de Abuelas denunció que la resolución del máximo tribunal deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad.

Destacó que a los organismos les llama la atención que la juez Elena Highton de Nolasco haya cambiado la postura que mantuvo en años anteriores en causas por delitos de lesa humanidad. Votó en el sentido opuesto y en línea con los vientos de impunidad vigentes, dijo. También convocó a todo el pueblo a “defender los derechos conquistados que son la clave para garantizar el ‘nunca más’ en nuestra sociedad”.

Para Charly Pisoni, de la organización HIJOS, este fallo demostró que los organismos defensores de derechos humanos tenían razón cuando objetaron las designaciones de los jueces Rosatti y Rosenkrantz, porque no tenían la idoneidad moral para ocupar esos cargos. Esta decisión hace que nuevamente nos encontremos con los asesinos de nuestros padres en las calles, señaló.

Horacio Verbistky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales dijo que se trata de “una ofensiva llevada adelante con notable hipocresía. No puede haber reconciliación porque ninguno de los genocidas admitió los crímenes ni pidió perdón ni buscó reparar el daño causado, añadió.

En el otro extremo, Cecilia Pando, defensora de la dictadura que considera a los detenidos por delitos de lesa humanidad, como presos políticos, tuiteó exultante: ¡Excelente fallo de la Corte!

También el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, defendió el fallo y dijo que siempre estuvo de acuerdo con que los derechos humanos son para todos y por sobre todos nosotros está el marco regulatorio de la ley.

*Corresponsal de La Jornada de México en Argentina

Los obispos abrieron camino al fallo
Washington Uranga|  En el marco de la asamblea de la Conferencia Episcopal que se celebra esta semana en la localidad bonaerense de Pilar, los obispos católicos argentinos iniciaron lo que ellos mismos denominaron “un tiempo de reflexión sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar”. Cuarenta y un años después del golpe cívico militar que dio lugar a la dictadura más sangrienta que azotó a la Argentina, los obispos dieron comienzo a la “escucha de algunos testimonios de familiares de personas que sufrieron las consecuencias de este período marcado por la violencia en distintos ámbitos de la sociedad”.

Si bien la lista de los invitados no fue dada a publicidad, se conoce que en esta serie de consultas estarán incluidos tanto los familiares de desaparecidos por el terrorismo de Estado como personas que reivindican a acusados y condenados por delitos de lesa humanidad.
Enmarcado en lo que los obispos denominan la “cultura del encuentro” la acción ahora emprendida recibió el inmediato rechazo de las Abuelas de Plaza de Mayo y de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a través de Estela de Carlotto y Nora Cortiñas respectivamente. Fue precisamente la titular de Abuelas, después de una entrevista personal con el papa Francisco, quien fue vocera de la decisión adoptada por el Vaticano de abrir los archivos de la Iglesia relacionados con la dictadura militar. Pero el repudio a la propuesta episcopal de “reconciliación” se extendió ahora también a grupos  como los Curas en la Opción por los Pobres y el Colectivo de Teología de la Liberación.

Si bien el episcopado católico ha señalado que la tarea emprendida es “de largo aliento” está claro que la iniciativa se venía gestando desde hace tiempo en la Conferencia Episcopal, impulsada por un grupo de obispos que sostiene la idea de “la verdad completa” y que, aunque no lo admite públicamente, suscribe la “teoría de los dos demonios” para explicar lo ocurrido durante la dictadura militar y el terrorismo de Estado. Este grupo de obispos, que abierta o solapadamente enfrentaron la política de derechos humanos del kirchnerismo, sienten que su postura encuentra ahora un nuevo clima de época auspiciado por el macrismo y en el que se sienten más cómodos. No es ajeno a todo esto el anuncio también reciente de la normalización del obispado castrense con la designación del obispo Santiago Olivera.

Vale preguntarse los motivos por los cuales los obispos decidieron colocar ahora este tema en la agenda, cuando la misma jerarquía elude pronunciarse sobre cuestiones candentes de la realidad nacional, incluso sobre situaciones de crisis social diagnosticadas por el propio Observatorio de la UCA.

No son pocos los obispos que se mostraron molestos por la decisión del papa Francisco de abrir los archivos de la Iglesia relacionados con la dictadura. Si bien no existen demasiadas expectativas respecto de la información que allí se pueda obtener, hay obispos que insisten en “cuidar la imagen de la Iglesia” y recelan del uso que se pueda dar, aún en la Justicia, a lo que tales archivos puedan revelar. Entienden que debe “preservarse la imagen”, ya no de los actuales obispos, sino de quienes habiendo ocupado cargos de gran responsabilidad dentro del episcopado, como es el caso  del arzobispo Adolfo Tortolo (presidente de la CEA entre 1970 y 1976 y obispo castrense desde 1975) y del cardenal Francisco Primatesta (cuatro veces presidente de la CEA), son considerados cómplices de la dictadura militar.

Respecto de los archivos, el episcopado ha dicho que se trata de unas tres mil cartas y documentos que se conservan en el Episcopado, en la Nunciatura Apostólica y en la Santa Sede, “sobre pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos, y reclamar gestiones ante las autoridades militares de entonces”. Saliendo al cruce de algunas críticas, el cardenal de Buenos Aires, Mario Poli, afirmó que “no le tenemos miedo a los archivos. Los ponemos a disposición como un servicio a la reconciliación, a la justicia y a la verdad”.

Si bien dentro del episcopado existen discrepancias con Francisco y tales diferencias se manejan con reserva, no menos cierto es los obispos buscan utilizar los pronunciamientos -que pueden resultar ambiguos- del Papa, para el propio beneficio. En tal sentido no extraña ahora que para justificar la iniciativa tendiente a la “reconciliación entre los argentinos” –según la catalogan algunos– se use como eslogan la propuesta papal de la “cultura del encuentro”. ¿Conocía Francisco de antemano la iniciativa que ahora propone la jerarquía católica argentina? Difícil será tener una respuesta precisa sobre este punto.

El arzobispo Víctor Manuel Fernández, rector de la UCA y uno de los teólogos más cercanos al Papa, escribió en un libro aparecido en estos días que “Bergoglio siempre rechazó las dialécticas que enfrentan, y su ideal es el poliedro, que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todos formando una unidad cargada de matices”. Según Fernández  “se trata de recoger algo de la experiencia y de la perspectiva del otro, pero eso no significa perder mi identidad”, dado que “si no hay identidades claras no hay conflicto, pero tampoco hay vida, todo es cáscara vacía y marketinera”. Por eso, “no es sano huir de los conflictos o ignorarlos. Hace falta aceptarlos y sufrirlos hasta el fondo, nunca esconderlos”.

*Publicado en Página12

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