Estados Unidos y el 68 uruguayo: Las armas que mataron a Hugo de los Santos y Susana Pintos
La participación de Estados Unidos en la deriva autoritaria es un aspecto poco conocido de la época predictatorial uruguaya. Documentos desclasificados de ese país revelan que, en virtud de un acuerdo entre el Departamento de Estado y el gobierno uruguayo, a partir de 1965 se estableció en Montevideo un programa estadounidense de contrainsurgencia que en 1968 armó, adiestró y coordinó a la Policía uruguaya en la represión de manifestaciones, huelgas y ocupaciones.
Fotos: National Archives and Records Administrations, College Park MD, RG286. Usaid / Ops – Uruguay
Ocho años antes del golpe de Estado de 1973 llegó a Uruguay un equipo de funcionarios estadounidenses con una misión específica: transformar a la Policía en la “primera línea de defensa” contra el comunismo y la subversión. Desde comienzos de los años sesenta los analistas del Departamento de Estado y la Cia especializados en Uruguay preveían el advenimiento de una grave crisis económica, con sus secuelas sociales y políticas, cuyos resultados aparecían peligrosamente inciertos para los intereses de Estados Unidos.
Aunque este diagnóstico era prematuro, Estados Unidos presionó a los gobernantes uruguayos para que aceptaran el establecimiento de un programa de asistencia policial. En 1965 llegaron a Montevideo los primeros instructores del Programa de Seguridad Pública (Psp), dependiente de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Aid), por un acuerdo estipulado entre el Departamento de Estado y el gobierno uruguayo. Sus actividades cesaron nueve años después, en 1974, cuando el Congreso resolvió que el programa fuera clausurado definitivamente en todo el mundo.
Los instructores del Psp se proponían modernizar a la Policía uruguaya en varios años de sostenido trabajo, disponiendo para ello de cuantiosos recursos otorgados por la Aid. ¿Modernizarla en qué sentido, con cuáles objetivos? Más allá del documento suscrito por los dos gobiernos, necesariamente convencional pues debía ser sometido al control de ambos parlamentos, los verdaderos objetivos se detallaban en los informes que la embajada de Estados Unidos y los instructores policiales enviaban periódicamente a Washington. El Psp era fundamentalmente un programa de contrainsurgencia. En el concepto de insurgencia sus responsables incluían no solamente la actividad de los movimientos guerrilleros, sino las movilizaciones sociales masivas, huelgas, manifestaciones, ocupaciones y otras modalidades de protesta social; en especial cuando ponían en riesgo la estabilidad de los gobiernos aliados de Estados Unidos.
Al igual que en otros países del llamado Tercer Mundo, el Psp no potenció las capacidades de la Policía uruguaya para combatir la criminalidad y el delito común, sino que la preparó para neutralizar la presunta amenaza comunista. Por consiguiente transformó a la Policía en un relevante instrumento político. Poco después el programa de asistencia militar cumplió una función análoga con las Fuerzas Armadas.
En un lapso de aproximadamente seis años los estadounidenses reorganizaron completamente a la Policía y la capacitaron para la represión de los movimientos sociales y guerrilleros. En 1971, cuando el movimiento tupamaro había alcanzado su mayor expansión y la izquierda se había unificado en un frente electoral, el énfasis y los recursos fueron desplazados hacia las Fuerzas Armadas.
Entre 1965 y 1974 actuaron en Uruguay cuatro equipos del Psp. Sus jefes fueron Adolph Saenz (1965 a 1969), Dan A Mitrione (1969-1970), Richard Martinez (agosto a setiembre de 1970), Roy Driggers (1970-1972) y Charles Guzman (1972-1974). Los consejeros a sus órdenes fueron sucesivamente César Bernal, Ronald Holko, William Cantrell, Julián Lindenauer, Lee Echols, Richard Biava, Richard Martinez, José Hinojosa y Jorge Matos.
La fuerza policial uruguaya a la que deberían modernizar alcanzaba en 1966 los 6.064 efectivos en Montevideo y 8.971 en el Interior. En 1972 ascendía en total a 20.650 hombres; Fuerzas Armadas y Policía sumaban 47.650 efectivos. El país se encaminaba a la dictadura con un crecimiento extraordinario de sus cuerpos armados. La relación en todo el país era de un policía o militar cada 61 habitantes.1
Instrucción y pertrechos
En 1968 el equipo del Psp estaba integrado por cuatro instructores. Tres habían sido policías en Estados Unidos: el jefe Adolph Saenz, el responsable de entrenamiento César Bernal y Julián Lindenauer, llegado a Montevideo en setiembre de ese año. El cuarto, William Cantrell, asesor en inteligencia, había pertenecido a la División Extremo Oriente del Servicio Secreto. Aunque adscripto como sus camaradas a la Aid, en realidad era funcionario de la Cia.
El trabajo de los cuatro instructores se desarrollaba en sordina, alejado de la visibilidad de la política y los medios de comunicación. El Parlamento no controlaba sus actividades y el Ejecutivo evitaba informar al respecto. Pese a su opacidad, la labor de los estadounidenses se desplegó en coordinación con los más altos niveles del gobierno.
Al intensificarse la protesta social en Uruguay, el programa de la Aid proporcionó los insumos necesarios para garantizar la eficacia policial. Un alud de suministros, enviados en ocasiones por vía aérea desde Estados Unidos. Junto al armamento tradicional entregado a la Policía en los años precedentes, llegaron ingentes partidas de equipos y municiones químicas para el control de tumultos: escopetas y revólveres de gas Federal, miles de granadas, proyectiles y cartuchos de gas lacrimógeno CN y CS destinados a la Guardia Metropolitana, quintales de gas lacrimógeno en bidones, dispensadores en aerosol del mismo gas, granadas y proyectiles de gas de dispersión detonante. Cientos de manifestantes resultaron heridos, algunos de gravedad, por la explosión cercana o el impacto directo de estos elementos.
Los instructores del Psp incentivaron a partir de junio de 1968 la producción de cachiporras de madera y solicitaron a Washington más vehículos para el patrullaje y la dispersión de manifestantes. Proveyeron cascos, máscaras, cámaras fotográficas, teletipos, equipos de investigación y laboratorio, radiotrasmisores y otros insumos para la actividad policial. El equipamiento de la Policía uruguaya, en 1968 y en los años sucesivos, provino abrumadoramente de los fondos del programa de la Aid.2
Por otra parte, los instructores del Psp dirigieron el adiestramiento contrainsurgente en Montevideo y el interior del país. En 1968 seleccionaron a los policías más destacados –como lo venían haciendo desde 1965– y los enviaron a perfeccionarse en la Academia Interamericana de Policía (Ipa) y otros centros de instrucción de Estados Unidos. Algunos de estos cursos, a otro nivel, eran replicados en Uruguay por los estadounidenses o por los becados a la Ipa, una vez que regresaban. Junto a los contenidos técnicos incluían un fuerte adoctrinamiento anticomunista.
“El impacto de nuestro programa”, concluían con indisimulado orgullo en setiembre de 1968, “es verdaderamente evidente. (…) el staff de la Aid constituye además un favorable factor de apoyo moral para la Policía en estos momentos”. Gracias a su asistencia, afirmaban, “desde enero a setiembre de 1968, 224 desórdenes de significativas proporciones fueron exitosamente controlados por la Policía. Estamos alentándola para que desarrolle nuevos planes para cubrir las contingencias que puedan ocurrir en los próximos meses”.3
Orientación e influencia
Los instructores policiales no se limitaron a proporcionar adiestramiento y pertrechos, sino que ejercieron una permanente orientación de las actividades policiales. En 1968 se reunían habitualmente con los jerarcas del Ministerio del Interior y de la Jefatura de Montevideo para sopesar los aciertos y errores de la campaña represiva y disponer en conjunto las tácticas a seguir.
El contacto entre uruguayos y estadounidenses era cotidiano porque el equipo del Programa de Seguridad Pública disponía de una oficina ubicada en el primer piso de San José y Yi. En el mismo edificio funcionaba el centro de radiocomunicaciones policiales, organizado, equipado y supervisado por técnicos del Psp que viajaban periódicamente a Uruguay. Entre otras funciones, en el centro se interceptaban teléfonos a pedido de los funcionarios de la Cia que con distintas coberturas oficiales visitaban frecuentemente la Jefatura.4
Podría pensarse que los instructores del Psp y el personal de la embajada de Estados Unidos impusieran por la fuerza sus criterios y políticas a un conjunto de jerarcas locales que rechazaban su injerencia. En realidad eran los gobernantes uruguayos, los sucesivos ministros del Interior y los jefes policiales quienes solicitaban apoyo y financiación, equipamiento y orientaciones, becas y adiestramiento; ellos eran quienes agradecían y volvían a agradecer a los funcionarios estadounidenses.
En el mes de julio el mismo presidente Pacheco telefoneó a la embajada para agradecer a los diplomáticos e instructores del Psp la eficacia represiva demostrada en junio por la Policía en la represión de huelgas y manifestaciones.5
A ciertas reuniones de coordinación con Saenz y sus hombres asistieron el ministro de Defensa de la época, general Antonio Francese, y los comandantes de las tres armas. Entre enero y mayo los instructores se reunieron frecuentemente con el ministro del Interior, Augusto Legnani, y el subsecretario Alejandro Rovira, el jefe de Policía de Montevideo, Raúl Barlocco; el director de Seguridad, Emilio Guerra; el jefe de la Guardia Metropolitana, Alfredo Rivero, el de la Guardia Republicana, Ángel Barrios (todos ellos coroneles en situación de retiro), y el director de Inteligencia, Antonio Pírez Castagnet.
Frente al aumento de la agitación social, en mayo de 1968 se produjeron oportunos cambios en las autoridades policiales y del Ministerio del Interior. Por discrepancias internas renunciaron el ministro Legnani y el subsecretario Rovira. El primero fue remplazado por el conocido abogado y jurista Eduardo Jiménez de Aréchaga; el segundo por Jorge Suárez, marino retirado con un nutrido currículo de funciones oficiales cumplidas en Estados Unidos. Al mismo tiempo, en la Jefatura de Policía de Montevideo Raúl Barlocco fue sustituido por el coronel (r) Alberto Aguirre Gestido. El subjefe Ramiro Chávez dejó su cargo a Heleazar Agosto. Como jefe del estado mayor policial fue designado el coronel (r) Romeo Zina Fernández, ex miembro del Sid.
El 24 de mayo, apenas asumieron sus cargos, Jiménez de Aréchaga y Suárez se reunieron por dos horas con Bernal y Cantrell para discutir los próximos pasos del proyecto de seguridad pública, asegurándoles su fervoroso sostén.
El mismo día Saenz y sus hombres se reunieron con los nuevos jerarcas policiales, quienes reafirmaron su incondicional apoyo al programa. Aguirre Gestido expresó su total confianza en la capacidad de los instructores estadounidenses; esperaba le aconsejaran cómo orientar a la Jefatura de Policía y resolver sus problemas.
El 29 de mayo los instructores se reunieron con los jefes y subjefes de las guardias Metropolitana y Republicana para discutir la celeridad de esas unidades en la disolución de movilizaciones. Inspeccionaron el stock de municiones químicas y lo estimaron suficiente para neutralizar los disturbios que ocurrirían en los próximos seis o nueve meses. La Republicana se había preparado para realizar patrullajes a pie. Contaba con 435 efectivos, de los cuales entre 150 y 175 montaban caballos. Con el apoyo de Saenz y Bernal, los demás fueron organizados, entrenados y armados con cachiporras.6
Reuniones conjuntas de alto nivel como las mantenidas en mayo se repitieron hasta fin de año. A partir de junio la intensificación de la protesta social obligó a revisar las estimaciones precedentes. En los balances mensuales enviados a Washington, hasta diciembre, los instructores del Psp informaban haber trabajado con los jefes policiales para planificar medidas represivas, coordinar operaciones y comunicaciones, redistribuir equipos y vehículos y ofrecer sugerencias y asistencia.
Inteligencia para la persecución política
La inteligencia fue un capítulo esencial del proyecto estadounidense de reforma de la Policía. En 1965 tanto los uruguayos como los estadounidenses consideraban que los métodos en esa área eran toscos y elementales. El núcleo de la Cia que operaba en Uruguay impulsó en 1967 la creación de una nueva unidad, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii), que absorbió el antiguo Departamento de Inteligencia y Enlace. Aunque es poco lo que se sabe al respecto, varios testimonios directos han afirmado que la Cia supervisó, financió y adiestró a los policías de la Dnii a través de sus funcionarios William Cantrell y Juan Noriega. Cantrell se fue de Uruguay en marzo de 1970; Noriega (que operaba con cobertura diplomática) en noviembre de 1969. Con ellos trabajaron varios agentes uruguayos remunerados por la Cia, como el inspector Pírez Castagnet y el subcomisario Pablo Fontana.7
En 1968 la inteligencia policial colaboró con la campaña represiva para atender los problemas planteados por la movilización social, fichar a los manifestantes y huelguistas, vigilar a sus dirigentes y realizar arrestos. La Dnii siguió fortaleciéndose con la asignación mes a mes de nuevos policías. Cantrell dirigió los cursos de instrucción para el personal seleccionado, con la colaboración de uruguayos graduados en la Ipa. También supervisó la renovación del equipamiento de la Dnii y las reformas edilicias de su nueva sede, ubicada en la avenida 18 de Julio casi Juan Paullier, en dependencias cedidas por la Seccional 9ª de Policía.8
En los años siguientes la Dnii se volvió célebre por las torturas que su personal perpetraba contra los detenidos políticos. La modernización en equipamiento e instrucción que hasta 1974 le brindó el Psp no la convirtió en un competente servicio de inteligencia sino en el instrumento idóneo para la vigilancia y el fichaje político-ideológico de los ciudadanos, con finalidades de control y persecución política. También en este plano el Psp y la Cia contribuyeron a la violación de los derechos civiles de los uruguayos.
El factor militar
La coordinación militar y policial, el establecimiento de vínculos entre Fuerzas Armadas y Policía para la represión conjunta del “comunismo”, fue desde 1965 uno de los principales objetivos del Psp. Todos los equipos del programa de asistencia policial que actuaron en Uruguay trabajaron en coordinación con los servicios de inteligencia policial y con el Grupo Militar de la embajada de Estados Unidos (Milgrp), comandado a partir de 1967 por el coronel Lorenzo Caliendo. Por su cercanía con las Fuerzas Armadas uruguayas, este militar cumplió un destacado papel en el desarrollo de la ofensiva contrainsurgente de los años sucesivos.
En su campo específico de actividad, los instructores del Psp estimulaban la participación militar en la represión de manifestaciones y disturbios civiles. Teorizaban sobre la necesidad de establecer una “segunda línea de defensa” contra el avance comunista: la unión operativa de Policía y Fuerzas Armadas en la lucha contrainsurgente. En un primer momento la mayoría de los militares uruguayos se mostró impermeable a estas sugerencias, pero poco a poco sus resistencias fueron desapareciendo. El auge de las luchas sociales y el secuestro de Ulysses Pereira Reverbel por el Mln, en agosto de 1968, fueron hitos significativos en este camino.
Byron Engle, director en Washington de la Oficina de Seguridad Pública, de la que dependía el Psp, en un mensaje firmado también por el secretario de Estado, Dean Rusk, congratuló al equipo de Saenz porque en enero de 1968 había logrado incluir formalmente personal militar en el entrenamiento de la Policía. El hecho era tan significativo que debía ser estimulado: “Es esperanzador –escribía– porque presagia estrechas relaciones de trabajo en el futuro”. Engle quiso saber si los respectivos mandos estaban preparando algún plan operativo de Policía y Fuerzas Armadas para enfrentar unidos las manifestaciones y otros disturbios civiles.9
El entrenamiento conjunto al que se refería Engle había tenido lugar en el departamento de Colonia. Los instructores eran policías uruguayos del Grupo Móvil de Entrenamiento, organizado y preparado por los estadounidenses del Psp. Contó con la asistencia técnica de Saenz y Bernal. Cursos similares habían sido impartidos precedentemente en Salto y Canelones.
Las instalaciones y armas fueron proporcionadas por el Regimiento 4º de Infantería, con sede en Colonia. A pedido de sus comandantes participaron diez oficiales del Ejército y la Prefectura Marítima. Saenz hizo notar a Washington que por primera vez policías y militares asistían formalmente juntos a un adiestramiento y que todos los involucrados se mostraron entusiastas con la novedad. Visitaron el curso el jefe de Policía de Montevideo, el subsecretario del Interior Rovira y altos oficiales militares del departamento de Colonia. En esa oportunidad el comandante del Regimiento 4º de Infantería enfatizó en un discurso las responsabilidades de militares y policías en la preservación de la seguridad interna. En los siguientes cursos que el Psp organizó en el interior del país comenzaron a participar oficiales de las Fuerzas Armadas.
El modelo de curso promovido por el Psp incluía ejercicios con armamento, control de manifestaciones y disturbios, relaciones públicas, mecánica del arresto, operaciones de patrullaje, métodos de instrucción, operaciones de defensa interna y principios rectores de la investigación.
En 1968 los instructores del Psp convocaron reuniones con altos oficiales de la Policía y las Fuerzas Armadas y los ministros de Defensa e Interior, con el objetivo de demostrar la importancia de una labor conjunta de militares y policías. Las más significativas tuvieron lugar el 5 de setiembre y 7 de noviembre. En la primera participaron el embajador de Estados Unidos, Robert Sayre, y otros miembros del Country Team, el primer secretario John Horton (jefe de la base de la Cia en Uruguay hasta agosto, cuando fue remplazado por Richard Sampson), el coronel Lorenzo Caliendo, los ministros y subsecretarios de Defensa e Interior, los inspectores generales de las tres armas, el jefe de Policía de Montevideo y los comandantes de las guardias Metropolitana y Republicana.
El 7 de noviembre los jefes militares y policiales uruguayos se reunieron con los instructores del Psp, los agregados militares de Estados Unidos y oficiales estadounidenses llegados expresamente de Panamá para explicar la conveniencia de las fuerzas conjuntas. En el cónclave se propuso la creación de un comando militar y policial, radicado en el Ministerio de Defensa, que pudiera ser utilizado en situaciones de crisis, es decir, de insurgencia de masas, pues en 1968 la guerrilla urbana no representaba el principal problema de seguridad para el gobierno uruguayo. “Esta reunión fue altamente exitosa en términos de estimular acciones con el propósito de la defensa interna”, escribió Saenz a Washington.
.Según se informó en esa reunión, las Fuerzas Armadas uruguayas se encontraban dispuestas a movilizar 5 mil hombres en Montevideo, aunque sólo 200 estaban adiestrados para el control de las manifestaciones. Cuatrocientos efectivos de la Armada, con la asistencia de la misión militar de Estados Unidos y el adiestramiento en control de disturbios impartido por Bernal, se estaban preparando “para proteger instalaciones vitales, como Ancap y Ute”.10
En 1968, por lo tanto, los estadounidenses vieron la oportunidad de volver a plantear una de sus preocupaciones fundamentales, ya expresadas en 1965: el establecimiento de una coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía para dominar las movilizaciones sociales, consideradas como insurgencia urbana impulsada por fuerzas comunistas o aliadas del comunismo.
Notas
- Cifras tomadas de Uruguayan Police Force Survey, 24-IV-1964, y Uruguay Security Forces Casualty Report CY1972, 9-V-1973, en National Archives (Nara), RG286, Ops/Aid-Uruguay.
- “US Public Safety Project. Fiscal Years 1964-1973 Uruguay”, Summary Commodities, en ibíd.
- “Public Safety Monthly Report, September 1968, Uruguay”, en ibíd.
- Philip Agee, Inside the Company. Cia Diary. London, Penguin Books, 1975. Págs 347-349.
- “Public Safety Monthly Report, July 1968, Uruguay”, en Nara, RG286, Ops/Aid-Uruguay.
- “Public Safety Monthly Report, May 1968, Uruguay”, en ibíd.
- Manuel Hevia Cosculluela, Pasaporte 11333. Ocho años con la Cia. La Habana, 1978, Philip Agee, op cit, Alejandro Otero, entrevistas de la autora, Montevideo, 2002 y 2005.
- “Public Safety Monthly Report”, January-December 1968 Uruguay, en Nara, RG286, Ops/Aid-Uruguay.
- Cable de Ops/Aid Washington a Aid Montevideo, “Public Safety Monthly Report, January 1968 Uruguay”, 5-V-1968, en Nara, RG286, Ops/Aid-Uruguay.
- “Public Safety Monthly Report, September-November 1968 Uruguay”, en ibíd.
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El pedido de Pacheco a la embajada de Estados Unidos
Armas contra piedras
Una semana después de la muerte de Líber Arce, el 22 de agosto, Pacheco se reunió con el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, John L Topping, y le solicitó más armamento y municiones. Explicó que la Policía y las Fuerzas Armadas necesitaban asistencia en armas ligeras, transportes, comunicación y municiones. Topping le preguntó qué entendía por armas ligeras, y el presidente dijo “que no pensaba en armas automáticas, sino en armamento liviano y más eficiente”. El diplomático prometió trasmitir los requerimientos y sugirió la conveniencia de que el Ejército sustituyera sus obsoletos tanques por vehículos blindados para el transporte de efectivos, idea que entusiasmó al presidente.
A continuación, “hablando más en confianza” –escribió Topping al Departamento de Estado–, Pacheco opinó que las Fuerzas Armadas no habían respondido adecuadamente a la reciente crisis. “Dijo que están apegadas a los conceptos militares clásicos, mientras que él sentía que deberían estar fortaleciendo la moderna función de seguridad interna. Como resultado, las Fuerzas Armadas no habían respondido en la forma que él esperaba a los recientes disturbios, desórdenes y acciones terroristas”, relató Topping. Era necesario brindarles “alguna reeducación”.1
Respaldado por esta virtual autorización presidencial y constatando la intensidad, frecuencia y masividad de las movilizaciones populares, en agosto de 1968 Saenz solicitó urgentemente a Washington le enviara más armamento antidisturbios. Por vía aérea llegaron a Montevideo 50 escopetas antimotines; 42 de las cuales fueron entregadas a la Metropolitana. Bernal adiestró a los policías en su uso y el 18 de setiembre fueron estrenadas en las inmediaciones del Palacio Legislativo, hiriendo a varios estudiantes. El 20 de setiembre la Metropolitana volvió a emplearlas para disparar contra una manifestación que se desarrollaba frente a la Facultad de Derecho, dando muerte a los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos. La orden de disparar la dio el jefe de la Metropolitana, Alfredo Rivero, que comandaba los efectivos policiales y había sido instruido en control de disturbios por el Psp. En el informe mensual enviado a Washington, los instructores aseguraron falsamente que los primeros disparos habían partido de la manifestación y que Rivero había respondido para defender la vida de sus subordinados. Relativizaron las muertes diciendo que las víctimas eran miembros de la Juventud Comunista, y añadieron –en una frase cancelada con un trazo de tinta– que uno de los fallecidos había frecuentado un curso de adiestramiento en Rusia.2
En el Parlamento se inquirió, infructuosamente, sobre el origen de las nuevas armas. El ministro de Cultura negó terminantemente que la Policía hubiera usado armas de ese tipo. En octubre de 1968, en el transcurso de una interpelación parlamentaria, el ministro Jiménez de Aréchaga debió admitir su uso, pero aseguró que habían sido compradas por el anterior gobierno del Partido Nacional. De esta forma el Poder Ejecutivo mentía al Poder Legislativo, inaugurando en Uruguay la práctica de la negación de los crímenes de Estado por sus ejecutores, cómplices y mandantes. Jiménez de Aréchaga fue desmentido en el Parlamento por el senador Felipe Gil, ministro del Interior del anterior gobierno blanco. Pero la verdad sobre el origen de este armamento no llegó a conocerse hasta que los documentos estadounidenses que aquí se citan fueron desclasificados. El 26 de junio Jiménez de Aréchaga había intentado justificar, en la Asamblea General, las vigentes medidas de seguridad, comparándolas con las implantadas en Uruguay en 1904. El senador comunista Enrique Rodríguez lo interrumpió: “Había guerra civil entonces”. El ministro respondió tajante: “Y ahora también”.
Notas
- Embajada de Estados Unidos a Departamento de Estado, “Conversation with President”, 22-VIII-1968, Montevideo 3714, Nara, RG59, Grds, Cfpf 1967-1969, Uruguay.
- “Public Safety Monthly Report, August-September 1968, Uruguay”, en Nara, RG286, Ops/Aid-Uruguay. El número de armas, la fecha de llegada y su distribución en: “US Public Safety Project. Fiscal Years 1964-1973 Uruguay”, Summary Commodities, en ibíd.
