A lo largo de los siglos, sin embargo, la figura se mantuvo, por lo general con otros nombres pero siempre cumpliendo la misma función.

La última figura de procónsul usada para la subordinación y administración de un territorio conquistado fue la de los Estados Unidos en Irak durante 2003-2004, cuando se nombró a Paul Bremer como Director de la Reconstrucción y Asistencia Humanitaria, y de hecho, Primer Ministro del Gobierno de Transición, posterior al derrocamiento de Sadam Husein.

Lo de procónsul, dicho sea de paso, no es una exageración o invento nuestro: era la manera que la propia prensa occidental proinvasión de Irak solía usar para referirse a Bremer.

La labor de Bremer en Irak es ampliamente conocida. Formalmente se encargó de “dirigir la transición a la democracia”. Sin embargo, en la práctica fue el encargado de la guerra sucia de persecución contra los iraquíes de las más diversas tendencias, incluyendo muchos circunstancialmente aliados con los Estados Unidos en contra de Husein (como fue el caso de las facciones yihadistas, luego transformadas en el Estado Islámico).

Pero demás, y sobre todo, estuvo al frente de los procesos de licitación y confiscación de los bienes iraquíes, desde el petróleo hasta las reservas internacionales pasando por patrimonio arqueológico, bajo la excusa de ser usados para la reconstrucción de un Irak arruinado por años de sanciones económicas y luego devastado por la invasión, destrucciones que, paradojicamente, fueron responsabilidad directa de los Estados Unidos.

Justo por este triple rol de caudillo militar, encargado político y hombre de negocios, a Bremer era común verlo por las calles de Bagdad en traje, con corbata, maletín y lentes negros pero en botas de campaña, custodiado por militares y paramilitares fuertemente armados.

Al término de su mandato, Bremer dejó un Irak saqueado y destruido, segmentado en facciones armadas, con la tortura como práctica generalizada y los conflictos territoriales y confesionales resolviéndose a los tiros. La pobreza nunca fue tanta en Irak como a partir de entonces. La corrupción tampoco.

Sobre el propio procónsul cayeron acusaciones de enriquecimiento a través del desvío de fondos para la “reconstrucción” iraquí hacia sus bolsillos y los del clan Bush, casos todos también ampliamente reseñados por la prensa internacional.

¿El procónsul venezolano?

Quince años después del último proconsulato conocido, otro gobierno norteamericano busca revivir la figura aunque no en el Oriente Medio sino en Latinoamérica. Pero además, con otra importante salvedad: al menos Bremer puede decir a su favor que no era iraquí sino norteamericano, por lo que al despedazar y saquear Irak servía a los intereses de su país.

Pero en el caso actual se recurre directamente a un nativo auto-proclamado “presidente”, promotor visible de una invasión militar contra su propio país (como lo reconoció abiertamente en una entrevista para CNN) y hasta partidario abierto de una guerra civil (como lo dejó claro en su más reciente intervención pública en la ciudad de Caracas).

En este sentido, Juan “Guiado” (John Bolton dixit) recuerda, más que a Bremer, a los jefes tribales que a cambio de servidumbre le ahorraban a la metrópolis el trabajo sucio contra sus connacionales.

El guaidonato ha sido impuesto en los siguientes términos: o el presidente Nicolás Maduro entrega la presidencia, o saldrá de ella intervención militar internacional mediante. Desde este punto de vista, la amenaza plantea la condición para su no cumplimiento: si los venezolanos y venezolanas, civiles y militares, no quieren ser invadidos, deben rebelarse contra el gobierno, obligarlo a renunciar. Así las cosas, las alternativas son: o se va el gobierno o hay invasión.

Ahora, lo primero que hay que tener presente aquí, más allá de lo obvio (cualquier alternativa que se le plantea a un país en esos términos es antidemocrática por definición) es que la hipotética renuncia del presidente Maduro o el derrocamiento de su gobierno, no es la alternativa a la intervención: es la intervención misma materializada. Y no solo por la pública, notoria y comunicacional voz cantante del gobierno norteamericano al respecto, así como por el patético papel de segundones que hacen los criollos que le hacen el juego, sino porque en los términos jurídico-políticos planteados de una emergencia humanitaria que ameritaría una “ayuda” ídem, tal declaración equivale a una suspensión de la soberanía en favor de una autoridad de internacional de tipo policial.

Dicho en otros términos: la emergencia humanitaria equivale a declarar que los venezolanos y las venezolanas somos impotentes para gobernarnos, dado lo cual otro tiene que cumplir este rol. Desde luego, cualquiera dirá que ese otro aquí si es un venezolano: el diputado Guaidó y sus cómplices. Pero es claro que se trata de un gobierno con mando a distancia, de un “gobierno” que por definición no puede gobernar si no ejecutar y administrar las órdenes que le vienen de fuera.

Claro que aquí también algún jurista podrá contradecir que la declaración de una situación de emergencia humanitaria tiene grados y no necesariamente hay que llegar al extremo de suspender el derecho que tiene un pueblo para darse sus gobernantes.

Pero se trata de un argumento de poco fiar. En particular, porque las actuaciones de la Asamblea Nacional se han concentrado y concentran en remarcar el status de emergencia humanitaria en ámbitos sensibles de la vida nacional. Además, han hecho hasta lo imposible por extender este estatus fuera de nuestras fronteras, al punto de llegar al extremo de declarar a los emigrantes venezolanos un peligro, una “enfermedad” para los países vecinos (lo que sin duda ha servido para avivar la xenofobia contra los venezolanos y venezolanas en el extranjero), promoviendo y aplaudiendo las condiciones cada vez más excepcionales de ingreso y permanencia que han sido impuestas por diversos países a la emigración venezolana.

Por otra parte, diversas experiencias históricas muestran que las emergencias humanitarias no solo implican la existencia de gobiernos tutelados, que no pueden decidir nada por sí mismos, sino también la intervención militar. El gobierno de Bolsonaro ya ha declarado su beneplácito para capitanear una fuerza de cascos azules en él país bajo el modelo de la aplicada en Haití.

De hecho, la situación geopolítica de Venezuela –flanqueada por dos gobiernos abiertamente favorables a una intervención humanitaria (Bolsonaro/Duque) y por un tercero (Guyana), cuya incierta situación política aunada a los intereses británicos allí en juego, prefigura una pronta toma de posición en el conflicto semejante a los anteriores– hace posible pensar en un tutelaje temporal conjunto de los territorios contiguos a cada vecino “humanitario”.

Así pues, bajo este escenario, está claro que el gobierno de Colombia se encargaría de la “restauración del orden” y el control sobre y desde nuestra frontera occidental y sur occidental; el gobierno fascista de Brasil desde la sur oriental, mientras Guyana (es decir, la Exxon Mobil e Inglaterra) y cualquiera de las islas del Caribe neo-colonias podrían servir de cabeza de playa para una intervención masiva del Comando Sur u otras fuerzas.

De hecho, de los anuncios hechos esta sábado 02 de febrero por el diputado proconsular sobre la entrada forzada de ayuda humanitaria eso es exactamente lo que se concluye.

Y no menos importante a este respecto: una intervención humanitaria tiene la particularidad de otorgar a los ocupantes potestad para intervenir en situaciones donde es presumible existan múltiples demandas políticas de todo tipo, desde aquellas que se pueden calificar como meramente reinvindicativas (salud, educación, servicios, justicia, etc.) hasta aquellas que atañen a las relaciones entre gobernados y gobernantes. Lo que esto significa en cristiano es que no serían fuerzas no-beligerantes, por lo que ejercerían poder de fuego si así lo consideran. Es exactamente lo que han hecho en otras partes. Y es de hecho lo que influencers de la oposición exigen abiertamente se haga: que actúen como ejercito de ocupación y persecución en el país.

La gestión de los tributos de la ocupación: el quid de todo gobierno proconsular

El fin de todo gobierno proconsular siempre ha sido controlar un territorio para usufructuarlo económicamente. Las formas de dicho usufructo suelen ser muy variadas y dependen de los casos concretos. Pero la historia es clara en señalar que el control sobre los recursos minerales es una prioridad, así como la privatización y desnacionalización de las empresas públicas.

Tanto El Plan (saqueo del) País presentado por el diputado procónsul, como las medidas de embargo y confiscación de CITGO por los Estados Unidos y de las reservas de oro por el Banco de Inglaterra, son un ejemplo de manual sobre ello. En los dos últimos casos, lo de quitarle el control del gobierno de Maduro para entregarlas a los ciudadanos venezolanos es un subterfugio que no resiste el más mínimo análisis de sentido común: lo único ocurrido es que gobiernos de potencias extranjera se hicieron ilegalmente de bienes de la República, procediendo luego a “aceptar” administradores designados por el proconsul previamente escogidos por dichos gobiernos, administradores que pasan a ser por tanto cómplices de dicho despojo.

En cuanto al Plan (saqueo del) País propiamente tal, más allá de los lugares comunes neoliberales sobre las condiciones macroeconómicas para la inversión (una versión tropicalizada del fracasado plan de Macri, que entre otras cosas más duplicó la inflación y deuda que tanto le criticó a Cristina Fernandez) , y algunas consideraciones realmente extravagantes como, por ejemplo, lo de las tarjetas de subsidios monetarios directo (ellos, que se han opuesto tanto al Carnet de la patria, con el cual se hace exactamente eso), hay que destacar varios asuntos:

Que el gobierno proconsular parte de financiarse con una “asistencia masiva de organismos financieros multilaterales y países interesados en la reestructuración de la democracia y el desarrollo en Venezuela”. Esto, de nuevo en cristiano, equivale a mayor endeudamiento externo, pero también un plan masivo de privatizaciones –es decir, entrega de los activos de la República- a tales “países interesados”.

Que bajo la excusa de la reconstrucción, la derogación de la ley de hidrocarburos, para por esa vía colocar a empresas transnacionales como accionistas mayoritarias de la industria petrolera (que por tanto ya no sería “nacional”) al tiempo que aplicaría un régimen de exoneraciones impositivas que nos retrotraería a los años 90, en el menos malo de los casos o a más de cien años, en el peor.

Por otra parte, los planes de maximizar la producción de petróleo y gas nos meten en un problema ya superado: y es que más allá de la evidente necesidad de recuperar la producción petrolera actualmente en declive, por razones ya expuestas en otras notas, los planes de llevar la producción mucho más allá de los tres millones y medio de barriles diario para “ser competitivos”, terminará generando la misma competencia insana que se generó en los años 90, cuando la Apertura Petrolera, que acabó inundando los mercados y derrumbando los precios, tanto que al cierre de 1998 el promedio estuvo por los 8 dólares el barril, unas 6 o 7 veces menos que el nivel actual. Que el gobierno actual haya sido negligente a la hora de parar la caída de la producción petrolera, además de poco claro en la firma de convenios con privados, no excusa que se deba permitir lo anterior: forma parte del tipo de cosas que hay que corregir, no agravar.

Por lo demás, valga agregar que el gobierno norteamericano ha reconocido abiertamente que todo el tema para ellos con Venezuela es por petróleo. Esto en un vídeo difundido ampliamente difundido, el presidente Trump de manera sarcástica se refirió al tema a propósito de Libia. Y en días pasados también John Bolton, Consejero de Seguridad de los Estados Unidos, afirmó que “todo sería muy diferente si as empresa petroleras norteamericanas operara en Venezuela“, pero que además “se encuentran conversando” con dichas empresas para que “produzcan petróleo en Venezuela“.

Debe ser por esa misma razón, pero a la inversa, que el gobierno norteamericano nunca se ha preocupado por reconstruir Puerto Rico, que forma parte de su territorio, isla que más un año después sigue devastada en muchas zonas luego del paso del huracán María en 2017. Solo unos papeles higiénicos lanzados al aire fue lo que merecieron del presidente Trump en su peculiar concepto de ayuda humanitaria, que seguramente será lo mismo que lanzarán a los receptores venezolanos.

En fin, queda claro que la disyuntiva entre renuncia del gobierno o invasión es falsa, pues la renuncia equivale a la materialización de la invasión misma. No hace falta ser simpatizante del gobierno para darse cuenta de ello: lo que se requiere es de un mínimo de sentido común. Hay que rechazar toda falsa alternativas y plantear e impulsar aquellas que propendan al bienestar de la mayoría y no a la locura de las minorías fanatizadas.

FuenteQuestion
Compartir

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

*