Daniel Ramírez Pérez|

El día jueves el Presidente de la República Nicolás Maduro anunció que había dado la orden para que se realizara la transferencia de los recursos correspondientes al pago del vencimiento del bono PDVSA2017N, pago el cual ascendía a US$ 1.121 millones. Adicionalmente, anunció que este sería el último pago que realizaría y que el país entraría en un proceso de “reestructuración y refinanciamiento” de la deuda externa.

Acto siguiente, el Presidente de la República nombró una comisión que se encargaría de esto, esta comisión estaría presidida por el Vicepresidente de la República Tareck El Aissami y el Ministro Economía y Finanzas y también Vicepresidente de Finanzas de PDVSA, Simón Zerpa.

Este mensaje fue algo ambiguo, lo primero que hay que aclarar son los conceptos de reestructuración y refinanciamiento.

El refinanciamiento consiste en la emisión de nuevos títulos de deuda, previo a un acuerdo con los tenedores. Es decir, se reemplazan los títulos viejos por nuevos títulos con nuevos términos (plazos, tasas de interés, etc).

Mientras, la reestructuración consiste en modificar los términos ya existentes. A diferencia del refinanciamiento esta modificación de términos puede ser de forma amistosa o no con los tenedores.

Ante este escenario, la estrategia del gobierno puede ser entendida de tres maneras:

-Al ser la comisión presidida por funcionarios sancionados por EE.UU., esto prohíbe a los tenedores estadounidenses realizar cualquier negociación con ellos. Por lo que es prácticamente imposible realizar alguna reestructuración/refinanciamiento bajo estos términos. Esta sería la excusa perfecta para caer en un evento de default, mientras se culpa a las sanciones.
Este escenario es poco probable sobre todo luego de haber realizado un desembolso de poco mas de US$ 1.963 millones entre finales de octubre y principios de noviembre.

-Una segunda estrategia sería obligar al Presidente de EE.UU., Donald Trump a través de la presión de los lobbys financieros de ese país (tenedores de los títulos de deuda venezolana), a levantar las sanciones sobre los funcionarios venezolanos y así lograr sentarse a refinanciar/reestructurar la deuda.
Sin embargo, sin el respaldo de los entes multilaterales (FMI, Banco Mundial, etc.) y sin un plan económico trazado, ambos ingredientes necesarios para que se dé este proceso de refinanciamiento/reestructuración de la deuda, para ser poco probable la adopción de esta estrategia.

Finalmente, hasta el martes 7 de noviembre, luego del anuncio de “reestructuración y refinanciamiento” de la deuda, la caída acumulada de títulos de deuda venezolana es de 20,89% para el caso de PDVSA y de 39,67% para la República. Es decir, los bonos han perdido, en promedio, un tercio de su valor en los mercados financieros en solo 3 días y siguen en caída libre. Si antes del anuncio se cotizaban en un valor cercano al 60% de su valor, hoy lo hacen a solo el 30% del mismo.
Esto haría bastante probable una eventual recompra de la deuda por parte de fondos financieros aliados a los gobiernos aliados del gobierno venezolano y posibilitaría un escenario donde se daría un refinanciamiento con ellos en términos “mas amigables”.

Es así como luego del anuncio del día jueves y el pánico generado en los mercados financieros los días subsiguientes, esta parece ser la estrategia adoptada por el gobierno venezolano para cambiar el perfil de la deuda y bajar la carga de pagos sobre todo para el próximo año, año de elección presidencial.

*Economista de la Universidad Central de Venezuela (UCV), maestrando en Teoría y Política Económica

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