Emiliano Teran Mantovani|

La llamada ‘opinión pública’ pone gran parte de su atención en los eventos electorales y la consecución de cargos oficiales, en las declaraciones de los principales líderes de los partidos políticos, en las disputas de las matrices mediáticas dominantes nacional o internacionalmente, o en el accionar polarizado de los representantes de las instituciones estatales. Por esto no es de extrañar las continuas omisiones y debilidades que tenemos sobre el conocimiento de las dimensiones de la extraordinaria crisis económica que vive el país; la inconsciencia que existe en relación a las re-estructuraciones económicas que, por goteo, se vienen desarrollando al menos desde 2014; y como consecuencia de ello, el muy débil nivel de interpelación popular a los gobernantes en cuanto al programa económico y las medidas reivindicativas que se puedan orientar a un modelo que responda a los más desfavorecidos.

Los ruidos y el estremecimiento producido por la intensa disputa política que vivimos no nos dejan escuchar el rumor del prolongado sismo económico que está removiendo las placas tectónicas del viejo capitalismo rentístico petrolero, y que representa el fundamento material de esta crisis. Por eso, esta forma de política sorda no es más que una política en el desierto. En el desenlace de dicha crisis no bastará saber quién gobernará, sino también cómo lo hará y sobre todo bajo qué marco de negocios. O para decirlo más coloquialmente, ¿cómo se repartirá la torta?, y ¿a quiénes se les cargarán los costos de la crisis?

Más allá de la retórica polarizada, el cuchicheo heroico y las voluntades de poder, el curso de la definición histórica en la que nos encontramos, está también determinada por la racionalidad del capital, por el mantenimiento o incremento de la tasa media de ganancia; por la búsqueda de facilidades para el acceso a los llamados ‘recursos naturales’ del país; por la imperiosa necesidad de aumento de la captación de las rentas y excedentes económicos por parte de las élites económicas y estatales; por las demandas de mayor seguridad jurídica para los emprendimientos económicos; o por las garantías de viabilidad de los negocios a corto, mediano y largo plazo.

Aunque se le dé poco espacio y menor consideración, estas dinámicas y racionalidades están atravesando el proceso conflictivo que vivimos en la actualidad, y los tiempos que vendrán. ¿Dónde queda la población en este cuento? ¿Dónde quedan nuestros territorios, nuestros ecosistemas?

El ‘salvavidas’ de la deuda pública

Seguramente amerita más de un par de líneas detallar los rasgos de la larga crisis del capitalismo rentístico venezolano (1983-2017), que nos ha traído a este punto de bifurcación histórica del modelo. Pero no está entre los objetivos del artículo. Por los momentos, bastará mencionar que estamos ante la confluencia de factores exógenos con factores internos; de componentes históricos con variables coyunturales; de elementos sociales, culturales, políticos, geopolíticos y ecológicos que entran en crisis de la mano del ámbito económico. La volatilidad y los hundimientos cíclicos del factor dinamizador de la economía venezolana -la renta petrolera, determinada en muy buena medida por los precios internacionales del crudo-, convergen con los propios límites internos del modelo de acumulación, como lo han sido los topes e incapacidades estructurales para “sembrar el petróleo”; las consecuencias históricas de lo que hemos llamado los tres impactos del Efecto Venezuela (el 1ero en la década del 20, el 2do a partir el boom petrolero de 1973 y el tercero a raíz del boom de las commodities desde 2004, promovido por el “efecto China”), con el progresivo socavamiento de las expresiones productivas y las tendencias a la intensificación de la primarización de la economía; o el declive geológico/económico de las fuentes de crudo convencional, más rentables que los petróleos extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Todos estos factores se fusionan con el recrudecimiento del conflicto político y social que se vive actualmente en el país -y que empeora extraordinariamente todos los males del modelo rentista petrolero-, la crisis económica global (2008+), el aumento de las tensiones y violencia geopolítica, las transformaciones que se están produciendo en el patrón energético mundial, la metástasis de la corrupción en Venezuela y el colapso de las instituciones formales.

Pero aquí está el detalle sobre el cual queremos hacer hincapié: ante la insuficiencia y vacíos que va dejando el gran factor exógeno dinamizador de la economía nacional, como ocurre por el nuevo hundimiento de los precios del petróleo desde 2014, se multiplica el ‘salvavidas’ de la deuda pública, lo cual está acompañado de la caída sostenida de las Reservas Internacionales (25,9% en 2015 y 32,8% en 2016), llevándolas a su monto más bajo en 21 años (10.004 millones US$, primer semestre de 2017).

Según el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2017 de la Cepal, la deuda externa bruta de Venezuela alcanzaba los 132 mil millones US$ en 2016[1]. En un informe de mayo de 2017 de la ex-ministra para la Economía Popular, Oly Millán, y Paulino Nuñez, pertenecientes a la Plataforma por la Auditoria Publica y Ciudadana -la cual cuenta además con el apoyo internacional del CADTM (Comité para la Abolición de las Deudas Ilegitimas)-, se expone que la deuda pública total (tipificada como interna y externa) para el cierre de 2016 es de 137.287 millones US$, la cual sumada a la deuda financiera de Pdvsa asciende aproximadamente a unos181.038 millones de US$[2].

A esto hay que añadirle unos tres datos. Primero, la división porcentual de esta deuda sería, nominalmente, 69.4% interna (acreedores residentes) y 30.6% externa (acreedores no residentes). Sin embargo, desde hace ya varios años se ha denunciado que la deuda pública interna es perfectamente ‘extranjerizable’ debido a que, bajo la modalidad de la “doble denominación”, los tenedores de bonos venezolanos, que los compran en bolívares, pueden exigir su reembolso en moneda extranjera[3]. Se trata de una dolarización de facto de la deuda interna en bolívares.

Un segundo dato habla de las proporciones de la deuda, existiendo estimaciones que señalan desde un 20% hasta un 80% del PIB. El tercer dato es muy significativo, pues tiene que ver con el alto costo de la deuda pública venezolana, determinada fundamentalmente por la calificación de los títulos de valor o bonos de deuda de la República, considerados entre los más riesgosos de todo el mundo. Estas valuaciones de agencias como Standard and Poor’s o Moody’s Investors Service indudablemente tienen un fuerte cariz geopolítico en la medida en la que representan ataques contra la economía venezolana, lo que genera terribles presiones financieras que hacen que deba destinarse cada vez más recursos del presupuesto ordinario sólo para el mantenimiento de la deuda.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Crédito Público, la República tiene pautado cancelar por concepto de servicio de la deuda 20.677,50 millones US$ para este año, 18.883,60 millones US$ para 2018 y 18.415,30 millones US$ en 2019, lo que totaliza casi 58.000 millones US$ en 3 años.

Independientemente de los debates sobre la capacidad de pago de Venezuela, o las controversias sobre cuáles son las cifras más fidedignas, el problema no es sólo la deuda, sino todo lo que ella conlleva en términos de sumisión internacional y re-estructuración económica en el país. De ahí que David Harvey haya caracterizado la “trampa de la deuda” como el fino arte de la redistribución deliberada de la riqueza desde los países pobres hacia los ricos. Lo que llamó en su momento el Nuevo Imperialismo.

Los caminos de la re-estructuración económica y la acumulación por desposesión

La deuda puede ser considerada como un ‘remedio’ posterior al daño, pero en realidad es también cabeza de playa para iniciar e impulsar un proceso de re-estructuración económica. A raíz de los efectos de la crisis global en el país (desde 2009), pero fundamentalmente a partir del período de caotización de la economía nacional (2013-actualidad), en Venezuela se ha venido avanzando en una serie de reformas económicas que, más que ser sólo una serie de políticas dispersas e inconexas, han venido configurando un nuevo marco de negocios.

El actual presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, ha llamado a este marco de negocios el “régimen especial de inversiones”, tomando como referencia el esquema de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) para ser aplicado en el resto de las alianzas y acuerdos económicos por negociar y establecer. Este régimen especial ha sido fundamentalmente elaborado como solución a los problemas internos de liquidez y como arreglo favorable a los inversores foráneos, a través de una serie de políticas de flexibilización económica y de ampliación de las fronteras de la extracción. A modo ilustrativo, plantearemos algunos ejemplos de estas políticas descritas:

l Préstamos emitidos por corporaciones trasnacionales (básicamente chinas o rusas), que son accionistas en empresas mixtas en la FPO, dirigidos a su contraparte venezolana, a cambio de la importación de mercancías y servicios provenientes de los países sedes de estas compañías foráneas.

l Aparecen figuras de participación mayoritariamente privada, en casos particulares contemplados para actividades petroquímicas, como lo explicita la reforma de la Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquimicas (Decreto N° 2.171, 30/12/2015).

l Garantía a los préstamos foráneos recibidos por la República, a través del pago directo con petróleo, como ocurre con las líneas de crédito otorgadas por China a Venezuela.

l El 10 de octubre de 2014 el Gobierno venezolano acuerda una reestructuración de su deuda con China -el “Cuarto Protocolo de Enmienda” sobre el fondo de financiamiento conjunto chino-venezolano- el cual aliviana la carga en términos del número de barriles de petróleo enviados al día o de los plazos de pago. Prácticamente un mes después de negociar esta re-estructuración (13/11/2014), el gobierno decreta la creación de las Zonas Económicas Especiales, que implican una liberalización radical de territorios para un ‘desarrollo’ acelerado de los mismos. Las ZEE son un formato tomado del modelo chino, a partir de las reformas liberalizadoras de Deng Xiaoping en ese país. El capital principalmente involucrado en los territorios declarados como ZEE -como la FPO o el Arco Minero del Orinoco- es el chino.

l Tasas de cambio preferencial para las petroleras en las empresas mixtas en la FPO, de manera tal de bajar notablemente sus costos de producción y hacer que sus proyectos sean más atractivos.

l Invitación a las empresas no sólo a participar en los emprendimientos como accionistas, sino ahora también como financistas de los mismos, cubriendo en realidad la parte que antes ponía Pdvsa (lo que de facto les otorga un mucho mayor grado de influencia política y económica sobre la explotación).

l Estímulos a la inversión en proyectos extractivos a partir de la propuesta de pagar directamente con el commodity explotado, una parte del financiamiento adquirido por la parte venezolana, como fuese propuesto por el Presidente de Pdvsa Eulogio Del Pino para levantar la ‘producción’ de Carbozulia, ofreciendo el carbón de ‘alta calidad’ como retribución.

l Construcción de respaldos cuantificados de pago a partir de la certificación de reservas de ‘recursos naturales’, como la planteada a partir del Proyecto Magna Reserva Minera, el cual tiene un alcance nacional.

l Liquidación de bonos de Pdvsa o bonos soberanos con descuentos que pueden alcanzar hasta el 70% de su valor, con el fin de obtener divisas rápidamente, como ocurrió con la venta de estos títulos de la petrolera nacional que hiciera el Banco Central de Venezuela a Goldman Sachs en mayo de 2017, otorgando un 69% de descuento en los mismos.

Si estamos en efecto, ante una Nueva Política Económica de escala nacional, la misma representa en realidad un proceso de re-estructuración económica por goteo. De esta forma, mientras por un lado se habla de los riesgos de un impago de la deuda por parte de Venezuela, por el otro se evidencian tendencias a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la República por parte del Gobierno nacional, canalizando y formalizando mecanismos de hipotecamiento, usufructo y apropiación de nuestros bienes comunes, territorios y fuerzas de trabajo en favor de las coaliciones foráneas/domésticas del capital.

La nueva agenda económica para los próximos años está siendo delineada también a partir de peticiones puntuales y expectativas del capital foráneo (chino, ruso, estadounidense, canadiense, etc.), que ejerce poder directa o indirectamente sobre Venezuela en buena medida a partir de la deuda pública (externa y extranjerizada). Estamos ante un nuevo escenario histórico de acumulación por desposesión en el país.

La Asamblea Nacional Constituyente y el dilema histórico del chavismo popular

Este es el marco político-económico en el que surge y se instala formalmente la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). A nuestro juicio, el proceso político que se abre –más allá de las cuestiones jurídicas y normativas que conlleva– es un campo en disputa, un acontecimiento generador de nuevos escenarios, muchos de ellos inciertos. Así lo ha asumido parte del movimiento popular, por las razones que fuesen. Sin embargo, no es posible ni sensato obviar o ignorar el potencial reordenamiento autoritario de la sociedad (‘pacificación’) ni la formalización de esta Nueva Política Económica que se viene ensamblando desde hace ya algunos años en Venezuela, lo cual sería uno de los probables resultados del accionar de la ANC.

De esta forma, si tomamos en cuenta la actual correlación de fuerzas y el desarrollo de esta re-estructuración económica por goteo, los marcos de esta “Refundación de la Nación” –como la ha llamado el Presidente Nicolás Maduro– serían también hechura del capital transnacional y gobiernos foráneos, con miras además a la configuración de un modelo de gobernabilidad que garantice la viabilidad de los cambios económicos en curso. El objetivo sería derribar los obstáculos más claros al capital o cercenar formas de contraloría política y la división de poderes, hacer prevalecer sobre todo los intereses de ‘Seguridad Nacional’ y la razón de Estado, y generar marcos para la securitización y ‘pacificación’ de la sociedad.

El anuncio de la extensión del funcionamiento de la ‘plenipotenciaria’ ANC por dos años, revela que el proceso podría seguir siendo dosificado (descartando en primera instancia las terapias de shock), extendido pero sectorizado, híbrido y mixto, en el cual se continuaría avanzando en políticas de desregulación y flexibilización, financiarización, corporativización e incluso con algunos mecanismos subyacentes hacia la privatización (como ocurre cuando en las empresas mixtas el 100% del capital accionario lo ponen los inversionistas extranjeros), las cuales podrían venir acompañadas por la formalización y/o mantenimiento de ciertas políticas de distribución social de las rentas, de reivindicación de leyes favorables a la sexo-género diversidad, decretos de parques nacionales, de inclusión cultural o diversas propuestas jurídicas cosméticas que, en el fondo no afecten en nada el curso de la re-estructuración económica y la acumulación por desposesión. A esta forma híbrida de acumulación de capital es a la que hemos llamado ‘neoliberalismo mutante’.

Evidentemente todo este proceso navegará también en las aguas turbulentas de los vaivenes del conflicto político interno –siendo que las condiciones materiales que lo producen siguen estando ahí–, de la crisis económica mundial y de las muy agresivas amenazas del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero a nuestro juicio, de concretarse este esquema de negocios-gobernabilidad, se terminarían de minar los pilares fundamentales que dieron sentido al proceso político que hemos llamado “Revolución Bolivariana”: nacionalismo energético, democracia popular radical, economía anti-neoliberal en favor de los más desfavorecidos y soberanía nacional.

Ante esta situación, parece que el principal actor que podría confrontar y detener estas tendencias tan regresivas es el propio chavismo popular, toda esta subjetividad política de base que se fue constituyendo a sí misma no sólo a partir de las luchas históricas del movimiento popular venezolano, sino también de un conjunto de experiencias de calle, de gestión social territorial, de deliberación, de reflexión ideológica, de fogueo en el ‘campo de batalla’, y que ha sido dotada de sentido precisamente por estos pilares fundamentales que hemos mencionado, los cuales van desvirtuándose cada vez más. Así que, emergen preguntas vitales, dilemas e interrogantes que se van haciendo cada vez más intensos e ineludibles: ¿cuál es y será el rol de este chavismo popular, contrahegemónico, ante esta bifurcación histórica en la que nos encontramos? ¿Cuál será su peso y su voluntad durante el proceso político inaugurado por la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuál será su apuesta ante la potencial aprobación de una nueva carta magna? ¿Qué implicaciones tendría su rechazo o su aprobación? No son preguntas que caen en saco roto, sobre todo ante lo que podría ser la última carta del Gobierno nacional.

 

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