Chávez y Calderón ante la Corte Penal Internacional

JUAN GUAHÁN| En una Conferencia Internacional convocada desde Naciones Unidas (1998) se aprobó el Estatuto de Roma que crea la Corte (o Tribunal) Penal Internacional. El mismo comenzó a actuar en 2002. Ésta no depende de las Naciones Unidas y tiene autoridades propias designadas por sus Estados Miembros. Este Tribunal permanente tiene por misión juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad.

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A sus polémicas intervenciones muchos las vinculan con las conveniencias de la política exterior de los Estados Unidos aunque ese país no forma parte del Tribunal por cuanto no acepta que sus nativos puedan ser extraditados, ni juzgados, por dicho Tribunal, con motivo de delitos cometidos en otros países.

Tampoco forman parte del mismo otros países como Rusia, China, India, Israel, Cuba, lo que pone de manifiesto la decisión de los mismos de no someter al arbitrio de organismos supranacionales aquellas cuestiones que son competencia de este Tribunal.

Las actuaciones de esta Corte en el caso de Yugoeslavia y su desmembramiento, al servicio de los intereses de los países centrales, ha sido muy criticada. En el mismo sentido no merece elogios la actitud que tuvo en medio de la intervención de la OTAN en Libia.

Una de sus figuras más mediáticas es el argentino Luis Moreno Ocampo, Fiscal General de este Tribunal. Éste acaba de anunciar que los Presidentes de México (Felipe Calderón) y de Venezuela (Hugo Chávez) van a ser investigados por su responsabilidad en presuntos delitos de lesa humanidad.

En el caso de Calderón es por la muerte de unas 50 mil personas en la difusa guerra entre narcos y Estado. Lo llamativo de este caso es que nada se dice sobre la reconocida denuncia en el sentido que Agencias del gobierno norteamericano abastecen de armas a los narcos. El infantil argumento explicativo es que de esa manera, siguiendo el camino de las armas, podrían llegar hasta los jefes narcos, conocer y desmantelar sus organizaciones.

Chávez fue acusado por uno de los seis candidatos opositores a la presidencia. Se lo acusa por delitos que califican de lesa humanidad que incluyen asesinatos, desplazamientos forzados y eliminación de la propiedad.

Lo cierto es que recientes denuncias semejantes presentadas contra las autoridades colombianas fueron desechadas, porque según dicen estos señores Colombia está investigando esos delitos. Cabe recordar que en los últimos años son múltiples las denuncias sobre centenares de miles de asesinado en Colombia, por el Estado o bandas paraestatales.

Es muy difícil de entender la posición de los funcionarios de este Tribunal. Es más difícil aún separar la denuncia contra Chávez de su rol como promotor de la constitución del CELAC.

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