Juan Guahán-Question Latinoamèrica|
 
En momentos que el gobierno se imaginaba avanzar en la preparación de una victoria rotunda en las próximas elecciones, una nube muy negra le oscurece el panorama. A la euforia le siguió la preocupación. Hasta ahora no sabe de qué modo zafar de este huracán que ya está produciendo desastres en territorios que imaginaba tranquilos. El tema es Santiago Maldonado. Si este caso permanece en las tinieblas que hoy lo envuelven, el gobierno puede estar avanzando hacia un  traspié de consecuencias inesperadas.
Algunos números de la economía, de esos que no se notan en el bolsillo de los más humildes pero que pueden ser explotados propagandísticamente, le sonríen a un gobierno que, por ahora, puede disimular los riesgos de un endeudamiento insostenible. Esos datos indican que la economía ha crecido (al amparo de obras públicas y campo), que los números globales del empleo pararon de caer (por el empleo público y la construcción), que la inflación dejó de crecer con el ritmo que lo venía haciendo (aunque eso no sea así en los productos alimenticios). Todo estaba llevando a que el gobierno imaginara colocar en la agenda electoral, con vistas a las elecciones de octubre, el tema económico que había evitado en las PASO de agosto.
Está claro que no iba a hablar de las cuestiones sociales, pero sí de una mejora en algunos indicadores. Eso le quitaba fuerza a una de las banderas de la oposición y podía volcar a su favor votos dudosos. En el medio sucede la desaparición de Maldonado. El tema empieza a crecer y el silencio, desorientación, complicidad, encubrimiento del gobierno empieza a tomar vuelo en la opinión pública nacional e internacional. La semana pasada decenas y decenas de miles de argentinos se movilizaron en todo el país reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado.
A eso se le debe agregar que el gobierno tuvo que aceptar que aquella hipótesis de pudiera haber sido herido por un puestero debió ser desechada. Por si fuera poco, los testigos mapuches deciden hablar ratificando las denuncias en el sentido que fue llevado por la Gendarmería. Se agrega a estos detalles, que ya están en la justicia, un informe anónimo -con sellos de la Policía Federal- en la misma línea de lo señalado por los mapuches. Ese texto pone sobre el escenario dos cuestiones que aparecen desde diversos rincones. Una, que la Policía Federal busca recuperar territorios perdidos a manos de Gendarmería y que aprovecharía estos hechos para hacerlo. Dos, circula una inquietante información en el sentido que un gendarme de apellido Méndez estaría en crisis y dispuesto a hablar por lo cual se lo habría separado de su familia y de todo contacto con el exterior para evitar que ventile cosas que sabe. La Policía Federal desmintió su autoría de dicho texto.
Para completar este panorama poco propicio al gobierno, circulan informaciones sobre el efecto negativo de este hecho sobre el ánimo electoral de los votantes. Ante este cúmulo de elementos el gobierno decidió revisar lo que estaba haciendo. Hizo bajar el perfil de la ministra Patricia Bullrich, que venía actuando como vocera de la Gendarmería, más que del gobierno. Activó a otros funcionarios para que viajen al lugar de los hechos. Intentan, por ahora sin éxito, acercar al gobierno a miembros de la familia del desaparecido.
Ya el gobierno ha tomado nota que este tema lo está perjudicando, ante la opinión pública. Sabe que tiene poco margen y que si el hecho no tiene algún razonable y lógico nivel de esclarecimiento lo puede pagar en las urnas.
 
 El peronismo “orejea” el 2019
 
Todavía faltan 42 días para las próximas elecciones pero ya circulan ideas y encuentros que sobrevuelan el tema del futuro peronista. A menos que se produzca un cataclismo electoral (atendiendo a lo planteado en el punto anterior) los resultados generales, de acuerdo a las PASO, son previsibles. Solo falta develar el dato sobre el resultado bonaerense. Saber si Cristina ganará o si el macrismo revertirá el resultado reciente. Por lo demás el oficialismo demostró un vigor no esperado y renovando un buen resultado nacional está, al día de hoy, en apropiadas condiciones para abordar el 2019.
Es por eso que, en el peronismo, crece la conciencia que solo unidos pueden tener posibilidades de confrontar con eficacia con el gobierno.
En la dirección señalada hubo, esta semana, una “puesta en escena” que se corresponde con la histórica vocación de poder del peronismo. Celebrando los 30 años de la victoria del legendario Antonio Cafiero, como gobernador de Buenos Aires, se realizó un acto unitario en el cementerio de San Isidro. Fue promovido por intendentes peronistas que responden al massismo y al Frente para la Victoria, además de figuras prominentes de La Cámpora y del Partido Justicialista.
La síntesis de ese convite lo dio el intendente massista de Tigre quien planteó la “necesidad de reconstrucción de un peronismo unido que consiga superar errores recientes que derivaron en el triunfo de Cambiemos”. Lo escuchaban atentos, entre un cúmulo de intendentes y dirigentes, el cristinista Oscar Parrilli y la suegra de Sergio Massa, además de Verónica Magario, la Intendenta de La Matanza y de Fernando Espinoza, presidente del Partido Justicialista bonaerense.
Nada garantiza que este sueño unitario llegue a destino. Hay un problema, por cierto nada menor, que debe ser superado. Se trata, ni más ni menos, que el rol de la ex Presidenta. Muy difícilmente los gobernadores de Córdoba y Salta, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey acepten el liderazgo de alguien al que consideran que “ya fue”. Tampoco es fácil que la “Señora” tolere un candidato presidencial que no sea ella, su hijo o un miembro de su entorno. Claro está que no es descartable que puedan surgir figuras que hagan de puente y sirvan a la unidad de estos sectores enfrentados. Mientras tanto el oficialismo sueña con que una derrota de Cristina en las próximas elecciones bonaerenses la deje fuera de carrera para la jefatura del peronismo y de una candidatura presidencial. Imaginan que ello la dejaría reducida a una fuerza minoritaria que debería moverse por fuera del peronismo.
 
 El fondo conurbano y reclamo de gobernadores
 
La Casa de San Juan recibió a mandatarios de 21 jurisdicciones, 18 gobernadores y 3 vice. Estuvieron ausentes: Mario Das Neves (por prescripción médica) de Chubut, tampoco comparecieron autoridades de la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Los demás, todos presentes. Había peronistas, representantes de fuerzas locales y también oficialistas. ¿El motivo? Oponerse al pedido de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ante la Suprema Corte para que declare la inconstitucionalidad del monto fijo que se le reconoce a Buenos Aires, destinado a solventar el Fondo Conurbano.
Dicho Fondo fue aprobado en 1992 y estaba constituido por el 10% de los ingresos nacionales por el Impuesto a las Ganancias, hoy serían unos 53 mil millones anuales. En 1996 se lo fijó -con un tope- en 650 millones de pesos, dicho tope -hasta la fecha- no fue modificado, representado hoy el 0,5% de Ganancias. Según lo decidido en 1996, la diferencia entre lo recaudado y el tope para Buenos Aires, sería repartida entre las provincias, según la alícuota existente. La gobernadora bonaerense solicita que se declare inconstitucional ese tope y se vuelva al monto original (10% de Ganancias) o que la Provincia de Buenos Aires no sea excluida de las compensaciones que, por ese concepto, reciben las demás provincias. Los acuerdos arribados fueron leídos por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien ocupara la cabecera de esa mesa.
La voz cantante de las autoridades provinciales que -esta vez- fue expresada por el salteño Urtubey, el santafesino Miguel Lifschitz y la fueguina Rosana Bertone, solicita a la Suprema Corte que antes de resolver escuche la voz de las provincias. Además, consideran que el Parlamento es la sede natural de ese debate. Los gobernadores reconocen la justicia del reclamo bonaerense pero no acuerdan que esos recursos salgan de un recorte a sus propios recursos. Demandan que salgan de los fondos asignados al gobierno central. 
Esta cuestión forma parte de un problema de larga data: la relación financiera entre Nación y provincias. La Reforma Constitucional de 1994 pretendió resolverlo dejando en manos del Parlamento tal solución, la que debería producirse antes de finalizar el año 1996 y ser refrendada por las provincias. Nada de ello ocurrió. Ya han transcurrido 21 años y no hubo debate, ni ley, ni acuerdo. Mientras tanto la situación reconoce como tendencias: Una, que la proporción de recursos destinados directamente a las provincias tiende a descender y dos, que los diferentes ejecutivos nacionales utilizan esos mayores recursos para disciplinar políticamente a los diferentes gobiernos provinciales.
Este debate también tiene que ver con la evolución del gasto público y el mayor deterioro que se observa en las economías de provincias y municipios. Según datos de Hacienda el gasto público creció (entre 2005 al 2015) un 62% (pasando del 29 al 47% del PBI). Dentro de ese global, los gastos nacionales crecieron un 85,7% (del 14 al 26%); los provinciales aumentaron un 29,4% (del 12 al 17%) y los municipales se incrementaron en un 33,3% (del 3 al 4%).
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