Héctor Rodríguez: La oposición debe ajustarse al orden constitucional; es año de elecciones

Tomás Forster- Nodal|

Héctor Rodríguez es el jefe del Bloque de la Patria, la representación minoritaria que tiene el chavismo en la Asamblea Nacional. Joven dirigente y abogado, formado en el movimiento estudiantil, Rodríguez llegó al parlamento en las elecciones legislativas realizadas en diciembre del 2015.

A comienzos de esta semana, la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, declaró el “abandono del cargo” por parte del presidente Nicolás Maduro con la exigencia incluida de una salida electoral inmediata. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) frenó la embestida opositora y sentenció que el Poder Legislativo no tiene facultades constitucionales para destituir al presidente en funciones.

-¿Cómo analiza la declaración de abandono del cargo y la exigencia de llamado a elecciones por parte de la Asamblea Nacional en el marco de las acciones que viene llevando adelante desde que se alzó con el Poder Legislativo?

-A diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental, el sistema institucional venezolano tiene no sólo la división tripartita de poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, sino que además cuenta con dos poderes más: el Poder Electoral y el Poder Moral –una suerte de poder de control, integrado por las instituciones de la Fiscalía, de la Contraloría y de la Defensoría del pueblo-. La oposición ganó uno de esos cinco poderes, el parlamentario, con el 53 por ciento de los votos mientras nosotros obtuvimos el 47 por ciento. A partir de ahí, la oposición trató una y otra vez de utilizar el Poder Legislativo para repetir experiencias como la de Brasil, la de Paraguay, la de Honduras, de intentar dar un golpe de Estado parlamentario, de tomar el Poder Ejecutivo desde el Poder Legislativo.

A lo largo de este tiempo, la oposición intentó esto de diversas maneras: promovió la posibilidad de una enmienda constitucional, buscó juzgar al presidente poniendo en duda su nacionalidad o aplicando métodos de control internacionales como la Carta Democrática de la OEA y tratando de esgrimir la tesis de que en Venezuela existe algún tipo de violación a los Derechos Humanos o una crisis humanitaria. Todo esto reforzado a través de la plataforma comunicacional que tienen para construir matrices de opinión. Y trataron también de iniciar, fraudulentamente y fuera de tiempo, la posibilidad de un referéndum revocatorio. Como todos estos intentos fallaron, lo último que hicieron fue generar un juicio de irresponsabilidad política y un juicio de abandono de cargo.

-¿Por qué desde el oficialismo se plantea esta acción como inconstitucional?

-Porque son dos figuras que en la Constitución venezolana no existen tal como las están planteando desde la oposición. Tenemos un sistema presidencialista y quien es electo presidente tiene la función de Jefe de Gobierno y Jefe de Estado y, por lo tanto, tiene una protección especialísima de manera que ningún poder resuelva hacer individualmente algún tipo de evaluación de la figura presidencial. En caso de activarse un proceso de evaluación como ese tiene que ser con la concomitancia de tres poderes: el Legislativo, el Judicial y el Moral.

Esto se hace, sobre todo, para generar estabilidad en el sistema político de modo que quien es jefe de Estado, responsable de dirigir la hacienda pública, las Fuerzas Armadas y las relaciones internacionales, no esté sometido a la arbitrariedad de alguno de los otros poderes. Estas acciones que realizó la oposición en la Asamblea Nacional también son inconstitucionales porque declaran que el jefe de Estado no está ejerciendo sus funciones, cosa que no solamente es un planteo ilegal, sino también ridículo, porque obviamente el presidente se encuentra ejerciendo plenamente sus responsabilidades.

-¿Cuál es la justificación que utilizan desde la oposición para hablar de abandono del cargo?

Hacen una interpretación descabellada: la figura de abandono del cargo no tendría que ver con el ejercicio de las funciones sino con cómo se ejerce el cargo. En resumen, si el presidente cumple sus responsabilidades de manera correcta o no según la mirada de la oposición. Esto demuestra que el planteo de abandono del cargo es una ridiculez. Es sencillamente una locura, una irracionalidad, porque priva a los ciudadanos de la posibilidad de ser los que evalúen en elecciones la gestión de los gobernantes para dejar esa decisión soberana del pueblo en manos de los legisladores que, cada vez que no les guste una gestión, simplemente podrían sacar de funciones al presidente.

-¿Cuáles fueron los motivos del Poder Judicial al declarar como nulas las acciones efectuadas por la Asamblea Nacional y sentenciar su desacato?

-El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afirmó que es inconstitucional esta última declaración de la Asamblea Nacional, como también es inconstitucional que el Poder Legislativo se niegue a acatar decisiones y sentencias anteriores del TSJ. Sobre esta base, el TSJ declaró a la Asamblea Nacional en desacato y sus acciones por lo tanto, hasta que no acaten las sentencias del TSJ y respeten a los otros poderes, no tienen ningún tipo de validez y de efecto político o jurídico.

-Algunos sectores y representantes de la oposición manifestaron su desacuerdo con la declaración de abandono del cargo, ¿qué opinión tiene de estas diferencias al interior del campo opositor?

-Es indudable que no toda la oposición está sujeta a esta apelación irracional. Esto, por supuesto, generó contradicciones entre los diversos partidos de la oposición, incluso entre distintos dirigentes y analistas de la derecha venezolana. Como dije, son planteos irracionales y ridículos que no tienen asidero en ningún terreno jurídico o político.

-¿Cómo sigue este escenario para el bloque oficialista que usted conduce?

-El Bloque de la Patria está trabajando en dos direcciones: una tiene que ver con lo institucional, esto es asegurar que los poderes del Estado garanticen el respeto a la Constitución. Y otra se vincula con la acción ciudadana, con la acción popular, la movilización de calle y el debate interno con los movimientos sociales y los partidos que manifestaron su preocupación por  la defensa de la Constitución. Con estas dos variantes, buscamos que la derecha se encauce dentro del marco constitucional y que las diferencias políticas se diriman dentro de la vía democrática. La oposición debe sujetarse al orden constitucional y para resolver las diferencias democráticamente existe un calendario electoral: en los próximos meses deberíamos tener elecciones de gobernadores, de alcalde a fin de año y las elecciones presidenciales el año siguiente.