El capitalismo exige cambios en lo económico y también en lo político. Ahora la marcha al Socialismo se transforma en retórica, como un vestido que se usa en determinadas ocasiones. Así, “el Socialismo es nuestra meta, pero después de una transición que durará siglos”, “todos somos iguales, pero unos más iguales que otros”. Ahora “lo que importa es proteger al capitalismo, a las inversiones extranjeras”. Ahora “habrá paz”, “los medios oligarcas no harán más escándalos, no habrá más crímenes en sus páginas”.

Quien no esté de acuerdo es un extremista execrable, un “intelectual”, las opiniones en contrario son “basura que debe salir del aire”. No debe oírse, escribirse nada disonante. Sólo son aceptadas las voces del coro.

Es así, se comienza a perseguir lo que segundones interpretan como notas discordantes: la crítica, el pensamiento insumiso. Y lo hacen de soslayo, con excusas, sin dar la cara, carecen de argumentos. Las excusas son variadas pero todas apuntan a una desvalorización de las ideas, de la teoría, del pensamiento, lo que vale es la práctica, el agite, no importa adónde conduzca, quizá, sólo quizá, con esa evasión mantengamos a la Revolución como el avestruz.

El Grano, por supuesto, es un objetivo de este torbellino: hemos sufrido un duro ataque. Veamos.
El programa de radio que por más de diez años manteníamos en la Radio Nacional, fue sacado del aire. Y lo hicieron con sutileza: “no nos dijeron perro pero nos mostraron el tramojo”. Nos cambiaron de horario, esto en el ambiente radial es un despido indirecto.

El horario, la sintonía de un programa, forma parte de su patrimonio espiritual, labrado a través de años de constancia, de trabajo amoroso, tocarlo es una puñalada en la espalda, no se debe hacer sino por causas extraordinarias.

Pero vayamos a lo más importante. Con estas actitudes, ¿qué camino transita la Revolución? Creemos firmemente que este expediente de persecución de las ideas nos lleva a la derrota. Hoy es el programa, mañana será el Grano escrito, después el capitalismo exigirá reducir el control del Estado, luego participación en el gabinete, y, finalmente, esa es su naturaleza, exigirá la Presidencia.

Nosotros en el Grano seguimos creyendo que la suerte de esta Revolución está ligada a la suerte de Maduro. Lo apoyamos con irreverencia, criticando duro, señalando los errores, apoyándolo a pesar de estos.

Nunca traicionaremos las banderas que enarbolamos hace más de medio siglo, preferimos el Silencio.

La realidad, maldición de los políticos

Un vicio de los políticos burgueses es evadirse de la realidad, la transmutan por sus deseos, su imaginación… su soberbia. Si los políticos son de poca alzada, más acentuado es el escape de la realidad. Una pizca de lisonja es capaz de perder a un alcalde. Para el escape de un gobernador o un miembro del alto gobierno se necesita más carburo.

Question Latinoamérica

Estas cuestiones parecen formar parte de una respuesta presidencial a un “clima social” que en las últimas semanas no aparece como positivo. Inclusive han circulado variadas encuestas que dan cuenta de un parate y retroceso en la imagen presidencial, que venía creciendo en los últimos meses. Lo llamativo de estos datos recientes es que los mismos involucran también a sectores humildes que formaban del núcleo duro del kirchnerismo y dentro de sitios claves como la propia Provincia de Buenos Aires.

Las razones de esta situación parecen encontrarse, más que en las “denuncias” periodísticas que interesan primordialmente a los sectores medios, en la evolución de los ingresos y perspectivas laborales de un extendido sector de la población. El lunes pasado el INDEC publicó datos sobre la evolución de la desocupación registrando un notorio incremento de la misma. Para comprenderlo mejor digamos que, por ejemplo, en el último año la población aumentó en más de 400 mil personas; unas 165 mil buscaron trabajo; habiéndose creado 48 mil puestos de trabajo.

Mientras tanto continúa, a buen ritmo, el avance en las leyes que están en el debate parlamentario. Con el tema de la “democratización de la Justicia” prácticamente liquidado, el Parlamento avanza en la aprobación de la ley sobre “Exteriorización (blanqueo) de divisas” y se prepara para la consideración de una parcial expropiación de Papel Prensa.

Mayor conusmo: contener y controlar la inflación

En línea con lo dicho anteriormente la Presidenta tomo la decisión de incrementar los subsidios sociales. Se trata de seis medidas: aumento del monto y los topes de las asignaciones familiares; aumento de la asignación universal por hijo y por embarazo; aumento de las asignaciones familiares, pago adicional por ayuda escolar por única vez y aumento del subsidio de contención familiar para los jubilados.

En la asignación Universal por Hijos y por embarazo el incremento es del 35,3%, pasando de 340 a 460 pesos. Este beneficio alcanza a cerca de 3,4 millones de niños provenientes de alrededor de 1,9 millones de hogares. Sus padres son desocupados, trabajadores informales, empleadas domésticas o monotributistas sociales.

El 80% de dicho beneficio es percibido todos los meses y el 20% restante lo cobran acumulado una vez por año, si cumplen con la obligación de traer los certificados de escolaridad y vacunación de los niños. En el caso de las asignaciones familiares los montos e incrementos están proporcionados a los ingresos de sus padres, para constituirse en un factor más de redistribución de los ingresos.

Este conjunto de medidas, además de arrimar un poco más de justicia a los sectores menos favorecidos de la sociedad, constituye un fuerte incentivo para mantener y fortalecer el consumo. Es sabido que el incremento del consumo es la carta más fuerte que tiene el gobierno para superar la actual desaceleración de la economía.

Otra decisión, complementaria de las ya citadas, es mantener el congelamiento en los precios de los productos de consumo popular. A partir del mes que viene ese congelamiento va alcanzar a 500 artículos de consumo básico, en lugar de los 10 mil actualmente incluidos. A esta medida ya han adheridos las grandes cadenas de supermercados y también la mayor parte de las empresas proveedoras.

Hasta aquí son ajustes a las medidas en marcha. Pero en el discurso presidencial se incorporó una novedad. Se trata del hecho que organizaciones juveniles (políticas y sociales) sean encargadas de la verificación del cumplimiento de estas medidas. La consigna señalada por la Presidenta es “Mirar los precios, para cuidar el bolsillo”.

Novedades ferroviarias

Dos recientes decisiones en materia ferroviaria acompañan el mismo criterio señalado de poner el eje del accionar estatal sobre los problemas más acuciantes de la sociedad.

Una de las medidas adoptadas es la estatización del Belgrano Cargas, el transporte más extenso e importante del país. Dicha estatización lo transforma en una sociedad anónima que estará manejada por el Ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Una idea de la dimensión y costo de este sistema de transporte lo da el siguiente detalle. En los primeros 9 meses del año pasado, se volcaron subsidios –a esa empresa- por más de 2 mil millones de pesos, lo que significa algo más de 7 millones de pesos diarios. Hasta allí la venían manejando Franco Macri, Benito Roggio y Gabriel Romero, quienes lo administraban en nombre de una sociedad cuyo principal accionista era el gobierno chino.

Simultáneamente el Ministro del Interior y Transporte, Randazzo, anunció la firma de un acuerdo con una empresa china para la provisión de 300 vagones para el Ferrocarril Roca por 327 millones de dólares. Esos vagones cuben el 50% de los que operan en la terminal de Constitución y estarán llegando al país entre junio y diciembre de 2014. Se trata de vagones para un servicio totalmente electrificado.

Desde sectores vinculados al quehacer ferroviario plantean que no se puede seguir postergando, con estas compras, el desarrollo de una política industrial para este sector que sea capaz de recuperar la capacidad instalada y conocimientos existentes. Sostienen que ellos permitirían construir locomotoras y vagones en el país, como se lo venía haciendo hasta el inicio del desmantelamiento del sector, hace medio siglo atrás.

Las provincias mejoraron situación financiera

No es ningún secreto que las provincias terminaron el año pasado con bastantes dificultades financieras. Ello motivó que la mayor parte de las mismas hiciera aprobar, para este año, un reajuste de sus ingresos tributarios. Al calor de estas medidas se produjeron los cambios esperados. Informes de consultoras privadas hacen saber que los resultados del primer trimestre del año recogen esa novedad. Los ingresos crecieron cerca de un 30% respecto al año anterior, mientras que el incremento de los gastos apenas superó el 25%.

Sin embargo estas mismas entidades evalúan que esta situación se irá modificando a medida que avance el año. Ya se ha señalado la razón de esta mejora, ahora bien, hay dos causas que explicarían este pronóstico futuro. Por un lado el cierre de las paritarias con los sindicatos que representan a los servidores públicos, esto conllevará un lógico aumento salarial. La otra razón que esgrimen quienes conocen a las diferentes administraciones provinciales es que se trata de un año electoral, que tendrá su epicentro en el segundo semestre del año. Naturalmente ello llevará a incrementar los gastos de cada una de las administraciones provinciales.

Candidatos en las gateras

Dentro de pocas semanas estará dilucidado el tema de los nombres con vistas al 2013. Las fechas para que el calendario electoral se ponga en marcha ya están próximas y seguramente las novedades, de aquí en más, serán cuestiones cotidianas.

Hay muchas situaciones no resueltas. Entre ellas la del propio, histórico y tradicional Partido Justicialista. En el despacho de la jueza María Romilda Servini de Cubría, quien debe resolver en materia electoral, hay un expediente donde se pide la acefalia de las conducción nacional del PJ. El objetivo de la misma es sacar a esa fuerza política de la carrera electoral. Los sectores opositores que lo promueven pretenden, de esta manera, quitarle base de sustentación legal al oficialista Frente para la Victoria.

Pero independientemente de esos propósitos el efecto práctico parece estar exactamente en la dirección opuesta. Hasta ahora no hay resolución a nivel nacional, mientras tanto las “autoridades” del PJ en la Provincia de Buenos Aires están declarando acéfalas a quienes tienen la conducción de los distritos que responden a conducciones no oficialistas. Con ese mecanismo les impiden usar las siglas PJ para las alianzas municipales. Estos y otros “chiches” electorales serán comidilla de una vasta red de dirigentes que tienen en esta actividad su principal tarea cotidiana.

El otro tema que parece perder consistencia, con vista a las elecciones de este año, es la situación de Sergio Massa. Sigue creciendo en las encuestas de una elección en la que probablemente no participe.
Yendo un poco más lejos y pensando en el 2015, hubo en estos días una llamativa novedad. Se trata de la eventual candidatura presidencial de Amado Boudou. A la mención hecha en tal sentido por la diputada oficialista Diana Conti, se le agregó la del diputado hiper cristinista Edgardo de Petris. Da la impresión que una “usina”, que está en el corazón de la Casa Rosada, viene alimentando esos rumores.

A la par de estas propuestas la situación penal del actual vicepresidente se sigue complicando. El Fiscal, del fuero federal, Jorge Di Lello investigará a Boudou por el canje de la deuda 2010. Se lo acusa de un presunto tráfico de influencias. Se trata de sus vínculos con la consultora Arcadia, especializada en procesos de renegociación de bonos provinciales y que habría tratado con la banca Barclays que estuvo al frente de esa reestructuración de la deuda.

En su extenso discurso ante la Asamblea Nacional, tras cumplir con el juramento formal del cargo, Correa renovó sus cuestionamientos a los medios hegemónicos y a la Corte Interamericana de los derechos Humanos (CIDH), destacó a su país como “el que más redujo la desigualdad” y puso de relieve los “profundos y positivos cambios” en lo político, lo económico y lo social.

El comienzo del nuevo mandato se dio ante una decena de jefes de Estado, vicepresidentes, cancilleres, delegaciones gubernamentales y de organismos internacionales, que aplaudieron a un Correa vestido de terno oscuro y camisa con bordados indígenas, y con la banda presidencial con la leyenda “Mi poder en la Constitución”.

En su alocución, el mandatario subrayó que Ecuador es una de las economías “más dinámicas de América Latina”, con un crecimiento promedio en los últimos años de 4,3 por ciento, y destacó que en su Gobierno más de un millón de ecuatorianos dejaron de ser pobres. “Vencer la pobreza debe ser un imperativo moral”, afirmó.

Ganador en primera vuelta en los comicios de febrero y con una mayoría de 100 sobre 137 bancas en la AN, Correa rechazó las “aberrantes” diferencias en la concentración del ingreso en la región que impiden “una vida digna” a la población y se declaró “orgulloso” de que Ecuador sea el país que “más reduce desigualdad” en América.

“Hasta que la pobreza sea borrada de la patria grande, por esa segunda independencia, luchamos y avanzamos”, expresó, y volvió luego a la idea de la unidad regional, al poner de relieve que su país “ya no está solo contra el mundo, porque quedan millones de Kirchner, millones de Chávez para continuar con el sueño de la Patria Grande”.

Consideró luego a la Corte IDH como “un instrumento de política exterior de los Estados Unidos”, un lugar que también le asignó a la OEA, y lamentó que algunas organizaciones “tratan peor a los gobiernos democráticos que a las dictaduras que devastaron a América Latina”.

“Es irracional que incumplan descaradamente las cartas de derechos humanos con un bloqueo injustificado a Cuba. No permitiremos que la burocracia se coloque encima de nuestros estados, y tampoco estamos dispuestos a ser colonia de nadie”, expresó.

En la misma línea, dejó en claro que la región “no permitirá una misión política de doble moral” y celebró que América Latina es “digna, soberana y ya no es patio trasero de nadie”.

Después, se quejó por el “linchamiento mediático de los poderes fácticos y la burocracia de siempre” contra Ecuador y se pronunció en favor de un “control social” sobre los medios de comunicación, a cuyo rol le dedicó un buen tramo del discurso.

Los medios

Lamentó el mandatario que se quiere mitificar a los periodistas como “heroicos luchadores contra gobiernos despóticos que no aguantan ninguna crítica”, cuando “la verdad es que la realidad de América Latina es más cercana a gobiernos con una inmensa legitimidad democrática, jugándose hasta la vida por superar las injustas estructuras, perseguidos inmisericordemente por periodistas sin escrúpulos y por un poder mediático muchas veces mayor al poder mismo del Estado”.

Entre los abusos de la prensa, Correa reseñó es que “no informa sobre conflictos sino que los buscan, los inducen, los crean, los anhelan para vender más periódicos, y en el caso de gobiernos insumisos, como el de Ecuador, para sojuzgarlos”.

“Creemos en la construcción de medios plurales que expresen las distintas voces de la ciudadanía; medios comunitarios, públicos y privados. Creemos en la democratización del espectro radioeléctrico, promovemos la generación de una ciudadanía crítica que pueda exigir su derecho a la información y comunicación y ejercer el control social sobre los medios para que no abusen de su poder”, dijo.

Al volver a su tarea al frente del Ejecutivo, ratificó que está “para servir al pueblo” y cambiar “las relaciones de poder en función de las mayorías”, y enumeró el aumento en la inversión pública, la renegociación de la deuda externa y la renegociación de los contratos petroleros como logros.

Pidió a su equipo de trabajo mucha más eficiencia para avanzar en el plan de gobierno “sin prisa, pero sin pausa” y al ratificar que esta será su último período -lo obliga la Constitución y ya anunció que no buscará modificarla- se oyó en la sala un rotundo “¡No!” de los presentes.

El juramento se lo había tomado la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, la primera mujer al frente del legislativo, un rato después de que Paulina Aguirre, ganadora del Grammy Latino 2009, cantara el himno y el grupo “Niños Cantores del Pueblo” interpretaron “Cómo será la Patria”.

El agua

El gobierno ecuatoriano busca establecer un nuevo modelo de acceso a las fuentes de agua y que sea el Estado el que distribuya este recurso estratégico. El proyecto presentado en el 2009 chocó con la protesta de un sector de los pueblos originarios que rechazaron que se les quite la capacidad de administrar el agua a través de juntas comunitarias. Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), señaló a Página/12 que hoy su organización acepta en gran parte el proyecto porque fue revisado.

“Estuvimos en contra de que continuaran las concesiones a empresas privadas, esto se revirtió y el agua será manejada a través de empresas públicas o de los municipios. También se corrigió algo que reclamábamos y era que la administración del agua fuera un sistema comunitario”, dijo Cholango. Y agregó que quedan algunos puntos por acordar. “El gobierno aún no se pone de acuerdo con nuestro pedido de que se conforme un consejo plurinacional que regule las políticas públicas.”

Fue a partir de la movilización de las comunidades originarias que la Corte Constitucional estipuló que se realice una consulta prelegislativa con las organizaciones indígenas. El diputado Andrés Páez, de la alianza CREO –liderada por Guillermo Lasso, candidato presidencial que salió en segundo lugar y obtuvo once bancas– dijo a este diario que la demanda de algunos sectores sociales no va a disiparse. “Para Los indígenas, campesinos y trabajadores rurales el trabajo gira alrededor del agua, para producir la tierra. Si el gobierno controla el agua, entonces controla al movimiento indígena, porque les quita un derecho esencial.”

Correa, un mandatario que ha sido confrontativo con los grandes medios nacionales e internacionales, y que a la vez ha dado asilo al reconocido periodista Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, impulsa desde 2009 una ley de Comunicación, como ya lo hiciera Argentina, y actualmente Uruguay. El proyecto asigna un 33 por ciento del espacio radioelécrico a los medios públicos, un 33 por ciento al sector privado (en estos momentos posee casi el 85,5 por ciento del espectro) y el otro 34 por ciento a grupos comunitarios.

Sus críticos cuestionan que se establezca la creación de un ente regulador que podría inmiscuirse con los contendidos, ya que estaría encargado de sancionar contenidos discriminatorios, sexuales y violentos. El diputado oficialista y ex ministro de Defensa Miguel Carvajal lo rechazó de plano en diálogo con este diario. “Aquí se dice que no hay libertad de expresión, pero hay emisoras que hacen política opositora. La ley de comunicación protege la libre expresión y que no haya censura previa. Hay que revisar las frecuencias, ver que se distribuyan equitativamente, porque ahora los medios comunitarios no llegan al tres por ciento de las frecuencias.”

La reforma del Código Penal Integral tipifica nuevos delitos con una inclusión de temas de género, como por ejemplo, no penaliza la interrupción del embarazo en caso de violación de la mujer –la Constitución actual solamente permite el aborto en caso de estupro o violación a una mujer con discapacidad mental–.

Páez, quien dentro de la alianza CREO pertenece al partido Izquierda Democrática –similar al socialdemócrata, según él señala– cuestionó la nueva legislación. “Es abrir la puerta para que luego el aborto sea permitido en otras situaciones. Nadie tiene derecho a interrumpir la vida de otra persona.” Al mismo tiempo, el legislador alertó que la reforma del código criminalice la protesta. “Convierte al código en inquisidor de cualquiera que proteste, por ejemplo, acusándolo de sabotaje o terrorismo. El que se manifiesta va automáticamente a la cárcel, sin fianza.”

Carvajal afirmó que esa acusación es errónea. “Aquí existirá respeto a la protesta social y pública que sea pacífica. Se sancionan las acciones que violenten y atenten la vida cotidiana de las personas.” “¿Se van a reprimir los piquetes?”, le preguntó esta cronista. “La primera opción es el diálogo. No se puede afectar la libre circulación. Se están investigando las acciones violentas en las marchas antimineras, pero no por la marcha en sí, sino por los hechos vandálicos y de agresión a los ciudadanos”, sostuvo el diputado de Alianza País.

Los tres proyectos serán prioridad durante este nuevo mandato de Correa, quien se propone profundizar un modelo de revolución ciudadana y cuenta con un amplio respaldo para lograrlo.

Lo que teme el muchacho es que el periodo de alta convulsión social se resuelva dentro de las lógicas electorales imperantes, dentro de la institucionalidad vigente, dentro de los cauces binominales. Y por lo tanto, el profundo cambio de mentalidad operado en la ciudadanía no llegue a tener un correlato en la institucionalidad del Estado, que permanecerá en lo sustancial inalterada.

Lo que observa este chico es importante. Los chilenos, qué duda cabe, han vivido en los últimos años una metanoia, un cambio de convicciones, no sólo de opiniones o de pareceres. Este cambio ha operado en la medida en que la crisis del modelo político y económico ha reafirmado las intuiciones no expresadas de la ciudadanía, que ahora han pasado a ser certezas que se manifiestan de forma abierta y espontánea. Basta repasar las cifras de la última encuesta ICSO de la UDP para advertir la profundidad de esta transformación(1).

El estudio advierte un “clamor por más Estado”, que se manifiesta en una demanda masiva por empresas estatales en áreas estratégicas como el agua, luz y gas, la banca, las pensiones y el transporte público. A la vez, se cuantifica una crisis de confianza y legitimidad de las instituciones y una abierta desafección por las coaliciones políticas existentes. Sin embargo, la misma encuesta, cuando entra en la arena electoral, nos muestra que este cambio de mentalidad no logra un cauce político de expresión. La aplastante mayoría de la candidata de la Concertación sólo es opacada por un incremento de la apatía electoral, que al parecer seguirá ascendiendo bajo la forma de abstencionismo.

Este es el problema al que nuestro joven amigo nos desafía a responder. Siendo un dilema complejo quisiera apuntar a un aspecto al que pocas veces se hace referencia. Existe una diferencia fundamental entre la conciencia anticapitalista, que parece ser la que ha emergido en el “nuevo Chile” movilizado, y la conciencia socialista, que no parece terminar de germinar. La conciencia anticapitalista es espontánea e intuitiva, no requiere para su desarrollo más que confrontarse con el absurdo de la realidad.

Nuestros campesinos ya hablaban del “chancho mal pelao”, porque la injusticia brotaba ante ellos a flor de piel. Los estudiantes de la Universidad del Mar aprendieron lo que significa el lucro en la educción cuando los enviaron a la calle luego de endeudarse hasta el cuello. No necesitaron clases de economía o de política. Lo mismo le pasa a los trabajadores, a los habitantes de las regiones, a las mujeres, a los indígenas.

El anticapitalismo es hijo de la sociedad del desprecio, de la experiencia directa, de la aberrante iniquidad de cada día. En contraste, la conciencia socialista no es espontánea. Presupone la conciencia anticapitalista pero a la vez la supera, ya que no es sólo una negación de la explotación, sino, además, una afirmación positiva, una apuesta concreta por una alternativa que posee pretensiones universales de justicia, que es políticamente viable y que es sostenible en el tiempo.

En cambio, la conciencia anticapitalista puede fugarse hacia múltiples focos dispares. En cierta forma lo vemos en la tendencia a la fragmentación “multicolor” de las luchas sociales, que cada vez tienen mayores dificultades para interrelacionarse.

También hay muchas formas no socialistas de canalizar la conciencia anticapitalista, como son los fundamentalismos religiosos, los nacionalismos de ultraderecha, incluso ante la falta de esperanza se puede terminar adhiriendo a las mismas ideas neoliberales que se consideran injustas: si no lo puedes cambiar, es lógico colocarse en el bando de los vencedores. Pero sin duda la peor ruta conduce al fatalismo, que se repliega en el resentimiento privado y prepolítico, y que emerge en la forma de violencia ciega y pasional contra un chivo expiatorio. Lo vemos en la violencia contra las mujeres y los niños, el racismo contra los inmigrantes e indígenas o en el chauvinismo ante las naciones vecinas.

La tradición de la Izquierda siempre afirmó que a la conciencia socialista se llega “por el oído”. En la lógica leninista el partido de vanguardia estaba llamado a conducir a la clase obrera que por sí misma no podía llegar más allá de la conciencia sindical. Se le debían revelar las causas de las injusticias como también el camino de salida. En tiempos posmodernos esta es una idea que ha caído en total desprestigio. Nadie parece dispuesto a aceptar que otros digan lo que pasa y lo que se debe hacer. Toda intervención externa se ve ahora como heterónoma, como un gesto autoritario de una “elite” iluminada y aprovechadora. Lo que se lleva ahora es la autonomía, propia de sujetos libres que son capaces de hacer (se supone) sus propias lecturas de la realidad y definir sus propios cursos de actuación. Este aspecto, siendo en general positivo, también tiene evidentes límites políticos.

Hay que reconocer que existen categorías y conceptos como “alienación”, “enajenación”, teoría del “valor-trabajo”, “acumulación primitiva”, y muchos otros, que conservan potencialidad interpretativa y a los que no se puede acceder más que por la vía del estudio y del aprendizaje. Pero el socialismo no es una doctrina, un dogma o una ideología.

Es más bien un método, una forma de pensamiento crítico, capaz de confrontarse con un criterio permanente que Marx sintetizaba en la dialéctica entre la emancipación de los oprimidos como tránsito a la emancipación de la Humanidad y la emancipación de la Humanidad como objetivo final de cualquier emancipación particular. Por ello pueden haber socialismos con apellido: “del siglo XXI”, “feminista”, “latinoamericano”, etc. Pero todas estas expresiones singulares deben responder a la misma fórmula crítica marxiana. Es lo que Georg Lukács llamaba “perspectiva de totalidad”.

Ya que el viejo leninismo autoritario y mecanicista está muerto y sepultado, podríamos retomar algunas ideas del Lenin auténtico y olvidado. Particularmente su concepto de vanguardia, que en realidad deslinda totalmente de la idea de “elite” y se asemeja a aquellos que se atreven a dar el primer paso, aunque se les vaya la vida en el intento. Una minoría con clara voluntad de mayoría, capaz de aprender de la realidad y de sus propios errores, que no tema proponer sus “tesis de abril”, sabiendo que en mayo ya estarán obsoletas y habrá que cambiarlas. Porque una revolución exige momentos asamblearios, de tormenta de ideas, que den espacio a la deliberación y a la imaginación. Pero también exige momentos para delimitar, acatar decisiones, asumir la iniciativa política y poner en obra lo acordado. Sólo de esta forma es posible pasar de la espontaneidad anticapitalista al proyecto histórico socialista.

*Chileno, estudiante del programa de doctorado en Ética y Democracia de la Universidad de Valencia. Ex presidente de la Asociación chilena de ONGD. Colaboro habitualmente en www.puntofinal.cl y ww.lemondediplomatique.cl.

(1) http://www.icso.cl/wp-content/uploads/2013/04/Encuesta-UDP2013-primer-semestre-FINAL.pdf

El caso desencadenó una polémica, tanto en Bolivia como a nivel internacional, ya que se trataba de una de las multinacionales más grandes del mundo, que estaba demandando a Bolivia exigiéndole una compensación, no solo por el valor de su inversión en el país, sino también por la pérdida de sus ganancias futuras.  Este fue uno de los casos más emblemáticos acerca del uso de este sistema que rige la inversión internacional, mediante el cual una corporación cuestionó una política de interés público, como fue, en este caso, la recuperación del agua y su gestión por el pueblo de Cochabamba.

Desde entonces el sistema de reglas de inversión global se ha expandido a nivel regional y mundial y está siendo utilizado para atacar iniciativas ciudadanas y gubernamentales que buscan proteger la salud de la gente, el medio ambiente, los recursos naturales y los servicios públicos, entre otros.

El 2009, cuando el gobierno de El Salvador ratificó su negativa de expedir un permiso ambiental a la empresa minera canadiense Pacific Rim para la explotación de oro, los activistas de la comunidad de Cabañas sintieron que habían obtenido una importante victoria. Durante años habían estado luchando en contra de los esfuerzos de la compañía que quería extraer oro en su región, y cuyos proyectos incluían la utilización y vertido de arsénico y cianuro tóxico en sus ríos. Sin embargo, no fue una campaña sin riesgos. Cuatro activistas salvadoreños que luchaban en contra de la minería fueron asesinados en el transcurso de esta batalla, entre ellos una mujer en estado de gestación. Lo peor, es que existe la posibilidad de que esta victoria pueda tener otro tipo de costo para el pueblo salvadoreño. En una demanda legal presentada a un tribunal de arbitraje del Banco Mundial, Pacific Rim le está exigiendo al gobierno de El Salvador el pago de 315 millones de dólares en compensaciones, una cantidad igual a un tercio del presupuesto anual de educación del país.

Éste es sólo un ejemplo entre muchos otros, en el que los ciudadanos que han luchado y ganado una importante batalla, encuentran que todos sus esfuerzos están siendo burlados por las empresas que utilizan esta creciente red de normas internacionales de inversión y de tribunales de arbitraje para cuestionarlos.  Hay muchos otros ejemplos, como el de Uruguay, en donde una campaña de salud pública obtuvo una gran victoria en los años previos al 2010, cuando el gobierno nacional aprobó nuevas medidas de salud para desalentar el consumo de tabaco. A pesar de que esas medidas reflejan las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que incluyen nuevas y más grandes advertencias en las cajetillas de cigarrillos, la empresa tabacalera estadounidense Philip Morris, una de las más grandes del mundo, atacó la iniciativa con una acción legal en la que le reclama al estado uruguayo el pago de 2 mil millones de dólares en compensaciones.  Philip Morris está utilizando las mismas normas que rigen la inversión internacional para cuestionar las políticas anti tabaco en Australia y Noruega.

Son diversas las áreas que son afectadas por este sistema y varias las maneras en que el sistema afecta negativamente en los derechos, el salud, el medio ambiente, e incluso en la manera en que proyectamos nuestro desarrollo. Frente a una serie de crisis sociales y ambientales, muchos grupos alrededor del mundo están cuestionando los patrones de desarrollo actuales y están comenzando a avanzar hacia un futuro asentado en los valores de la sostenibilidad y la inclusión. Sin embargo, como nunca antes, este ejercicio de poder por parte de las corporaciones se ha convertido en un enorme obstáculo legal que está obstruyendo directamente el camino hacia un posible futuro justo y sostenible. En ese sentido, el Centro para la Democracia ha publicado recientemente un informe en el que desglosa las implicaciones de esta amenaza. El informe lleva como título, Injusto, Insostenible y en las Sombras – Cómo las corporaciones usan las Reglas de Inversión Global para poner en riesgo nuestro futuro sostenible.

Para muchos, este sistema de reglas y normas de inversión y de “resolución de disputas” Inversionista – Estado impulsado por las corporaciones, salió a la luz pública hace poco más de una década, cuando precisamente Bechtel, el conglomerado de ingeniería proveniente de San Francisco, demandó al pueblo boliviano la suma de 50 millones de dólares a raíz de la ya famosa Guerra del Agua en Cochabamba, después de haber invertido tan sólo 1 millón de dólares en el país. Fue una campaña ciudadana global la que hizo que está corporación finalmente abandone y desista del caso por un pago simbólico de 2 bolivianos, el equivalente a 30 centavos de dólar. Sin embargo, en los años venideros, estos casos se han incrementado de manera alarmante.

Otro caso típico y actual, tiene que ver con la salud y el medio ambiente, como es la peligrosa exposición al plomo de una población en Perú. Este caso comienza con la revocatoria gubernamental de la licencia de operaciones a una planta de fundición en la población peruana de La Oroya (operado por Doe Run Perú), en julio de 2010. Gracias a esa medida el medio ambiente circundante y la salud de la población local sintieron un esperado alivio. La Oroya, situada en la región andina central del Perú, ha sido identificada como una de las ciudades más contaminadas del mundo y según estudios llevados a cabo el 2007, en este sitio, el 97% de los niños y niñas de entre 6 meses y 6 años, y el 98% de los menores que tienen de 7 a 12 años, presentan niveles elevados de plomo en su sangre. El gobierno consideró que la falta de voluntad de Doe Run Perú para cumplir sus compromisos ambientales de limpieza y mitigación constituyó una violación de las normas jurídicas ambientales del país. Sin embargo, la empresa matriz de Doe Run, Renco group, diseñó otra estrategia. La compañía, propiedad del multimillonario Ira Rennert de los Estados Unidos, respondió con una demanda por supuestos daños de 800 millones de dólares, el dinero suficiente para pagar los salarios anuales de aproximadamente 15.000 maestros o 6.000 trabajadores de la salud en Perú.

El mundo actualmente está cubierto por una creciente red de más de tres mil acuerdos de comercio e inversión, tanto a nivel multilateral como bilateral. Estos acuerdos otorgan derechos a las corporaciones y les permite demandar a los gobiernos por cualquier iniciativa o política pública que interfiera de una u otra manera en sus negocios y ganancias. Los casos legales resultantes, a pesar de tener grandes consecuencias a nivel local, en determinados países y poblaciones afectadas, son resueltos muy lejos en los tribunales internacionales de arbitraje por un pequeño grupo de abogados privados que trabajan a puertas cerradas y que llevan adelante este tipo de litigios sin rendir cuentas a nadie. Haciendo caso omiso de los principios democráticos y de independencia judicial, estos tribunales actúan con poca o ninguna vigilancia pública, además de negarles la voz a las comunidades directamente afectadas.

El número de estos casos Inversionista – Estado se ha disparado en los últimos años, rompiendo el 2012 con todos los récords. El sistema de tribunales más utilizado por las corporaciones globales es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones – CIADI, dependiente del Banco Mundial. Las corporaciones pueden utilizar este y otros tribunales para exigir cientos de millones de dólares en compensaciones, no sólo por las inversiones realizadas en un país, sino por las ganancias que esperaban obtener en el futuro. Los abogados de estos tribunales cambian sin problemas sus roles de árbitros, supuestamente “independientes”, a la de abogados corporativos. Algunos incluso tienen lazos fuertes con las empresas multinacionales, a raíz de los cuales se han hecho serios cuestionamientos acerca de su supuesta independencia en este sistema, en el que claramente tienen intereses. Aunque en años atrás fueron utilizados como instancias finales por inversionistas que se sintieron vulnerados en sus derechos, estos tribunales se han convertido en el arma preferida de las corporaciones en su intento de despejar el camino para obtener beneficios en desmedro de la salud pública y el medio ambiente.

La proliferación de estos casos Inversionista -Estado tiene tres efectos principales. En primer lugar, en los casos en los que las corporaciones ganan, como a menudo sucede, el resultado es una transferencia masiva de los ya escasos recursos públicos a millonarias empresas privadas. En segundo lugar, incluso si los gobiernos tienen éxito en la preparación de una defensa legal, esto supone un gasto de millones de dólares que se pagan por servicios legales a las pocas y muy caras firmas de abogados que se especializan en este tipo de casos. En tercer lugar, el efecto final es escalofriante y peligroso ya que se produce un efecto congelante en la voluntad de las autoridades para poner en marcha políticas de interés público, por temor a enfrentar costosas demandas en este sistema de arbitraje internacional.

El sistema de las normas de inversión y de tribunales internacionales se ha utilizado para atacar los esfuerzos y luchas anti-nucleares en Alemania, el control público del agua en Argentina y Bolivia, la lucha contra la minería metálica en muchos países, y hoy por hoy cuenta con nuevos objetivos en la mira. Un nuevo campo de batalla son las luchas ciudadanas en contra de la extracción de petróleo y gas mediante el método de fracturación hidráulica, o “fracking”. El capítulo de inversiones propuesto para el tratado de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea, de ser aprobado, podría dar a las corporaciones el poder legal para desafiar y cuestionar las regulaciones gubernamentales de este polémico método de extracción de hidrocarburos. Los esfuerzos para frenar la emisión frenética de carbono a la atmósfera, que ha provocado la actual crisis climática, también están en riesgo. El gobierno de Corea del Sur ha dejado de lado un plan para introducir un sistema de incentivos para reducir las emisiones de carbono en la industria automotriz, debido a  temores  de que esta normativa llegaría a vulnerar una disposición del acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y los Estados Unidos. Es decir, si el gobierno avanza en esta medida correría el riesgo de enfrentar una demanda en este sistema internacional de tribunales de comercio e inversión.

Hoy en día, al igual que las comunidades de El Salvador y Perú, que han decidido enfrentar la batalla para proteger sus derechos, un emergente movimiento global está repensando la relación entre el desarrollo económico y el bienestar social y ambiental, y está presionando a los gobiernos a tomar medidas urgentes de políticas públicas hacia esta dirección. Este importante cambio, sin embargo, está en conflicto directo con los intereses de las corporaciones multinacionales, que están programadas para maximizar su beneficio en el corto plazo y dejar a otros los costos ambientales y sociales de sus operaciones. El informe del Centro para la Democracia: Injusto, Insostenible y en las Sombras, denuncia  la manera en que estas corporaciones globales están utilizando el sistema de reglas de inversión para boicotear y poner en riesgo las más esenciales políticas públicas que nos permitan pensar en un desarrollo sostenible, además del proceso democrático que se requiere para llevarlo adelante.

Ya ha pasado mucho tiempo en el que este oscuro interés de abogados y corporaciones se ha mantenido en las sombras y fuera del radar de la mayoría de los grupos y comunidades a las que afecta. Sin embargo, esto está empezando a cambiar a medida que el número de estos polémicos y escandalosos casos ha ido en aumento, y la injusticia inherente a este sistema se está volviendo cada vez más clara.

En ese sentido, se han abierto varios frentes de lucha a nivel regional y global. Por un lado las personas están enfrentándose a las corporaciones en casos específicos, como en El Salvador y Perú, y por otro lado existen esfuerzos y movimientos globales para evitar la proliferación de nuevos acuerdos que utilicen este sistema de acuerdos y tribunales internacionales para cuestionar las decisiones soberanas de los países. Todas estas luchas han tenido eco en las esferas oficiales, sobre todo en América Latina, en donde se han puesto en marcha iniciativas regionales importantes, como sucedió en la 1era Reunión Ministerial de Estados de América Latina afectados por los intereses de las transnacionales, en Abril de 2013.  En esta conferencia regional se decidió, entre otras cosas, monitorear los casos pendientes en el sistema, además de impulsar la rápida implementación de un Centro de Solución de disputas en el seno de Unión de Naciones Sudamericanas – UNASUR, una alternativa que desde hace algún tiempo ha despertado gran expectativa en la región.

Al igual que la desregulación de los mercados financieros en EEUU y Europa, alentado por el sector bancario y que provocó la crisis del 2008, el sistema de normas internacionales de inversión impulsado por las corporaciones multinacionales, hace prevalecer los intereses de unos pocos por encima de los intereses da las mayorías y del medio ambiente. A medida que nos acercamos a peligrosos puntos inflexión en términos de los sistemas naturales de la tierra, nunca ha habido un momento más urgente para los activistas, académicos, trabajadores del desarrollo y otros grupos involucrados, para entender la forma en que estas  barreras legales y políticas nos impiden cambiar el rumbo hacia un futuro sostenible. Este sistema de justicia privatizado y utilizado arbitrariamente por las corporaciones, es una gran barrera que necesita ser urgentemente derribada.

- Thomas Mc Donagh y Aldo Orellana López son investigadores en el Centro para la Democracia, con sede en Cochabamba, Bolivia donde coordinan  la Red por la Justicia Social en la Inversión Global – RJSIG, un proyecto dirigido por el Centro para la Democracia junto con el Institute for Policy Studies  – IPS, con sede en Washington DC.

Video Educativo: Las Reglas Globales de Inversión: Una amenaza para la Democracia y el Medio Ambiente

Hoy la noticia es un producto escaso -cuando no inexistente- en muchos servicios informativos cargados de opiniones, puntos de vista, intereses y, en no pocos casos, de mala fe y de intenciones nunca transparentes.

No será quien escribe el defensor de la presunta objetividad periodística construida por la tradición liberal. Tal objetividad no existe (ni existió nunca). En primer término, porque la selección de un hecho y no de otro para presentarlo a las audiencias como noticia exige poner en juego puntos de vista, establecer prioridades, recortes, tomar esto y dejar aquello. Y seguidamente, la forma de presentar cada hecho, la elección de las fuentes, de resaltar este aspecto o aquel otro, demanda una construcción que se apoya en miradas y perspectivas sobre ese acontecimiento en particular, pero también sobre la historia, sobre los contextos, sobre los escenarios.

Esto ha sido y será siempre así. Para todos. Para quienes se autocalifican de “independientes” y, a renglón seguido, “objetivos”, y para quienes se consideran a sí mismos “militantes” y, por este mismo motivo, defensores de una causa que está por encima de cualquier pretendida objetividad.

Ninguna posición resulta reprochable siempre y cuando se ejerza con honestidad, con la mayor veracidad (entendiendo por ello la sujeción a la verdad de los hechos) y transparencia respecto de las intenciones de quien construye la información. Hoy por hoy puede resultar hasta lamentable la actitud de ciertos protagonistas del escenario informativo argumentando en favor del periodismo “independiente” y de la “objetividad” mientras queda a la vista, de manera indubitable, que le hacen el juego a intereses políticos, económicos y corporativos. Lo mismo podría decirse de otros que dejaron de pensar con sus cabezas y comenzaron a hacerlo a partir de sus billeteras mientras se autoproclaman adalides de la “libertad de expresión”.

Mayor respeto merecen (por lo menos para quien esto escribe) aquellos que, a la luz del día, dejan en claro que su ejercicio periodístico se encolumna en determinada causa política, social o cultural de la que se sienten defensores o militantes.

Los primeros construyen el discurso periodístico sobre la falacia de la neutralidad, pretendiendo con ello seducir audiencias mientras se quitan de encima las responsabilidades que les implicaría reconocerse voceros de determinados intereses o posiciones. Los segundos, a sabiendas, corren el riesgo de ser rechazados por sus posiciones políticas o ideológicas.

En el mundo capitalista los medios de comunicación tienen dos propósitos centrales: generar ganancias e incidir. De lo primero se encargan los empresarios, los dueños del capital. A los periodistas les toca colaborar en lo segundo. Está ampliamente demostrado que los medios de comunicación no determinan la forma de pensar de las audiencias, pero sí tienen una incidencia decisiva en el establecimiento de las agendas, es decir, en los temas que se ponen en cuestión en el escenario público, aquello sobre lo cual la gente piensa.

Allí está el primer punto. Lo que se pone en juego y lo que se sustrae de la agenda pública. Desde una perspectiva genuina de ejercicio del derecho a la información y a la comunicación cada medio es responsable de ofrecer una mirada completa (la mayor cantidad de temas) y compleja (diversidad de miradas sobre cada tema). El derecho a la información no debería ser el resultado del peregrinaje individual de cada ciudadano por todos los medios existentes con el fin de completar la agenda y así tener distintas perspectivas sobre el mismo tema, para llegar a obtener, en el mejor de los casos, su propio producto noticioso o en su defecto una suerte de “promedio” entre todos.

No es posible, no es justo y no responde a ningún criterio de derecho ciudadano.

En la sociedad moderna los medios de comunicación son actores políticos de primera línea. Y nadie podría objetar que jueguen tanto sus intereses económicos como políticos. Pero esto debe ser transparente y no puede ir en desmedro del derecho ciudadano a la información y a la comunicación. En medio del debate político comunicacional, de las opiniones antes que las noticias, la gran desaparecida es la información, insumo vital, irremplazable, esencial para la formación de la opinión ciudadana, para el ejercicio de la libertad y para la toma de decisiones responsables y fundadas.

Ya no se trata de discutir solamente entre “independientes” y “militantes”. Es necesario recordar que la tarea y también la responsabilidad primaria que tienen los periodistas es informar. Por encima y al margen de la opinión. Rescatar el valor y la importancia de la noticia es una responsabilidad profesional y un compromiso ciudadano.

**Publicado en Página12 de Argentina

Actúan al unísono y siempre que hablan concitan el aplauso y el apoyo de las grandes patronales y de los banqueros. Es lo normal, cada uno son una cosa pero todos ellos vienen a ser lo mismo: el dinero organizado. De quien dijo el presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, que no era precisamente un izquierdista, que estar gobernado por él era más peligroso que estarlo por el crimen organizado.

Y llevaba razón, como podemos comprobar fácilmente en nuestros días contemplando lo que las autoridades europeas están llevando a cabo entre nosotros, un verdadero crimen del dinero organizado contra los pueblos.

¿Cómo calificar de otro modo, por ejemplo, a permitir que bancos privados como Citigroup, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bank of America, Barclays PLC, Bear Sterns, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse, Lehman Brothers, Bank of Scotland, BNP Paribas, Santander, BBVA…, entre otros, pudieran llegar a financiarse cuando estaban en dificultades al 0,01% mientras que los países se arruinan porque sus gobiernos tienen que hacerlo incluso al 50%, es decir, con intereses 5.000 veces más caros?

No exagero. La Reserva Federal de Estados Unidos llegó a proporcionar en secreto, entre el 1 de Diciembre de 2007 y el 21 de Julio de 2010, 1,2 billones de dólares (digo bien, 1,2 millones de millones) al 0,01% a algunos de los principales bancos del mundo. Y al 50% tuvo que colocar Grecia deuda pública a dos años en septiembre de 2011.

Incluso con tipos más reducidos la desproporción es abismal.

Hace unos días, el Tesoro español colocó en el mercado títulos al 4,45%. Un interés que ahora se considera bajo pero que, incluso así, es 445 veces más elevado que el 0,01% mencionado o 9 veces más caro que el 0,5% al que el Banco Central Europeo da actualmente a los bancos privados todo el dinero que le pidan.

¿Cómo no va a ser astronómica la deuda pública de gobiernos que se tienen que financiar a esos intereses tan elevados?

¿Y cómo calificar, sino como un crimen, que se les obligue a hacerlo llevándolos a la ruina, cuando podrían financiarse, al menos, en igualdad de condiciones que los bancos privados?

Si dicen que la deuda pública es tan perjudicial ¿por qué dejan que suba y suba a base de añadir intereses y de más deuda para pagarlos, cuando los déficits primarios (es decir, la diferencia entre ingresos y gastos del estado sin los intereses) son realmente reducidos, si es que se registran?

¿Cómo no calificar de crimen las sanciones y medidas que condenan a la miseria a países que han visto subir por las nubes su deuda pública simplemente por el hecho de tener que pagar intereses mucho más elevados que los bancos privados, y al mismo tiempo regalarle el dinero a éstos, que son los que  provocaron la crisis que hundió los ingresos de los estados?

Acabemos ya con las mentiras y engaños y hablemos claro. La deuda pública no es el resultado de los gastos excesivos que obliga a recortarlos para poder hacerle frente y purgar nuestros excesos, al haber vivido por encima de nuestras posibilidades, como nos vienen diciendo.

Si los saldos presupuestarios primarios de los países europeos se hubieran venido financiando con la misma generosidad con que se financia a los bancos privados la deuda pública sería hoy día mínima y no supondría problema alguno para casi ningún país. Ha crecido tanto solo y exclusivamente por la cuantía de los intereses financieros que hay que pagar desde que los gobiernos dejaron de ser financiados por los bancos centrales a interés nulo o minúsculo.

La deuda pública de ahora en Europa (como antes en otros pueblos), no es sino el crimen contra los pueblos cometido por el dinero organizado del que hablaba Roosevelt. Se acordó que los gobiernos no se financiaran por los bancos centrales (que podrían financiarlos a interés prácticamente nulo como a la banca privada) para que poco a poco estallara la deuda pública, justificando las privatizaciones, al mismo tiempo que los bancos privados hacían el agosto prestando a los estados (reciben actualmente en concepto de intereses más de 350.000 millones de euros anuales en Europa).

Para cubrir las espaldas de esa estafa, los economistas neoliberales afirman que si los bancos centrales hubieran seguido financiando sin coste a los gobiernos la inflación se hubiera disparado. Un juicio sin fundamento. Equivale a decir que una deuda del 90% del PIB, o mucho más, al 5% o incluso a tipos más elevados no crea inflación y otra del 5% del PIB (la que tendría ahora Francia si se hubiera seguido financiando por su banco central desde 1973) o del 15% del PIB (la que tendría España si desde 1989 lo hubiera hecho al 1%) sí la genera. Una patraña.

Financiando sin interés, o al interés reducido al que se presta a la banca privada, la deuda pública sería hoy minúscula incluso con el mal gasto que hayan podido realizar los gobiernos. Y lo sería mucho menor si, además, se gastase todo lo bien que se debe y sin ningún tipo de despilfarro. Y mientras que el crecimiento del gasto primario se mantuviese dentro de los márgenes del crecimiento de las economías y se asegurase demanda efectiva suficiente, no tendría que llevar consigo inflación. No hay, pues, nada que impida financiar sin interés a los gobiernos, una vez establecidas medidas elementales de cautela muy diferentes de las establecidas en la Unión Europea para justificar el status actual de la banca privada. Nada, salvo el querer mantener el privilegio que tiene ésta última.

Por eso es claro que seguir obligando a que los estados se financien con intereses elevados solo es una estrategia destinada a justificar el control salarial, la privatización progresiva de los servicios públicos y, en suma, a esclavizar a los pueblos. Es un proyecto perfectamente urdido para aumentar artificialmente la deuda que destroza sociedades y acaba con miles de vidas humanas. Un auténtico crimen organizado que perpetran, entre otros, los hombres de negro que pronto nos visitarán.21 may 2013

*Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

ANSA

“Los datos muestran una tendencia hacia el aumento de las señales de actividades sospechadas en el cuarto trimestre de 2012, debida a la consolidación de la reforma de la ley 127, y con ella, del refuerzo del sistema de detección y colaboración a nivel interno e internacional”, explicó el informe.

Las señales provinieron en cinco casos de sujetos vigilados y uno de otras autoridades.

“Considerando la naturaleza, las dimensiones reducidas y las peculiaridades del sistema económico-financiero del estado de la Ciudad del Vaticano, los datos muestran un efectivo sistema de detección de las actividades sospechadas por parte de los sujetos dedicados a eso”, añadió el texto.

En cuanto a las declaraciones de traslados de dinero fuera de las fronteras superior a 10 mil euros, sumaron en total casi 2.400 (598 de ingreso y 1.782 de egreso del Vaticano). Los datos están en caída respecto de 2001, cuando a partir desde abril -entrada en vigencia de la AIF- las declaraciones fueron 658 de ingreso y 1.894 de egreso, y “muestran la tendencia a una intensificación en 2011, y una gradual normalización en 2012″.

“Los seis informes sobre las transacciones sospechadas son la muestra de que el sistema de reporting comenzó a funcionar”, dijo en conferencia de prensa el director del AIF, el suizo Rene Bruelhart. “Es una señal bastante prometedora y alentadora”, añadió.

El director del AIF no dio precisiones acerca de las transacciones señaladas y especificó que “no están ligadas a actividades de financiamiento del terrorismo”; tampoco las dos que fueron remitidas a la justicia para que investigue y “adopte las medidas del caso”.

El Instituto para las Obras de Religión (IOR, sigla en italiano), más conocido como el Banco Vaticano, es “una de las estructuras interesadas por las transacciones señaladas”.

En cuanto a las actividades futuras, incluso sobre los nuevos estándares antilavado de dinero, Bruelhart anunció que “en las próximas semanas y en los próximos meses” en el Vaticano se emitirán nuevas medidas para afrontar los procedimientos de “vigilancia preventiva”.

El “paquete” de medidas promoverá también “un nuevo sistema para reforzar los poderes de inspección de la AIF”.

“Estamos muy contentos del proceso Moneyval (ente del Consejo Europeo encargado de evaluar en los países sobre antilavado, Ndr), cuyo segundo informe será presentado en diciembre, afirmó Bruelhart.

“Estamos tendiendo la mano y trabajamos para adecuarnos, aunque no sería necesario porque estamos ya en línea con la mayoría de las recomendaciones fundamentales, 9 sobre 16. Hemos dado una gran señal de transparencia”, destacó el abogado experto en lavado de dinero. La tarea de adecuación a esas normas prosigue y el juicio “ayuda a potenciar los sistemas internos, y entre pocos meses mejoraremos nuestra legislación para reforzar el sistema”, subrayó.

A tal fin, destacó que existe en curso un procedimiento de cruce de información “profunda” para “tener una situación clara” de quiénes son los clientes del IOR. Bruelhart enfatizó además la importancia de las colaboraciones internacionales, en base a los protocolos de acuerdos que fueron firmados.

*Agencia Italiana de Noticias

Múltiples eventos y situaciones concatenadas así lo vienen confirmando desde el discurso de Chávez el día 8 de diciembre de 2012. Por tanto, es momento de galvanizar y acerar el factor estratégico fundamental de una revolución: el factor moral e intelectual, la voluntad de lucha, la consistencia de los ideales, creencias, ideas y valores. Allí residen las razones sagradas, místicas y espirituales de la revolución bolivariana. De manera que, a una apreciación realista de las situaciones, le sigue una voluntad inquebrantable de lucha basada en una perspectiva revolucionaria. Terrible sería cometer dos errores en las actuales circunstancias:

a) Una apreciación incorrecta de la situación, dando paso a erráticas líneas de acción política;

b) Quebrar el factor moral de la revolución (El “legado revolucionario” de Chávez), la voluntad, pasión y conciencia en la lucha por la transformación socialista, por el cambio estructural de la sociedad capitalista, aún dominante en nuestra formación social.

El pueblo bolivariano debe demostrar, ahora sin la presencia física de Chávez, su capacidad de recuperación de las motivaciones existenciales de lucha que activaron el poder constituyente originario, la recuperación de la memoria de luchas de nuestros libertadores, así como el protagonismo del bloque social de los explotados y oprimidos, incluso ante situaciones adversas, ante errores, ante debilidades y amenazas.

Unidad, lucha, batalla y victoria, por una parte, planteó el mismo Chávez el 8 de diciembre de 2012. Por otra parte, la historia de las revoluciones ha planteado la necesidad de fortalecer la formación intelectual, moral y política, las estructuras organizativas, la disposición de lucha social y política, los dispositivos múltiples de comunicación popular y la movilización para conquistar objetivos inmediatos, intermedios y principales para el avance victorioso de la revolución.

De manera que no debe abrirse espacio alguno de posibilidad para el pesimismo de la voluntad, para pasiones tristes, para duelos paralizantes, actitudes o divisiones funcionales a los planes de acción de la derecha. De allí la importancia de la consigna: ¡Chávez vive, la lucha sigue!

2.- ANTE LOS ERRORES: CORREGIRLOS Y SUPERARLOS.

Ciertamente hay errores estratégicos y tácticos en la conducción del proceso revolucionario, debilidades en la gestión de gobierno, desafíos, malos sabores, corruptelas que deben superarse; pero todo esto no puede ser pretexto para la inacción, para el fraccionalismo, para vacilaciones o para diseminar un espíritu de derrota, un espíritu de “hechos cumplidos”.

El asunto es muy sencillo: ¿Se está o no se está con la Revolución Bolivariana? ¿Se asume el carácter radical-democrático, nacional-popular, anti-imperialista y anticapitalista de la Revolución Bolivariana? ¿Se asume con criterio diferenciador cómo entienden los actores dirigentes y las fuerzas de apoyo por “revolución bolivariana”? ¿Se trataba acaso de una simple identificación emocional con la figura  histórica de Chávez? ¿Acaso hay motivaciones más profundas, de carácter simbólico e imaginario, con presencia de valores, ideas, creencias y sentimientos afines a la construcción de un proyecto socialista, de una política y una estrategia socialista?

Las respuestas abren un extraordinario campo de debates. En las actuales circunstancias luego del 14 de abril, se perciben dificultades en la conducción revolucionaria, ante circunstancias y condiciones de oportunidad para la acción ofensiva de la derecha. Pero la base social y política de apoyo a la revolución bolivariana no tiene razones para vacilar o dudar sobre su apoyo al Proyecto Nacional Simón Bolívar. No hay que marearse en matices secundarios o irse por las ramas. La inteligencia política nutrida por el legado del pensamiento crítico y revolucionario exige clarificar los campos de batalla, las fuerzas sociales y políticas implicadas, el complejo de contradicciones existentes, antagónicas y no antagónicas en el momento político. Es tiempo de saber diferenciar el campo del “Nosotros” y campo de “Ellos”, tanto actual como potencial:

¿Quiénes son los amigos y quiénes los adversarios, si lo que está en juego es una opción clara de poder?

Reducir a los factores sociales y políticos de la derecha a su menor espacio potencial de expansión hegemónica, es tarea permanente de la revolución bolivariana. Ciertamente, se han cometido errores, la derecha ha crecido electoralmente, hay indicadores objetivos que evidencian un cuadro económico negativo; pero lo más grave no es eso, sino que la derecha ha retomado la iniciativa política, su disposición ofensiva, pues la derecha viene cabalgando sobre un movimiento de reflujo en el apoyo popular a la revolución. Este proceso afecta la fortaleza de las fuerzas motrices de la revolución.

3.- PLANIFICAR Y EJECUTAR LA CONTRA-OFENSIVA:

Es preciso, entonces, planificar y ejecutar la contraofensiva a profundidad. Reconocer errores de conducción que han creado una brecha entre las fueras dirigentes y las fuerzas motrices en el proceso revolucionario, que han creado flancos débiles aprovechados por la estrategia de la derecha. Se requiere una poderosa campaña contra-ofensiva. }

Mientras ampliar el espacio potencial de expansión hegemónica de los factores sociales y políticos de la derecha, es tarea de los adversarios y enemigos de la revolución, los factores sociales y políticos de apoyo a la revolución bolivariana deben cuidar minuciosamente que sus actitudes y acciones no contribuyan objetiva o subjetivamente a otorgarle condiciones favorables al avance de la derecha. Repito, hay que ser muy cuidadosos en ofrecerle razones y oportunidades de avance al plan de acción de la derecha en las actuales circunstancias.

Hay que manejar con extrema habilidad el recurso a la crítica interna para la lucha revolucionaria contra los adversarios. La crítica interna de la revolución es cada vez más necesaria y urgente, el pensamiento insurgente es cada vez más importante, siempre con claridad de criterios de direccionalidad, contenidos, propuestas de solución y alcances de la misma. No se realiza la crítica para fortalecer o para brindarle oportunidad al adversario. Es para rectificar, corregir y reimpulsar, para visibilizar cursos de acción alternativos. Para avanzar en la revolución, no para retroceder o para estancarse. La crítica no es un juego de egos o narcisismos para posicionarse en una esfera pública controlada por los dispositivos mass-mediáticos de la derecha. La crítica es para transformar el cuadro de relaciones dominantes de coerción política, explotación económica, hegemonía ideológica, negación cultural o destructividad ambiental. Allí la crítica adquiere su densidad revolucionaria.

El manejo de contradicciones antagónicas y no antagónicas, es clave para definir el proceso de re-polarización, reunificación y repolitización mayoritario en un sentido favorable al re-impulso de la revolución bolivariana, a la recuperación y relanzamiento de su caudal electoral, a la conquista de su espacio de máximo potencial electoral, luego de comprender cuales fueron los factores desencadenantes del descenso electoral el 14 de abril de 2013.

Por tanto, hay que establecer un plan de recuperación del voto bolivariano en el seno del GPP, de debilitamiento del voto blando opositor, de clarificación de la amenaza que representa el proyecto de la derecha para sectores populares y capas medias, que sin fuertes afiliaciones o identificaciones ideológicas, se han inclinado momentáneamente hacia la opción, el discurso y el proyecto de campaña de la candidatura de la derecha, desacoplándose del discurso de campaña, la gestión de gobierno y del proyecto de la revolución bolivariana. Y no se recupera este caudal perdido por la vía de su culpabilización, etiquetamiento o criminalización, por cierto, pero tampoco sin ofrecer vías de debilitamiento de las bases sociales de apoyo de la opción electoral de la derecha.

Tampoco se trata de ser optimistas ingenuos o ciegos, pero menos de proyectar un derrotismo moral e intelectual que sólo contribuye al avance, a los movimientos moleculares y molares favorables a la derecha. Es posible recuperar la fuerza perdida y debilitar a la fuerza adversaria, siempre que se entienda que quien triunfó en la captura de un porcentaje del segmento de los moderados, descontentos y no alineados que votaban anteriormente por Chávez fue la oposición, y esto a partir (entre otras tácticas) de una exitosa campaña de ablandamiento de la “percepción de amenaza” que pudiera representar la candidatura de derecha para los sectores populares urbanos.

Mientras Chávez logró colgarle a la candidatura de la derecha el marco programático del “paquetazo neoliberal”, seis meses después fue la candidatura de derecha la que enmarcó a la candidatura bolivariana desde el concepto de “gobierno anti-popular” o de un “gobierno de los enchufados”. De allí la importancia de manejar adecuadamente los problemas internos en la revolución bolivariana. Pues ese enmarcamiento de campaña no podía romperse con una estrategia basada en el formato “Venevisión”, sino articulando el mensaje a una clara agenda de reivindicaciones, demandas y luchas de los sectores populares del país.

4.- NEUTRALIZAR A LA DERECHA ENDÓGENA-DEBILITAR A LA DERECHA OPOSITORA:

Para el manejo de los problemas internos, la dificultad de todo proceso revolucionario implica tratar de identificar con precisión y exactitud tanto los errores de “conducción de derecha”, como los errores propios de “concepción de derecha”, así como el “manejo interno de alianzas” con factores sociales y políticos que puedan llevar a un “crecimiento del poder de la derecha”. Insistimos en este punto, la revolución se mueve velozmente hacia la derrota en la medida en que se estanca y pretende “gobernar como la derecha”.

La derecha política opositora crece electoralmente como resultante de una combinación de errores de concepción, de conducción y de política de alianzas, cuya gravitación obedece a la intrusión de la derecha endógena en la conducción de la revolución bolivariana.

Alianzas que fortalecen al adversario no constituyen un camino correcto, así sean definidas como “alianzas tácticas”. Apoyos que debilitan internamente, tanto a las fuerzas motrices como a las fuerzas dirigentes, no son apoyos, sino operaciones de infiltración de baja intensidad contra la revolución por parte de la dirección enemiga. Seamos claros: la derecha endógena es sólo la fracción “bolivariana” del conjunto de los sectores dominantes del Capital en el país. Es una fracción capitalista y como tal se comporta en el plano económico, político e ideológico. Permea e induce políticas en el campo propio de la revolución bolivariana.

Si la derecha política ha crecido electoralmente ha sido los errores de conducción, concepción, manejo de la política de alianzas y definición del rumbo del gobierno. No han sido errores ultra-izquierdistas como el sectarismo doctrinario o un temerario voluntarismo, los que han llevado en mayor grado a un debilitamiento de la base social de apoyo de la revolución, sino que en gran medida son errores de derecha: el burocratismo, el oportunismo, la corrupción, clientelizar en vez de construir poder popular, afianzar alianzas con factores económicos de derecha, que finalmente definen aspectos medulares del curso de las políticas del gobierno bolivariano. Y el peor cadalso que prepara la derecha es quebrar la base ideológica de la unidad cívico-militar: la concepción bolivariana, zamorana y robinsoniana de una revolución para la justicia social, la inclusión y la democracia participativa y protagónica.

Un pragmatismo que vacía de debate sustantivo el terreno de la lucha contra el capitalismo, así sea en nombre de la real-politik es un grave error de derecha. Si sumar a un 2 % de capitalistas nos va a restar un 20 % de pueblo trabajador, entonces no hay ninguna real-politik. Eso es pragmatismo para negociar prebendas, contrataciones o privilegios de un nuevo grupo de poder, que conformara sin duda las bases objetivas y subjetivas de una nomenclatura, nuevo grupo que intenta cooptar a quienes puedan estructurar el control efectivo del mando civil y militar.

El asunto es que el carácter de clase de la revolución favorece aún a los sectores del Capital (aunque sea una fracción específica de los sectores dominantes del Capital) y no fundamentalmente al pueblo trabajador, tanto de la ciudad como del campo, además de reproducir lógicas político-culturales de discriminación-negación hacia las demandas de los pueblos originarios o hacia demandas de una revolución eco-socialista, para poner un sólo ejemplo directamente vinculado al Plan Independencia y Patria Socialista.

En el altar del desarrollismo se sacrifican las demandas revolucionarias de superación de la destructividad ambiental o el respeto-reconocimiento de otras opciones civilizatorias de buen vivir, término que ha desaparecido del léxico de fracciones del grupo político dirigente de la revolución. De manera que los términos, palabras claves y el régimen de signos que se hace patente en los discursos de miembros del gabinete, del partido o de voceros calificados es un sismógrafo que da cuenta de las dislocaciones ideológicas y discursivas en la revolución bolivariana, de su acercamiento a una versión desarrollista-redistributiva del capitalismo rentista, y no a la transición al socialismo bolivariano, democrático y revolucionario.

Por tanto, hay lucha ideológica, política y económica de clases en el seno de la dirección política del proceso, modificando el peso específico de la composición social e ideológica de las fuerzas motrices del proceso. El problema estriba entonces, en confundir permanentemente el carácter poli-clasista de las fuerzas de apoyo a la revolución con una “conducción revolucionaria” y con una “concepción del socialismo” funcional a los intereses del Capital.

Ese no es un pequeño problema. Chávez lo había advertido en numerosos discursos públicos y no tan públicos. Sabía que dormía con el enemigo. No hay que irse entonces por las ramas.

Primero, por las características históricas específicas y particulares de la revolución bolivariana, esta nace como una revolución democrático-nacional de carácter anti-neoliberal, pero no anti-capitalista.

Segundo, la máxima tensión interna estalló justamente en el transito interrumpido entre una revolución antiimperialista y una revolución socialista entre el año 2006-2010. Allí la derecha endógena lució descolocada inicialmente en términos de espacios de control de influencia y recursos estratégicos. Pero recuperó su ofensiva gradualmente.

Tercero,  Chávez supuso que podía generar una suerte de conversión ideológica de fuerzas internas cuyas prácticas, actitudes y lógicas son funcionales a una concepción y un mundo de vida propio de la estructura de mando del Capital. Allí se condensaron todas las contradicciones. De allí los desprendimientos voluntarios, los alejamientos casi invisibles y las rupturas públicas.

Que la revolución bolivariana haya devenido nominalmente en revolución anti-imperialista y socialista en el año 2006 se debe a una recomposición del cuadro de mando de fuerzas dirigentes tanto ideológicas como políticas del proceso revolucionario. De allí que la derrota del año 2007 haya sido en cierta medida inducida desde dentro, matando el proyecto de los motores constituyentes con cuchillo prestado: los errores del ultra-izquierdismo, entre ellos: la tan mentada “explosión del poder popular”.

Es posible reconstruir la trama de como la derecha endógena contribuyó decisivamente a la derrota del año 2007, e intentó montar un proyecto de “Chavismo sin Chávez”, que en las actuales circunstancias significa un chavismo sin legado revolucionario de Chávez.

La izquierda bolivariana se enfrenta a una verdadera tenaza, a una estrategia de yunque y martillo, tanto por la derecha política, económica y mediática opositora, como por la gravitación de la derecha endógena en la propia revolución bolivariana.

Lo que bloqueó transitoriamente esta tenaza hasta el año 2012, fue la fuerza dirigente principal de la conducción de Chávez, quien logro sobreponer su liderazgo al equilibrio de fuerzas, inclinando la balanza hacia la izquierda. Su conducción selló en vida su legado sin ambigüedades ni ambivalencias, definió el rumbo ideológico y político para el período 2013-2019. Ahora, es el pueblo bolivariano el que debe ser garante de este espíritu revolucionario si no quiere ser cercado y aniquilado por la estrategia de las fracciones del Capital. ¿Qué ocurrirá con el legado revolucionario de Chávez? A ciencia cierta, no lo sabemos.

Su ausencia plantea de nuevo, excavar a fondo sobre el cuadro ideológico y político de la conducción de la revolución, pues el avance en el terreno económico no pasó más allá de la recuperación del Capitalismo Rentístico de Estado (CRE), de su espacio de poder frente a las fuerzas sociales y políticas que desde la derecha opositora siguen siendo favorables a la “Agenda Neoliberal”.

La campaña presidencial del año 2012 reconoció esta contradicción antagónica entre dos Proyectos Históricos. La campaña presidencial del 2013 desdibujó este antagonismo entre proyectos, y se articuló a una personalización de la preferencia del voto entre dos candidaturas, incluso haciéndose patente una lucha en un terreno poco favorable para la revolución. Incluso “Chávez” paso a ser un comodín de cualquier discurso de campaña, de cualquier oferta electoral y para uso de ambas candidaturas.

La campaña se volvió “chavista”, y cada quien utilizaba a Chávez para descalificar al otro. Es importante retener este hecho, pues al convertirse en comodín, Chávez fue vaciado de sustancia ideológica.

De manera que, en un hipotético gobierno opositor, Chávez será reivindicado aunque vaciado de sustancia ideológica, la “culpa de todos los males” será atribuida y proyectada sobre sus irresponsables sucesores, que lo olvidaron, degradaron y traicionaron, que fueron completamente “incompetentes” y nunca fueron “líderes” como Chávez. (Anótenlo porque ya se articulan estas frases en el campo opositor).

De manera que el llamado “no retorno” planteado por Chávez, significa aún superar claramente el Capitalismo, pero ahora interpretado de manera disímil por diversas fuerzas de apoyo a la revolución.

Allí se abre el espacio para voces ancladas en el más puro sectarismo doctrinario hasta las más ramplonas voces de oportunismo, pragmatismo y acumulación delictiva de capital. Ese es el verdadero drama de la situación post-Chávez.

5.- LAS OPCIONES QUE SE ABREN:

Finalmente, dadas las tendencias histórico-electorales, por la vía pacífica, democrático-burguesa y constitucional no hay posibilidad alguna, de manera inmediata, de avanzar en la construcción del socialismo revolucionario de corte clásico. La revolución en su sentido clásico ha sido bloqueada e interrumpida.

Podemos especular si sería posible transitar hacia esos modos históricos de socialismo, si se abordase sin tapujos ni complejos el uso combinado de todas las formas de lucha. Pero sería un suicidio político acometer esta vía en el contexto de un momento de reflujo electoral de masas. Una radicalización revolucionaria de corte clásico carece, en las actuales circunstancias, de viabilidad política, a menos que se active esta posibilidad ante un hecho sobrevenido: que la derecha suponga que es posible una estrategia de “asalto al poder” e intente hacerlo quebrando el hilo constitucional.

Sin embargo, hay estrategias mixtas de alteración del hilo constitucional para la derecha con apariencia legal y reconocimiento internacional. Así ocurrió en Honduras y Paraguay. ¿Por qué no Venezuela? Sólo se requiere conquistar la mayoría parlamentaria (2015), realizar un ensayo de ampliación del espacio hegemónico en las elecciones locales previas (2013-2014), sacudir el tablero de las correlaciones de fuerzas en los poderes constituidos, y quizás completar la tarea con la convocatoria a un referendo revocatorio (2016). Pero eso está por verse.

La vía opositora más larga es dejar que el desgaste, los errores de conducción y las divisiones internas desplomen al gobierno bolivariano antes del 2019, presionando quizás para unas elecciones anticipadas. Pero, como dijera Garrincha: “los rusos también juegan”. Todo depende de un juego de interacciones entre revolución bolivariana y factores de oposición con final abierto.

De manera que hay, además de las anteriores posibilidades (radicalización socialista de la revolución vs asalto al poder por parte de la derecha), tres escenarios para diferentes actores en el seno de la conducción de la revolución bolivariana:

a) acometer un proceso de recuperación del proceso revolucionario, sin aventuras ultraizquierdistas, pero lo fundamental: sin recaídas en el “pragmatismo de derecha”,

b) lograr un pacto o entente con factores de la derecha para asentar una vía reformista-desarrollista, bajo negociación y derrota velada del legado revolucionario de Chávez,

c) entregar el poder a la derecha a corto plazo, intentando hacerlo en las mejores condiciones de “conservación de las fuerzas propias”, dejándose arrastrar por el reflujo del apoyo popular a la revolución; en fin, buscar legitimidad como “opción de oposición” futura bajo cooptación, negociación de espacios de impunidad y derrota abierta, siendo posibles cómplices de la “represión hacia los factores populares revolucionarios” que se opondrán a esta vía de capitulación.

Las opciones b y c, conducen a una clara capitulación del alcance socialista de la revolución democrática, bolivariana y socialista.

Por tanto, hay que estar atentos y  evaluar el nuevo curso de la revolución bolivariana. Ciertamente, luego de la partida física de Chávez, se ha abierto un nuevo ciclo histórico-político ya sin su centralidad como decisor de la arena política.

Si la lucha en el campo bolivariano fuese orientada por el Proyecto Nacional Simón Bolívar, por el Golpe de Timón y por el legado revolucionario de Chávez, nos acercaríamos a la opción a la recuperación del proceso bolivariano en su vertiente democrática y revolucionaria. Eso ya dependería de actores, movimientos y fuerzas bolivarianas de izquierda; es decir, fuerzas que no confundan el socialismo bolivariano para el siglo XXI con la conquistas de las siguientes trincheras o casamatas: vallas publicitarias,  bonos de la deuda, cupos de importaciones, contratos de obras, especulaciones con fondos públicos o divisas convertibles.

En fin, si la izquierda elude con éxito el camino de su degeneración en una fracción corrupta de acumulación del capital, puede acometer los desafíos pendientes que Chávez no logró realizar. Para esa tarea, requiere recomponer el proceso de acumulación de fuerzas.

De manera que la izquierda bolivariana requiere lograr repotenciar el GPP y reconducir democráticamente el partido-maquinaria del PSUV, para tener chance de sobreponerse al reflujo de masas. Sin estructuras organizativas, la izquierda bolivariana tiene todo que perder.

Por otra parte, la izquierda bolivariana debe superar todos los errores internos de derecha (de concepción, conducción, política de alianzas y gestión de gobierno). El asunto de manera sintética es que el Socialismo para el siglo XXI no sólo no cae del cielo ni se decreta, es que no tiene nada que ver con reproducir la estructura de mando y el metabolismo social del Capital. – Pequeño detalle Dr. Watson -.

No es incorrecto, entonces, plantear que “se ha llegado al llegadero”, o lo que es lo mismo, que no hay que echar para atrás: ir a la restauración de la influencia de los sectores económicos dominantes en el Poder del Estado:

(…) caminante no hay camino, camino de hace al andar.
Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar (…)

Así, inmersos en la vorágine expansiva de la economía mundial del último decenio y en aras de optimizar su cuenta de resultados, actuarán obviando las más elementales normas de prudencia crediticia, convirtiéndose en meros brockers especulativos y descuidando las dotaciones a los Fondos de Provisión e Insolvencia. Ello, unido a la falta de supervisión por parte de las autoridades monetarias de los índices de solvencia de las entidades bancarias, originará la crisis de las subprime de EE.UU., seguida de un goteo incesante de insolvencias bancarias, una severa contracción de los préstamos bancarios y una alarmante falta de liquidez monetaria y de confianza en las instituciones financieras.

Además, la obsesión paranoica de la Banca por maximizar los beneficios debido al apetito insaciable de sus accionistas al exigir incrementos constantes en los dividendos, provocó que muchas de ellas se transformaran en corporaciones transnacionales y no dudaran en endeudarse peligrosamente en aras del gigantismo, conjugando las OPAS hostiles en la compra de Bancos extranjeros como plataforma de entrada en dichos países con el miope aldeanismo de apertura desbocada de sucursales en otras Comunidades Autónomas. De ello serían paradigma Caja Madrid (adquisición del 100% del del City National Bank of Florida (CNB) por un monto cercano a los 750 millones de Euros en el 2008) y Caja Navarra (CAN) (apertura de una oficina de “banca cívica” en Washington en el 2008), proyectos de miope ingeniería financiera que les llevó a ambas entidades a su desaparición como marca autónoma (intervención estatal en el caso de Caja Madrid tras convertirse en Bankia y absorción por Caixabank de la CAN, otrora buque insignia de la marca NAVARRA), quedando como restos del naufragio los máximos responsables de ambas entidades en aquellas fechas (Miguel Blesa y Enrique Goñi respectivamente) imputados judicialmente.

Mutación de la Banca: Tradicionalmente, la finalidad de la banca era canalizar el ahorro privado hacia la inversión, pero dada la ausencia de cultura de ahorro doméstico y público, ha originado que el proveedor de recursos para dinamizar la economía en forma de inversiones se haya trasmutado en un parásito endémico que succiona todas las ubres del Estado para saciar el apetito insaciable de sus accionistas y altos cargos directivos. La casta dirigente bancaria se habría transmutado así en una camarilla de poder (equivalente a un miniestado dentro del Estado), que utilizaría el nepotismo para perpetuarse familiarmente en el poder con carácter vitalicio , recurriendo a los llamados “contratos blindados” para asegurarse un retiro dorado.

Así, los casos más sangrantes serían el del ex vicepresidente y consejero delegado del banco Santander Central Hispano (SCH), Ángel Corcóstegui quien cobró en 2002 la indemnización récord de 106 millones de euros, seguido en el ranking de la ignominia por José María Amusátegui, que recibió como “compensación a su pensión” la friolera de 43,8 millones de € . Recordar que la indemnización media de un trabajado por cuenta ajena por despido en España no alcanzaría los 8.000 €, por lo que el Gobierno de Rajoy se ha visto obligado a aplicar medidas cosméticas para penalizar los contratos blindados de los altos directivos que superen los 700.000 euros.

Por último, no dudarán en asentar sus reales en paraísos fiscales (centros offshore) para escapar a los tentáculos de la Hacienda española. Así, según el informe elaborado por el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa , 33 de las 35 empresas que componen el Ibex tenían presencia en dichos paraísos fiscales en el 2011, (lo que representa el 94 % de las compañías que operan en el selectivo español y un repunte del 8% con respecto al 2010), no siendo casualidad que el Banco Santander lidere el ranking de sociedades en dichos paraísos fiscales, seguido de BBVA .
El pozo sin fondo de las ayudas a la Banca problemática: La agencia Moddy´s estimó en octubre que el agujero de la Banca española sería de unos 120.000 millones €, sensiblemente superior a la calculada por la consultora Oliver Wyman al realizar la prueba de estrés la Banca española en el 2012 y según el economista.es, el dinero público y privado destinado a sanear los balances de entidades financieras inestables alcanzaría ya los 113.259 millones € ( más del 10 % del PIB), sumados los fondos inyectados tanto estatales como privados y el traspaso de activos tóxicos a la Sared.

Sin embargo, continúan las dificultades para vender las entidades rescatadas por el Estado ( Bankia, CCM, Cajasur, Unim, CatalunyaCaixa, la CAM, Banco de Valencia y Novacaixagalicia) así como mantener el banco malo o Sareb, que  fue creado para limpiar los balances de los bancos rescatados por el Estado y asumió activos tóxicos por un valor de 50.700 millones € (con un mínimo respaldo del 8% de capital mixto estatal y privado (4.800 millones de euros), lo que podría ser insuficiente para soportar posibles pérdidas y hará necesaria una nueva inyección de capital público, descartadas ya la ayudas de la banca privada.

Como paradigma de la imposibilidad de reflotar dichos bancos, estaría la entidad Bankia, quien tras su entrada en el Ibex 35, ha sufrido un penoso descenso a los infiernos bursátiles (caída del 51% en el Mercado Continuo e intervención dela CNMV para analizar la hecatombe) y el 28 de mayo culminará su segunda ampliación de capital poniendo en circulación un máximo de 11.094 millones de nuevas acciones valoradas en más de 15.500 milllones €. Los analistas auguran que muchos de los grandes inversores que ostentan acciones de títulos híbridos ( preferentes y deuda soberana), se deshagan de las acciones recibidas, por lo que no sería descartable la posibilidad de un descomunal fiasco que podría provocar su total hundimiento bursátil y posterior salida del Ibex 35, con lo que el Estado deberá inyectar de nuevo ingentes cantidades para evitar su desaparición, no siendo descartable que Rajoy se vea obligado a utilizar los 60.000 millones restantes del monto total de 100.000 millones de € destinados por Bruselas para dichas contingencias.

La tarea pendiente de la Banca: La reciente bajada de tipos de interés en el 2013 hasta el 0,5% y la continuación de la política de barra libre (LTRO) por el BCE, aliviará el endémico problema de liquidez de las entidades financieras e incrementará el beneficio de las mismas debido al diferencial entre lo que deben pagar para lograr liquidez del BCE (el 0,5%) y los intereses que marcan en la adquisición de deuda de Estado( cercanos al 5%), beneficios que no tendrán traslación a la economía real en forma de financiación del tejido productivo ( pymes y autónomos), sino que se destinarán a la refinanciación de las grandes empresas y los pagos de intereses de deudas contraídas.

Ello unido a la sustitución de la tradicional doctrina económica del equilibrio presupuestario del Estado por la del déficit endémico (práctica que por mimetismo  han adoptado  los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas), contribuirá a que el déficit público continúe desbocado y la prima de riesgo se mantenga en niveles cercanos a los 300 puntos, lo que unido a las sucesivas rebajas de la calificación de la Deuda del Estado podría incrementar las dificultades para obtener financiación exterior y estrechar aún más el maridaje financiero Estado Español- Banca Privada, quedando los elementos dinamizadores de la economía (autónomos y pymes) expuestos a la asfixia financiera que podría derivar en defunción por inanición económica.

Además, la aplicación de políticas de racionalización de servicios y optimización de resultados acelerará las previsibles fusiones de las cajas de ahorros más expuestas a los activos inmobiliarios y el cierre de incontables sucursales hasta dibujarse un escenario de cinco grandes cajas (operación que contaría con las bendiciones del Banco de España), no siendo descartable la continuación del proceso de fusiones bancarias hasta dibujarse un escenario con 6 grandes Bancos.

Finalmente, el Banco de España ha endurecido las condiciones para que la Banca realice re-financiaciones o re-estructuraciones de créditos . Se considerarán con carácter general que son riesgos sub-estándar, ( que tienen altas posibilidades de incurrir en impagos en el futuro). Si contamos con que en la actualidad , el 50% de las refinanciaciones ya estarían clasificadas como dudosas o sub-estándar, se deduce que las entidades financieras tendrán que destinar más provisiones para estos créditos (más de 10.000 millones de € según la agencia Fitch), lo que tendrá como efectos colaterales una posible constricción de sus ganancias y por ende del reparto de dividendos e impedirá que el crédito siga sin fluir con normalidad a unos tipos de interés reales a pymes y particulares.

El problema añadido de la deflación: Según el INE, la tasa interanual del IPC de abril sería del 1,4 % ( la más baja desde marzo del 2010), con lo que asistimos a una reducción del 1,3 % en el presente ejercicio ( del 2,7% al 1,4%) estimando el Gobierno que se pueda alcanzar el 1% a fines de Noviembre, con lo que podríamos asistir a escenarios de deflación en el horizonte del 2014. Por deflación se entiende “ la caída mantenida y generalizada de los precios de bienes y servicios durante un mínimo de dos semestres”, según el FMI y conjugada con una tasa de desempleo tan bestial como la española (27 % a finales del 2013), podría dar lugar a la aparición de un cóctel explosivo en la economía española de final incierto, ya que ambos elementos se retroalimentan.

Como causas, citaríamos el finiquito del consumismo compulsivo imperante en la pasada década, provocado por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores debido a los exiguos incrementos salariales, congelación o dramática reducción de los mismos ( entre enero y noviembre del 2012, el aumento salarial pactado en los convenios ha sido del 1,31% frente al 2,48% de 2011 con el agravante de una inflación del 2,9 % en noviembre), lo que  unido a la ausencia de la cultura del ahorro doméstico, ha provocado una severa contracción del consumo interno ( según el INE, la caída de la demanda interna en el 2012 sería del 1,4 % ) y la brutal caída de ingresos del Estado ha provocado un drástico recorte de inversión en Obras Públicas , medida que ha afectado especialmente a la construcción de nuevas Autopistas, Embalses, Colegios Públicos, Establecimientos Penitenciarios, Centros Sanitarios y futuras líneas del AVE .
Caso de que el crédito siga sin fluir con normalidad a unos tipos de interés reales a pymes , autónomos y particulares y no se aproveche la dilación en los plazos para reducir el déficit hasta el 2016 para neutralizar la destrucción de empleo, la economía española se vería abocada a un peligroso cóctel explosivo, el llamado D+D, cuyos ingredientes sería una deflación en los precios (que impedirá a las empresas conseguir beneficios a y los trabajadores incrementar sus sueldos) y unas tasas de paro estratosféricas (rondando el 27%), lo que podría derivar en una Década de estancamiento en la economía española , rememorando la Década perdida de la economía japonesa.